El Uscis aplicará la regla de carga pública para miles de migrantes que buscan la green card en septiembre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) pondrá en marcha el próximo 18 de septiembre una nueva regla sobre carga pública que alcanzará a miles de inmigrantes que tramitan la green card dentro de Estados Unidos mediante el ajuste de estatus. También se aplicará a determinadas personas que soliciten su admisión al país norteamericano a partir de esa fecha.

Uno de los principales cambios será el margen de análisis que tendrán los funcionarios migratorios. El Uscis podrá determinar, al considerar la totalidad de las circunstancias, si un solicitante tiene posibilidades de depender de asistencia pública en el futuro.

Para ello deberá revisar factores como la edad, estado de salud, situación familiar, recursos económicos, educación y capacidades laborales. De acuerdo con la información oficial, también se amplía el conjunto de beneficios públicos que pueden formar parte de la evaluación.

Mientras la regla anterior se concentraba en determinadas ayudas económicas y en la institucionalización médica de largo plazo financiada por el gobierno, desde el 18 de septiembre podrán considerarse programas sujetos a comprobación de recursos. Entre ellos figuran:

• Medicaid
• El Programa de Seguro Médico para Niños
• SNAP
• El programa de nutrición WIC
• La asistencia federal para alquiler o vivienda

Sin embargo, recibir uno de estos beneficios no significa automáticamente que la solicitud de residencia será rechazada. El funcionario deberá valorar circunstancias como el monto, la duración y la proximidad temporal del beneficio.

De acuerdo con lo publicado en el Registro Federal, el gobierno calcula que alrededor de 587.000 solicitantes de ajuste de estatus por año estarán sujetos a la evaluación de carga pública. También estima que cerca de 1,3 millones de personas podrían evitar o abandonar programas de asistencia por temor a consecuencias migratorias, incluidos integrantes de hogares donde conviven personas con distintos estatus.

El momento en que se utilizaron los beneficios será relevante. El uso de SNAP o Medicaid antes del 18 de septiembre, en términos generales, no será considerado bajo la nueva regla y la cobertura utilizada exclusivamente para emergencias tampoco será contabilizada.

Después de la entrada en vigor, la solicitud, aprobación o recepción de SNAP y de Medicaid que no corresponda exclusivamente a emergencias podrá integrar el análisis. Un período limitado de asistencia, por ejemplo, ante una pérdida temporal de empleo o una situación puntual, podría tener un peso diferente al de una dependencia prolongada.

Los beneficios recibidos por familiares tampoco se atribuyen automáticamente al solicitante, lo que incluye a hijos ciudadanos estadounidenses. El Uscis solo podrá considerar la asistencia de un integrante del hogar en situaciones específicas, como cuando esos beneficios constituyen la fuente de sustento o cuando existe una obligación legal de mantener al familiar y sus ingresos fueron utilizados para determinar su elegibilidad.

Los solicitantes podrán aportar documentación destinada a mostrar sus ingresos, patrimonio, preparación profesional y capacidad para mantenerse económicamente. Entre los documentos útiles se encuentran:

• Declaraciones de impuestos
• Formularios W-2
• Comprobantes de salario
• Transcripciones tributarias
• Historial laboral y ofertas de empleo futuras con información sobre el puesto y la remuneración

También pueden presentarse estados de cuentas de inversión, fondos de jubilación, ahorros, propiedades y otros activos. Las pruebas de apoyo económico familiar continuo, cuando correspondan, pueden servir para mostrar recursos disponibles para cubrir gastos.

La formación y las habilidades laborales también forman parte del análisis. Títulos académicos, certificaciones profesionales, licencias, capacitación laboral, cartas de recomendación y documentación sobre experiencia profesional pueden aportar información sobre la capacidad de incorporarse al mercado laboral.

La cobertura médica constituye otro elemento que puede ser documentado. Una póliza de seguro privado puede demostrar que el solicitante dispone de recursos para afrontar gastos sanitarios.

El formulario I-693, correspondiente al examen médico de inmigración y registro de vacunación, también integra la información vinculada con el factor de salud.

Por su parte, los informes y puntajes de crédito pueden aportar información sobre el historial financiero, las deudas y el cumplimiento de obligaciones económicas. A esto se suma el formulario I-864, la declaración de apoyo económico que corresponde a la mayoría de las solicitudes familiares y que debe estar acompañada por documentación financiera del patrocinador y, cuando sea necesario, del copatrocinador.

Además, quienes hayan recibido beneficios podrán presentar información que demuestre su desvinculación de esos programas, como notificaciones de cancelación o retiro voluntario. El análisis final dependerá del conjunto de circunstancias del caso y no de un único documento o beneficio.