Aptos médicos: entre la invasión a la privacidad y la burocracia

Desde hace alrededor de un año logré convertir el gimnasio en una rutina. Bien por mí. Pero resulta que hace un mes, justo para Navidad, me pidieron el apto médico que yo, asumiendo la responsabilidad del cuidado de mi salud, no había presentado nunca y que tampoco me habían reclamado. Me dijeron que estaban poniendo todo en regla, instalaron un lector de huella digital para permitir el acceso a los socios aptos y supuestamente pusieron cámaras de seguridad que nos vigilan a todos. Hasta que no traigas el apto médico no vas a poder venir. ¿Pero me van a descontar los días en la cuota mensual? No, eso no cambia. ¿Y cómo es? ¿Pago y no puedo venir? Es que si te dejamos pasar nos ponés en un compromiso a nosotros.

Odio ir al médico. Voy cuando ya no me queda opción. Llamé a varios clínicos de la obra social pero todos me daban turno para mediados de enero. Y era Navidad y Año Nuevo, ¿cómo iba a deshacerme de todo el pan dulce de las fiestas? Además, me imaginé que el médico me mandaría a hacer varios estudios para hacer un certificado exhaustivo, como corresponde, y que al final, por culpa del apto, iba a terminar todo el verano sin pisar el gimnasio. Volví y hablé con la chica de la recepción que me dijo que -la salvación- en las sucursales con pileta la cadena tiene un médico que te hace el certificado, que se cobra aparte de la cuota y que sale $ 400.

Hay que desnaturalizar los hechos que se dan por sentado. Desactivar el pensamiento automático e ir hasta el fondo de lo que nos preocupa o molesta. Busqué la ley de los aptos físicos en internet. No es una ley nacional, sino local. Se trata de la ley número 5397 de 2015 -la versión nueva de la 139 aprobada en 1999- denominada Gimnasios en la que, entre otras disposiciones, establece que es obligatorio que el gimnasio exija un certificado de aptitud física que debe contener los resultados de los estudios electrocardiográficos expedido por un médico especialista. Desactivé y ahí tuve una revelación. ¿Y si yo no quiero que ni el gimnasio ni el Estado se entrometan en mi estado de salud? ¿Qué les importa a ellos? Si yo pago la cuota todos los meses, ¿quiénes son el gimnasio y el Estado para obligarme a demostrar que estoy en condiciones de hacer ejercicio cuando se trata de una acción privada y comercial? Entonces pensé que tenía que haber una forma de evitar las formalidades como, por ejemplo, firmar un papel que dijera que por voluntad propia una se hace cargo de su salud y que, en todo caso, si me pasara algo haciendo ejercicio la responsabilidad va por mi cuenta. Así desligaría al gimnasio de cualquier responsabilidad civil y no me obligarían a someterme a los cuidados paternalistas que el Estado asume respecto de los ciudadanos a los que pareciera considerar unos cabeza hueca.

Hablé con el doctor Sergio Mohadeb, el abogado detrás de la cuenta de Twitter Derecho en zapatillas -@dzapatillas- para entender mejor el asunto y para preguntarle sobre la posibilidad de presentar el escrito firmado con aclaración y DNI. Me dijo que no, que la ley no contempla esa opción, que el apto es obligatorio. “No existe la posibilidad de desligar al gimnasio y declarar que uno se hace responsable libremente de su propia salud. Pareciera invasivo, sin embargo, al ser una actividad comercial se justifica que haya cierta regulación”, agregó. Busqué otros puntos de vista. Fernando Sasiain, abogado y socio del estudio Fargosi, Klein & Sasiain, me confirmó lo que ya sabía: “En este caso, hay una voluntad de parte del poder legislativo de supuestamente cuidar la salud de las personas. Debido a que los gimnasios son las entidades intermediarias, son ellos los que deben exigir el apto médico”.

¿Alcanza con un electrocardiograma?

