Un año mortífero: las razones detrás de la ola de asesinatos de periodistas en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el asesinato a tiros de un camarógrafo y un director de cámaras en el estado de Veracruz, esta semana, ya asciende a 11 el número de periodistas asesinados en México en lo que va del año. Incluso más que en Ucrania (siete casos, además de otros que fallecieron en ataques cuando no desempeñaban su labor), donde hay infinidad de corresponsales de todo el mundo cubriendo una guerra.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Pero el auge de asesinatos de 2022 va camino a triplicar el total del año pasado, y muchos se preguntan qué cambió y no encuentran explicación para esta verdadera pandemia de violencia contra periodistas, editores y fotógrafos de prensa.

El lunes por la noche, Sheila Johana García Olivera y Yesenia Mollinedo Falconi, del sitio de noticias online El Veraz, fueron baleadas mientras esperaban en su vehículo frente a un autoservicio. Ninguna de las dos sobrevivió. El hermano de Mollinedo Falconi contó que la periodista había recibido amenazas por su trabajo.

Pero del repaso detallado de los asesinatos de este año se desprende que el pico de violencia contra la prensa no responde a una sola razón. No hay una única organización criminal o un brazo del gobierno detrás de esas muertes. Por el contrario, esas muertes son una manifestación de las amenazas de todo tipo que enfrenta diariamente el periodismo mexicano, y de la impunidad que hace que los asesinos actúen sin temor a las consecuencias.

Los comunicadores asesinados compartían algunas características que los ponían en riesgo. Muchos trabajaban para medios pequeños, independientes, en general sitios online, algunos de los cuales publicaban solo en Facebook, y por lo tanto carecían de apoyo profesional o protección de su seguridad física. Algunos dependían de otras fuentes de ingresos y trabajaban como taxista o delivery para llegar a fin de mes.

Y es muy difícil determinar la causa exacta detrás de cada muerte. “En gran medida, la gran responsable es la impunidad”, dijo Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos y Población, a fines de 2020, cuando se supo que solo el 5% de los homicidios cometidos desde que asumió Andrés Manuel López Obrador habían terminado en sentencia.

Desde entonces, han sido asesinados 19 periodistas más. El gobierno dice haber abierto investigaciones en cada uno de esos casos, pero la información suele ser escasa y, a muchas veces no se la comunican a los colegas o familiares de las víctimas. Si algunas investigaciones siguen en marcha, se debe exclusivamente a la presión de familiares y organismos civiles.

Pero la información que sí existe y que puede revelar algunas pistas válidas es la investigación o cobertura que estaban haciendo esos periodistas al momento de su muerte, y las amenazas que recibieron previamente.

Está el caso, por ejemplo, de Alfonso Margarito Martínez Esquivel, de 49 años, un fotógrafo de policiales de la ciudad de Tijuana que trabajaba de manera independiente para medios de comunicación mexicanos e internacionales. El periodista gráfico fue asesinado a tiros frente a su casa el 17 de enero. Había recibido repetidas amenazas.

En diciembre, Martínez Esquivel había sido acusado falsamente de administrar una página de Facebook que publicaba información sobre organizaciones delictivas. Buscó protección de las autoridades estatales y federales, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Pocas semanas después, fue emboscado y baleado a plena luz del día en su automóvil frente a su casa. La policía inicialmente informó que su muerte fue resultado de una pelea de borrachos entre vecinos, pero los investigadores finalmente descubrieron que su asesinato había sido ordenado por el líder de un cartel local, que pensaba que la actividad del periodista dañaba a su organización. El parecer, habría pagado 2000 a sus sicarios por la vida del periodista.

María Guadalupe Lourdes Maldonado López, de 67 años, también trabajaba en Tijuana. La periodista cubría política y actualidad para su programa de radio online, y era conocida principalmente por su estilo confrontativo con los entrevistados. En 2019, Maldonado López se presentó en la conferencia de prensa diaria de López Obrador para pedir su ayuda en su demanda por despido injustificado contra la empresa Primer Sistema de Noticias, un medio de comunicación propiedad del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. Allí, aseguró temer por su vida.

Maldonado López fue puesta bajo un programa de protección estatal, con rondas policiales que pasaban por su casa dos o tres veces al día. Para enero de 2022, el tribunal falló a favor de su demanda y determinó que le debían 25.000 dólares. Como el pago no llegaba, el tribunal la nombró albacea de la empresa, y en un video publicado en YouTube, la periodista dijo que expondría el incumplimiento de las leyes laborales por parte de la empresa.

Pocas semanas después, el 23 de enero, la balearon frente a su casa. Bonilla ha negado su participación en el crimen.

Armando Linares López, fundador del Monitor de Michoacán, fue asesinado a tiros en su casa y frente a su familia el 15 de marzo. Su muerte ocurrió a menos de dos meses del asesinato de su colega de trabajo Roberto Toledo Barrera.

Linares ya había expresado que él y Toledo habían recibido amenazas de muerte de miembros de grupos del crimen organizado, que les exigían que dejaran de publicar informes sobre la corrupción de los funcionarios municipales y estatales.

Sin opciones

Otros casos revelan las líneas borrosas entre el periodismo y el gobierno, y que algunos periodistas en realidad son operadores de prensa de los políticos. Muchos periodistas dicen que no tienen otra opción: en México, el salario promedio en los medios de comunicación es de 200 a 300 dólares mensuales, según la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación.

Jorge Camero Zazueta, de 28 años, trabajaba como secretario personal del alcalde de Empalme, Sonora, y al mismo tiempo dirigía El Informativo, una página de noticias de Facebook enfocada en temas de seguridad. Fue asesinado el 24 de febrero. Las autoridades dicen que su muerte no está relacionada con su labor periodística.

Unas semanas antes de su muerte, Camero renunció a la oficina del alcalde cuando se supo que su jefe estaba siendo investigado por vínculos con un cártel de las drogas.

En Tijuana, uno de los protegidos del fallecido Martínez Esquivel toma la posta de su mentor y sigue con su tarea: fotografiar el delito en la ciudad cuando oscurece. Se llama Arturo Rosales.

Rosales también ha recibido amenazas y a veces se pregunta si no correrá la misma suerte de su mentor. “Pero no pienso dejar de hacer esto”, dice. “Este trabajo es importante”.

Alejandra Ibarra Chaoul y Kevin Sieff

The Washington Post

Traducción de Jaime Arrambide

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