Asylum seekers law: la nueva norma que habilita el paso directo de migrantes a un tribunal de deportación

La administración de Donald Trump puso en vigor una nueva regla federal el martes 28 de julio. La medida permite derivar directamente a jueces migratorios hasta 444.724 solicitudes de asilo pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El cambio busca reducir en casi un tercio los 1,4 millones de expedientes acumulados en la agencia.

Hasta ahora, las personas que ingresaron legalmente al país norteamericano o nunca fueron acusadas de cometer una infracción migratoria podían presentar su petición ante un oficial de asilo capacitado.

Si rechazaba el pedido, el funcionario tenía la posibilidad de remitirlo a una corte para iniciar un procedimiento de expulsión. El funcionario también podía permitir la continuidad del trámite, informó The Washington Post.

Con el nuevo mecanismo, una parte de esos expedientes podrá pasar directamente a los magistrados migratorios del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

La disposición entró en vigor antes de que el público pudiera pronunciarse. El Uscis aceptará comentarios y luego publicará una versión final con sus respuestas.

Los más de 400 mil casos que podrían enviarse a procedimientos de deportación corresponden principalmente a personas que solicitaron refugio después de permanecer más de un año en Estados Unidos.

La legislación federal establece que el pedido debe presentarse dentro de los 12 meses posteriores a la llegada.

Los funcionarios sostienen que la mayoría de quienes superaron ese plazo y fueron remitidos a jueces durante los últimos años no reunían las condiciones necesarias para obtener una excepción.

Para acceder al asilo, el solicitante debe demostrar que enfrenta persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política u otra característica que lo convierta en un objetivo específico. También necesita aprobar controles de antecedentes.

Los defensores de los inmigrantes argumentan que las personas que escapan de amenazas contra sus vidas pueden desconocer los plazos y las particularidades de la legislación estadounidense. Además, las cortes migratorias no les asignan defensores públicos.

Los funcionarios de la administración Trump afirmaron que la medida es necesaria porque, según su diagnóstico, el sistema de asilo atraviesa una “crisis”. Además, sostuvieron que las redes de tráfico de migrantes alentaron la presentación de solicitudes con pocas posibilidades de prosperar, con el objetivo de que los extranjeros pudieran vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras sus casos seguían pendientes.

El director de Uscis, Joseph B. Edlow, señaló que durante demasiado tiempo el mecanismo fue utilizado con fines de “demora y autorización de empleo” en lugar de responder a pedidos legítimos de protección.

El funcionario afirmó que el cambio permitirá destinar los recursos a resolver esas peticiones de manera oportuna.

La Casa Blanca también otorgó a los jueces la facultad de desestimar determinados expedientes sin celebrar una audiencia.

Abogados migratorios advirtieron que esta posibilidad podría provocar expulsiones sin que las personas tengan la oportunidad de presentar sus argumentos.

Estados Unidos integra el Protocolo de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. El acuerdo prohíbe que los países firmantes expulsen a extranjeros hacia territorios donde enfrentan amenazas graves contra sus vidas.

Ira Kurzban, uno de los abogados que representó a ciudadanos haitianos en un caso ante la Corte Suprema, sostuvo ante The Washington Post que la modificación forma parte de un plan para convertir a personas con estatus legal en indocumentadas. Desde una perspectiva general, consideró que el mecanismo se asemeja a una “máquina de deportación”.