Actualización de green card con los 5 factores que el Uscis revisará desde el 18 de septiembre para decidir una residencia

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió una actualización sobre la inadmisibilidad por carga pública para solicitudes de residencia. Esta guía determinará, en base a ciertos factores, si el extranjero cuenta con autosuficiencia económica para recibir ese beneficio migratorio.

La ley federal exige que los oficiales analicen cinco factores obligatorios en cada trámite de ajuste de estatus. De acuerdo con una guía actualizada del Uscis, los funcionarios decidirán cada caso según estos aspectos:

• La edad del solicitante: analizarán los años del extranjero para determinar su capacidad de inserción en el mercado laboral inmediato.
• El estado de salud: la evaluación médica indicará si el aspirante padece condiciones graves que requieran gastos médicos constantes a cargo del erario público.
• El estado familiar: la composición del hogar aportará información sobre el número de dependientes bajo la responsabilidad del candidato a la residencia.
• Los activos y la situación financiera: la revisión de cuentas bancarias, propiedades e ingresos anuales demostrará si la persona posee sustento económico suficiente.
• La educación y las destrezas: el nivel de estudios y las habilidades técnicas del solicitante determinarán su potencial para conseguir un empleo de forma regular.

La normativa responde a la directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que anula las reglas de la administración Biden de 2022. El nuevo reglamento fue publicado en el Registro Federal el pasado 20 de julio de 2026 y entrará en vigor este 18 de septiembre.

La fecha límite del 18 de septiembre marca una transición importante en el análisis de las ayudas gubernamentales que recibe el inmigrante. Para los beneficios obtenidos antes de este límite, el departamento únicamente considerará la asistencia en efectivo y la institucionalización médica de largo plazo.

Por el contrario, los oficiales examinarán cualquier tipo de subsidio público a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma. La lista de ayudas bajo escrutinio incluye cupones de alimentos, subsidios de vivienda, ayuda financiera para educación superior y asistencia monetaria directa.

Desde la fecha estipulada, los evaluadores tendrán la atribución de sugerir una fianza por carga pública si el aspirante resulta inadmisible únicamente por este motivo financiero. Este depósito funciona como una garantía económica para asegurar que el extranjero no dependerá de los fondos del estado.

El solicitante presentará el Formulario I-945 para registrar esta fianza tras recibir una invitación formal de la oficina de inmigración. El monto de este seguro depende del cálculo de la asistencia que el individuo recibiría durante los siguientes cinco años.

La legislación federal establece además excepciones para proteger a los grupos más vulnerables de este análisis económico de admisibilidad. La lista de personas exentas abarca de forma directa a los refugiados, los asilados y las víctimas de violencia de género, entre otros.

Los nuevos lineamientos aplicarán a todas las solicitudes de ajuste de estatus que los usuarios remitan a partir del 18 de septiembre.