Toma de posesión en USA: qué se sabe del plan de Trump de usar a la Guardia Nacional en las deportaciones masivas

Desde su campaña electoral, Donald Trump dejó en claro su intención de aplicar una política de inmigración más fuerte. Con un enfoque en la seguridad fronteriza, el republicano planea realizar deportaciones masivas y utilizar recursos militares, incluidos miembros de la Guardia Nacional, para respaldar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Para dirigir este plan, Trump designó a Tom Homan como su “zar de la frontera”. Homan, exdirector interino del ICE, es conocido por su postura firme en materia migratoria. Durante los últimos meses, ha insistido en que el uso de personal militar será clave para alcanzar los objetivos de deportación, aunque también reconoció limitaciones logísticas y presupuestarias que podrían afectar el alcance del programa.

La declaración de emergencia nacional y el papel del ejército en el plan de deportación masiva de Trump

El presidente electo adelantó que declarará una emergencia nacional para justificar el uso de recursos militares en las deportaciones. Este anuncio ha generado debate, ya que durante su primera administración, utilizó una estrategia similar para reasignar fondos destinados al muro fronterizo.

En esta ocasión, se planea que la Guardia Nacional desempeñe un rol de apoyo logístico en lugar de involucrarse directamente en la aplicación de la ley. Según declaraciones de Homan, las tropas se encargarán de tareas como transporte aéreo y terrestre, vigilancia e infraestructura. “Esto permitirá que más agentes de ICE estén en el terreno, donde realmente se necesitan”, explicó el zar de la frontera en una entrevista con Fox Business, en noviembre de 2024.

“Esperamos que el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) nos ayude con los vuelos aéreos, porque hay un número limitado de aviones con los que ICE tiene contratos, por lo que el DOD ciertamente puede ayudar con vuelos aéreos en todo el mundo”, agregó.

La Ley Posse Comitatus prohíbe el uso militar para aplicar leyes civiles

El despliegue de militares en funciones civiles ha generado preocupaciones legales, ya que la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe a las fuerzas armadas participar en la aplicación de la ley dentro del territorio estadounidense, salvo excepciones autorizadas por el Congreso.

En este contexto, los planes de Trump para utilizar la Guardia Nacional podrían enfrentar desafíos judiciales. Aunque esta fuerza es gestionada por los estados, puede ser federalizada en situaciones de emergencia. Sin embargo, cualquier acción que cruce los límites legales establecidos podría ser impugnada.

De acuerdo con la Asociación Republicana de Gobernadores (RGA, por sus siglas en inglés), 26 gobernadores republicanos expresaron su respaldo a las iniciativas de Trump, en el cual se comprometieron a utilizar recursos estatales, incluidas las policías locales y la Guardia Nacional, para reforzar la seguridad fronteriza y colaborar en las deportaciones. Líderes de estados clave, como Texas, Florida y Georgia, han firmado una declaración conjunta en apoyo del presidente electo.

Planificación y desafíos logísticos en las fronteras estadounidenses

El Comando Norte de Estados Unidos trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para coordinar las operaciones necesarias. Según detallan en su sitio web, hasta 4000 efectivos de la Guardia Nacional estarían disponibles para apoyar las tareas asignadas.

Las operaciones incluirán:

• Detección y monitoreo: uso de tecnología y vigilancia aérea para rastrear actividades ilegales en la frontera.
• Transporte: movilización de personas detenidas desde centros de detención hasta puntos de deportación.
• Logística: provisión de infraestructura y recursos para las operaciones de seguridad.

A medida que se acerca la fecha de asunción de Trump, persisten preguntas sobre cómo se ejecutará este ambicioso plan y si cumplirá con los desafíos legales que enfrenta. Mientras algunos celebran su enfoque agresivo hacia la inmigración, otros advierten que podría exacerbar tensiones sociales y violar principios constitucionales.

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