Ciudadanía estadounidense bajo revisión: el gobierno busca desnaturalizar a decenas de inmigrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó demandas civiles para revocar la naturalización de 40 ciudadanos de EE.UU. entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026. Los casos involucran acusaciones de delitos graves y presuntas irregularidades cometidas antes o durante los procesos mediante los cuales esas personas obtuvieron la ciudadanía.

• De acuerdo con un comunicado del DOJ, las demandas fueron presentadas en tribunales federales de distintos estados.
• Entre los motivos mencionados, figuran actuar como agente de un gobierno extranjero, homicidio voluntario, delitos sexuales, fraude migratorio, uso de identidades falsas y ocultamiento de información relevante durante el proceso de naturalización.

El organismo sostiene que las personas incluidas en las demandas obtuvieron la ciudadanía de manera ilegal o mediante el ocultamiento de hechos materiales o tergiversaciones deliberadas.

Las acusaciones, sin embargo, son alegaciones y todavía no existe una determinación judicial de responsabilidad en estos casos.

Uno de los expedientes corresponde a Jinchao Wei, un exmarinero de la Armada estadounidense nacido en China. El Departamento de Justicia sostiene que ocultó su actividad de espionaje durante el proceso mediante el cual obtuvo la ciudadanía en mayo de 2022.

Wei fue condenado en agosto de 2025 por delitos que incluyeron conspiración para cometer espionaje, espionaje y exportación ilegal de información técnica relacionada con artículos de defensa.

En enero de 2026 recibió una pena de 200 meses de prisión, equivalentes a 16 años y ocho meses.

Otro de los casos corresponde a Norma Patricia Esparza, de origen mexicano. El gobierno presentó una demanda en California y sostiene que cometió homicidio voluntario antes de naturalizarse y que ocultó esa información durante su proceso de ciudadanía.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) permite revocar una naturalización cuando fue obtenida ilegalmente o mediante el ocultamiento de un hecho material o una tergiversación deliberada durante el proceso. La legislación establece un procedimiento judicial para estos casos.

Por eso, una condena penal no implica por sí sola la pérdida automática de la ciudadanía. En estas acciones civiles, el gobierno debe acudir a un tribunal federal, que debe determinar si existen fundamentos legales para revocar la naturalización.

El procedimiento puede aplicarse cuando una persona utilizó una identidad falsa, ocultó antecedentes o proporcionó información incorrecta que resultaba relevante para determinar si cumplía los requisitos para convertirse en ciudadano estadounidense.

Las nuevas acciones forman parte de un aumento de las demandas de desnaturalización impulsadas por el Departamento de Justicia durante la segunda administración de Donald Trump.

En agosto, el DOJ informó que había presentado 123 demandas civiles de desnaturalización desde el 20 de enero de 2025, una cifra que la propia dependencia calificó como la mayor registrada hasta ese momento.

En los meses anteriores también había anunciado otros grupos de demandas contra personas naturalizadas acusadas de delitos o de haber ocultado información durante sus procesos migratorios.

En el comunicado de octubre, el fiscal general Todd Blanche afirmó que el Departamento de Justicia continuará utilizando el proceso de desnaturalización para proteger la seguridad nacional y a la población estadounidense.

Las 40 personas incluidas en las nuevas acciones son originarias de distintos países, entre ellos México, China, Irán, Pakistán y Filipinas. Las demandas fueron presentadas en tribunales federales de varios estados y del Distrito de Columbia.