Operativo criminal, no migratorio: cancelan la visa a 27 trabajadores de cruceros en EE.UU.

Autoridades federales de Estados Unidos realizaron inspecciones en ocho cruceros que llegaron al puerto de San Diego, California, con el objetivo de combatir la explotación sexual infantil. El operativo, desarrollado entre el 23 y el 27 de abril de 2026 por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés ), culminó con la cancelación de las visas de trabajo de 27 tripulantes.

Cancelación de las visas de trabajo de 27 empleados de cruceros

Según la agencia federal, los empleados quedaron señalados por presunta posesión, distribución, transporte o visualización de material de abuso sexual de menores. Los agentes interrogaron a 28 personas en total durante la intervención.

La CBP informó que los tripulantes sancionados son 26 personas originarias de Filipinas, una de Portugal y una de Indonesia. Tras la revocación inmediata de sus permisos de ingreso, los trabajadores fueron enviados de regreso a sus naciones de origen.

La agencia aclaró que el proceso administrativo de cancelación de una visa migratoria no requiere la presentación de cargos criminales dentro del territorio estadounidense. Entre las empresas afectadas figuró Disney Cruise Line, que confirmó su cooperación con los agentes federales y aseguró que los empleados investigados dejaron de prestar servicios para la compañía. La firma reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que afecte la seguridad de los menores de edad.

Arrestos a bordo de los cruceros

El desarrollo del operativo generó diversas dudas sobre el protocolo de las fuerzas de seguridad. Pasajeros que presenciaron las inspecciones relataron ante medios locales que vieron a varios tripulantes mientras los agentes los retiraban de las embarcaciones con esposas. Pese a la magnitud de los hechos, las autoridades no informaron sobre la identificación de víctimas específicas a bordo de los barcos ni detallaron los criterios exactos utilizados para seleccionar las naves inspeccionadas.

Ante la falta de precisión, organizaciones defensoras de derechos laborales y civiles expresaron su preocupación por el procedimiento. Benjamin Prado, integrante de la organización Unión del Barrio, declaró a AP que el grupo busca conocer “qué tipo de monitoreo o vigilancia” existió antes de las detenciones y si los trabajadores recibieron las garantías necesarias durante el proceso administrativo.

Crece la vigilancia sobre los cruceros

Diversas agrupaciones comunitarias en San Diego, citadas por KPBS y The Maritime Executive, exigieron explicaciones públicas sobre la detención y el posterior traslado de los involucrados. Los activistas solicitaron acceso a información puntual sobre la representación legal de los tripulantes, el contacto con sus consulados correspondientes y las condiciones reales bajo las cuales ocurrió su detención previa a la expulsión.

Este caso sucede en un contexto de mayor vigilancia sobre la industria de cruceros, que enfrenta un escrutinio creciente tras incidentes previos vinculados al hallazgo de material ilegal en dispositivos electrónicos de empleados. Las autoridades mantienen hermetismo sobre futuras acciones relacionadas con esta investigación federal en curso sobre la seguridad a bordo de estas embarcaciones internacionales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA

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