La disputa legal detrás de la ley SB4 que entró vigor en Texas y se aplicaría a miles de migrantes

A pesar de haber sido aprobada por Texas en 2023, la ley SB4 volvió a entrar en vigor el pasado 29 de mayo tras una nueva decisión judicial del Quinto Circuito. La norma reactivó el debate sobre hasta dónde pueden llegar las facultades del estado en materia migratoria, un ámbito tradicionalmente administrado por el gobierno federal.

Después de varios meses de litigios y medidas cautelares, algunas disposiciones de la SB4 comenzaron a aplicarse nuevamente tras decisiones recientes de tribunales de apelación, aunque el debate sobre su constitucionalidad sigue abierto.

La discusión legal gira en torno a una pregunta: si un estado puede asumir funciones relacionadas con el control migratorio cuando la Constitución y las leyes federales han otorgado históricamente esa responsabilidad a las autoridades nacionales.

“Este nuevo fallo le abre la puerta a las autoridades estatales y locales para realizar detenciones de individuos bajo la sospecha de que tienen presencia ilegal en EE.UU.”, explicó la abogada de inmigración Emily Benítez sobre la entrada en vigor de la SB4 durante una entrevista con Telemundo.

Según los demandantes, representados por organizaciones como ACLU de Texas y American Gateways, la normativa invade competencias exclusivas de Washington para determinar cómo se gestionan las entradas, permanencias y expulsiones de extranjeros. La legislación estatal, según detallaron, puede interferir con procesos federales ya existentes, como solicitudes de asilo u otros procedimientos migratorios que aún no han sido resueltos por las agencias nacionales competentes.

“Desde que la Corte de Apelaciones emitió su fallo, la SB4 está en vigor en su totalidad. Esta ley convierte a todos los jueces de Texas en jueces de inmigración", explicó Adriana Piñón, directora legal de ACLU Texas, a Telemundo. “Ahora las cortes estatales, no las federales, tienen el poder de ordenar la salida de una persona del país, incluso antes de una audiencia. Consideramos que esto es completamente inconstitucional”, señaló.

Por su parte, el gobierno texano defendió la SB4 tras afirmar que el estado tiene la obligación de responder a la situación en la frontera sur y sostuvo que la medida forma parte de sus facultades para proteger su territorio frente al aumento de cruces irregulares.

“La autoridad constitucional de Texas para defenderse y protegerse se sobrepone a cualquier estatuto federal que diga lo contrario”, declaró el gobernador Greg Abbott, según el documento judicial.

La normativa crea delitos estatales vinculados al ingreso y reingreso irregular al territorio texano. Además, habilita a las fuerzas de seguridad locales y estatales a detener personas sospechosas de haber cruzado la frontera sin autorización.

Según el texto legislativo, los jueces estatales pueden emitir órdenes para que determinadas personas abandonen el país norteamericano y regresen al lugar desde donde ingresaron. Esta atribución ha generado controversia debido a que las decisiones migratorias suelen ser competencia de tribunales y agencias federales.

La ley también establece sanciones para quienes incumplan órdenes de retorno. A su vez, contempla mecanismos de protección jurídica para funcionarios que participen en la aplicación de estas disposiciones dentro de los límites previstos por la norma.

La reactivación de partes de la SB4 generó inquietud en distintos sectores de la comunidad inmigrante. Entre las principales preocupaciones figura la posibilidad de que algunas detenciones se produzcan a partir de sospechas relacionadas con el origen, el idioma o características personales de los individuos.

“Aunque uno tenga o no tenga papeles, siempre andamos con el temor”, señaló Carlos Jiménez, residente de Houston, a Telemundo.

Las organizaciones de defensa de derechos civiles cuestionaron que los jueces estatales puedan intervenir en asuntos migratorios y advirtieron que el nuevo esquema podría derivar en decisiones paralelas al sistema federal actualmente vigente.

“Si un oficial de policía cree que usted ha entrado o vuelto a entrar al país ilegalmente, puede que le arresten y lleven ante un juez. El juez puede pedirle que acepte una deportación estatal", señaló ACLU en un comunicado. “Usted tiene derecho a aceptar o no aceptar la expulsión, y puede invocar su derecho a guardar silencio y solicitar que le asignen un abogado”, explicó.

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