Así que un electrocardiograma alcanzaría para saber que, al margen de las tragedias eventuales que no se pueden evitar, no nos vamos a morir corriendo en la cinta. ¿Pero es tan así? Si la ley obliga a presentar un apto físico debería solicitarlo con un chequeo anual exhaustivo que cubra todos los aspectos de la salud. ¿Alcanza sólo con un electrocardiograma? Desde el Hospital Alemán, el doctor Hugo Catalano, Jefe del Servicio de Clínica Médica de la institución asegura que “un electrocardiograma de reposo en una persona sana con una probabilidad muy baja de enfermedad cardíaca, no tiene precisión para confirmar ni para descartar enfermedad y la expone a falsos positivos, es decir, a complicarle la vida y preocuparla. Pero lo más grave de estas situaciones es que ningún estudio debe solicitarse sin una completa consulta médica que incluye registrar antecedentes heredofamiliares, personales y un examen físico; después de lo cual el médico debe acordar, con una persona adecuadamente informada, si es necesario o no hacer estudios complementarios”. Entonces, ¿a quién protege, en realidad, la ley Gimnasios? A ellos, a los gimnasios que con un papel firmado por un médico con matrícula se liberan de toda clase de responsabilidad civil sobre lo que pueda suceder con sus socios mientras se ejercitan y de esta manera se evitan juicios y demandas. Desde Megatlon aseguran lo contrario: “la ley protege a las personas”, dice el doctor Gustavo Saccher, director médico de la red de gimnasios, “la empresa ofrece la posibilidad de realizar los aptos en las sedes que cuentan con un consultorio médico habilitado. El apto médico es un servicio opcional y se abona aparte”, agrega.

En Google una multitud de cientos de instituciones ofrecen también aptos médicos que cuestan entre $ 400 y $ 500. El asunto, entonces, parece haberse convertido en un mero formalismo comercial para cumplir con la ley y ya. “El apto médico consiste en el interrogatorio de los antecedentes familiares y personales, un examen físico, la toma de la presión arterial y la realización de un electrocardiograma”, señala el doctor Alejandro Deviggiano, Coordinador del Departamento de Estudios Cardiovasculares no Invasivos de Diagnóstico Maipú. No lo digo yo ni tampoco la ley 5397, lo aseguran los médicos.

Fui a por más porque es como si en el futuro para ir a comer a un restaurante te pidieran un certificado que especifique qué alimentos no dañan tu salud y no te dejaran pedir lo que se te antoja. Me indigné después de haber consultado el asunto en Facebook cuando leí que a todos les parecía fantástico que el Estado se meta en tu vida privada y te exija que vayas al médico. “Es un tema de salud pública, no se puede ser tan individualista, te obliga a hacerte un chequeo que sino no lo hacés, es un bien para vos, hay que cumplir con la ley”, fueron algunos de los argumentos.

Supongamos que el Estado realmente quiere cuidar a las personas y que, además, en los gimnasios estuvieran sucediendo cientos de accidentes todos los días que se terminaran por llevar gran parte del presupuesto de salud pública. En ese caso, ¿no se debería exigir un certificado mucho más exhaustivo que un mero electrocardiograma? Al final, me rendí y decidí hacer la fácil: pagar los $ 400 del apto que vende el gimnasio. Llegué y, después de pagar, me dieron un formulario con preguntas: ¿tiene un soplo cardíaco? ¿toma medicación? ¿sufre de alguna enfermedad preexistente? Nadie me miró mientras dibujaba cruces en los casilleros del NO. Después esperé frente a la puerta de una salita para que el médico me hiciera el electrocardiograma. El consultorio era una mesa vacía, una silla, una camilla, el equipo para el electro, un inexplicable balde azul y una ventana mínima cerca del techo. Estoy segura de que el doctor ni siquiera levantó la mirada para saludarme, sólo me ordenó acostarme en la camilla y me puso un par de ventosas por debajo del pecho para registrar mi frecuencia cardíaca supongo. En total, habré estado ahí adentro unos tres minutos y me fui con el apto firmado festejando lo sana que parecía estar. Llevé el certificado al gimnasio y antes de Año Nuevo volví a la rutina aliviada. La verdad es que me sentí una hipócrita sosteniendo un sistema diseñado sólo para cumplir con la ley y proteger así los intereses de la empresa a la que no sólo le pago para usar sus instalaciones, sino que también me vende un certificado de salud de dudosa condición.

¿Es anticonstitucional la ley Gimnasios?

El artículo 19 de la Constitución Nacional dice que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”. ¿Alcanza dicho artículo para impugnar la ley? Lamentablemente no. Así me lo explicó el doctor Fernando Sasiain: “Un gobierno republicano a través de sus poderes ejecutivo y legislativo tiene la potestad de reglamentar los derechos de los ciudadanos. Un apto médico, al igual que, por ejemplo, las obligaciones de tránsito, caen bajo esa potestad que es legítima y que no podría ser desvirtuada citando el artículo 19 de la Constitución. Se puede estar de acuerdo o no con el criterio aplicado, se puede cuestionar si una medida es más o menos paternalista o invade la esfera íntima, pero en este caso, cae sobre la potestad reglamentaria y, por ende, es completamente legítima”.

Por Cecilia Acuña

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