Gasto político, asunto público

Mientras que el papel de las instituciones no está en duda, sí parecen estar en el banquillo de los acusados del sentimiento popular los que trabajan en ellas desde la política. Es claro que no todos los funcionarios son iguales. Pero algunas actuaciones, y sobre todo el irritante término discrecionalidad (utilizar los fondos sin rendir cuentas ni dar explicaciones), hacen que reine la desconfianza hacia los que gobiernan la cosa pública.

De las entrevistas realizadas a quienes estudiaron el tema, surgen las siguientes respuestas:

Lía Méndez, diputada por el Partido humanista.

El 8 de septiembre último, Méndez presentó el proyecto de ley de equiparación de dietas y salarios. Esta ley promueve igualar las dietas de los legisladores al sueldo promedio de la administración pública, que no debería ser menor al valor de la canasta familiar de $ 1020, según Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

Hasta tanto sea aprobada la ley, los legisladores humanistas donarán la parte de sus sueldos que exceda este monto. De este modo, desde agosto de 2000, la diputada y sus colaboradores destinan el 80% de su dieta a cubrir necesidades de escuelas y hospitales. "Hoy se necesitan gestos que devuelvan la credibilidad a nuestro pueblo", explica.

Armando Caro Figueroa (partido Acción por la República, vicejefe del gabinete de ministros).

Reconoce que hay una suerte de clamor popular justificado para bajar el gasto político: "Se habla mucho de los gastos del poder legislativo. Esos son los que están mejor medidos. Pero también hay otro tipo de gastos políticos sobre los que se pueden tomar medidas legislativas con sólo un acuerdo de los líderes partidarios". Y enumera: -En cuanto al funcionamiento de los poderes legislativos de todo el país (el Congreso Nacional, con sus pensiones graciables; legislaturas provinciales; municipios, etcétera): "el gasto se puede reducir de 2600 millones, que cuesta el poder legislativo en la Argentina, a 1200 millones. Una parte del gasto político es imprescindible -la democracia necesita un parlamento-, pero hay otra sin control. Con la mitad de lo que se gasta actualmente se podría legislar sin que caiga la calidad legislativa y hasta se podría aumentar".

-En el Poder Ejecutivo hay otra fuente de gasto político por la cantidad de funcionarios que discrecionalmente se designan cada vez que hay un cambio de gobierno."En otros países, cuando un gobierno cambia, lo hacen únicamente los funcionarios políticos. Pero aquí los que ganan partidizan también el funcionamiento de la administración pública. Allí no puede haber discrecionalidad ni manejo político, sino que debe haber estabilidad y un criterio de eficiencia o productividad, no de amigos o afinidades electorales."

-Propone analizar el gasto social para ver si está puesto al servicio de las estrategias electorales de los partidos, tanto en los municipios como en las provincias y en la Nación. "A este gasto hay que quitarle ese componente discrecional. Quizá la parte más nociva del gasto político sea éste."

-Otro componente del gasto público es lo que cuesta financiar las jubilaciones de privilegio de toda la clase política. "Creemos que hay que derogarlas."

Carlos Alfredo Rodríguez, rector de la Universidad del CEMA

Su propuesta trata, según sus palabras, de beneficiar a los desempleados y aumentar la inversión. "De esta manera habrá una reactivación y se romperá el círculo vicioso de impuestos que no recaudan y altas tasas que no producen más que desaliento."

Por un lado, con respecto al gasto político, la opinión de Rodríguez es que todo exceso de los sueldos y honorarios del sector público por sobre $ 1100 de bolsillo se paguen con un bono a 10 años al 6% anual en dólares, en tanto se mantenga el desequilibrio fiscal. Incluye todo tipo de suplementos, viáticos etcétera.

Otras medidas que cree necesarias son: reducir el IVA al 16%; eliminar el impuesto a los bienes personales; agregar un impuesto a los intereses pasivos (plazos fijos y otros); cerrar la biblioteca y la imprenta del Congreso; cancelar el Fondo del Tabaco, Subsidios a Exportación Puertos Patagónicos y Naftas Patagónicas; privatizar el Banco Nación; transferir las actividades culturales y deportivas nacionales a provincias o asociaciones sin fines de lucro; transferir a las provincias el Fondo de Incentivo Docente; arancelar gradualmente las universidades a la mitad del promedio del arancel de las 20 privadas más grandes.

Jorge Dorado, de la asociación Sobran políticos.

Es un grupo de ciudadanos (unos 80 en todo el país) que empezó a trabajar en diciembre del año último para que se reduzcan los cargos electivos en un 50%.

Según Jorge Dorado, uno de los organizadores de esta asociación, hay 16.500 cargos. "Sostenemos que nuestro sistema no necesita tanta gente para funcionar correctamente. ¿En qué nos ha beneficiado, por ejemplo, un tercer senador? Sabemos que ésta es una propuesta limitada y puntual, pero entendemos que hay que empezar por algo concreto", dijo Dorado, que convocó para el 11 del actual una movilización en el Luna Park con todos aquellos ciudadanos conformes con esta petición.

Jesús Rodríguez, por el oficialismo.

Dice que tiene que haber una proporcionalidad en la remuneración de los funcionarios políticos: concejales, legisladores provinciales, diputados y funcionarios del ejecutivo provincial y nacional. "No puede ser que un concejal de una ciudad pobre de una provincia termine ganando más que un diputado nacional", afirma.

-¿Habría que bajar sueldos?

-Absolutamente

-¿Todos?

-No, todos no, tiene que haber una proporcionalidad. Hay provincias que están sobregiradas, donde el porcentaje del gasto de una legislatura o un concejo deliberante está por encima del promedio, y eso es inaceptable.

-¿Qué opina sobre el hecho de que senadores y diputados nacionales cobren menos?

-Es poco razonable que en las provincias haya bicameralidad, porque el senado representa el interés federal y eso vale para el Estado Nacional, pero es difícil de entender en una jurisdicción provincial. Además creo que tiene que haber un tope para gastos en las campañas, y en el tiempo de las campañas también. Me interesa subrayar la idea de prohibir a los partidos políticos en campaña hacer publicidad en medios audiovisuales

-¿Qué se ganaría con esto?

-Un extraordinario ahorro, porque de los gastos de campaña, el 80% corresponde a publicidad televisiva. Si la hay, deben ser espacios cedidos por el Estado

-¿Tendría que haber un tope en el sueldo de senadores y dipu-tados?

-Sí, claro

-¿De cuánto lo estima?

-El que está ahora, no puede ser aumentado.

-¿Y puede llegar a ser rebajado?

-Ya hubo una reducción del 12% en los sueldos de todos los funcionarios públicos.

Darío Alessandro (Frepaso, jefe del bloque de la Alianza en la Cámara de Diputados)

Comienza con la idea de que hay que controlar el financiamiento de las campañas, que hasta ahora, por parte del Estado, es de $ 3 por voto, y que un proyecto de ley propone reducir a 1 peso. "Se debe sancionar una ley para que en esta elección podamos ir con campañas más cortas, con topes en esos gastos, con limitación al financiamiento privado y, fundamentalmente, con mucho control para que los partidos políticos no desvirtúen lo que la ley imponga".

Otro aspecto -según Alessandro- es que en las provincias argentinas no se justifica la bicameralidad. "No es como en el Senado de la Nación, donde los diputados representamos al pueblo de la Nación y los senadores a las provincias."

En cuanto a las legislaturas provinciales, para el diputado deben ponerse en sintonía con determinados parámetros. "Yo creo que no pueden tener presupuestos superiores al 2% del presupuesto de cada una de las provincias, y que también hay que poner un tope al gasto por legislador. Y hay otro capítulo muy importante que es la lucha a fondo contra la corrupción, y para eso se debe dar independencia a la justicia", sostiene.

Sobre el tema de que los legisladores ganen menos, dice: "Obviamente la remuneración no puede implicar un privilegio con respecto a la realidad que se vive en la Argentina, pero tampoco es ninguna solución plantear remuneraciones muy bajas porque lo que se logra es un vaciamiento por parte del Estado y de las instituciones de aquella gente más capacitada para ocupar el cargo, o que directamente se ocupe con gente que tiene una fortuna".

Para Alessandro, "una remuneración justa está en unos 5000 pesos en el orden nacional. Sin otros gastos, salvo los de traslado de quienes viven fuera de la ciudad, o en el Gran Buenos Aires.

Y con respecto al número de legisladores, "comparativamente a los cuerpos legislativos de los distintos países, estamos más o menos en la media, así es que no creo que pase por ahí el tema".

Rodolfo Terragno (UCR)

"El racismo siempre es malo -dice con respecto a la generalización de la condena a la clase política-; ser racista significa no juzgar a la persona por lo que es, sino por el grupo al que pertenece. No hay dudas de que hay políticos miserables, corruptos, a los cuales los más ricos les dan algunas migajas. Yo creo que lo que hay que atacar en la Argentina es la inmoralidad de cualquiera que la ejerza. Conozco de todos los partidos a políticos muy honorables, a gente que por estar en política pierde mucha plata. Así como en la política hay mediocres, gente que si estuviera en la actividad privada jamás ganaría lo mismo que como diputado o concejal, también hay gente que como ejecutivo de una empresa ganaría tres veces más.

"Lo que hay que ver es quiénes son los inmorales y cuál es el costo de la inmoralidad y no el costo de las instituciones porque si no, vamos a hacia lo que pasó en 1966 o en 1976. Es decir, hay gente que en vez de pensar en cómo se puede mejorar el Congreso, piensa en eliminarlo, y ya sabemos qué es lo que pasó durante las dictaduras"

-¿Considera que es necesario bajar los costos de la política, en general?

-Hay que terminar con los ñoquis, es decir, con la gente que cobra y no trabaja. También hay que fiscalizar muy bien y evitar que haya gastos injustificados en la institución. Por ejemplo, existen fondos reservados y pensiones graciables que no tienen justificación alguna. No es tarea de un legislador otorgarlas, sino de un órgano administrativo.

A mí, lo que me llama la atención es toda esta campaña contra el gasto institucional. Creo que no es inocente. Por otro lado, se ha tapado el caso de las coimas en el Senado, y sólo se discute si los senadores ganan 6000 pesos y cobran un aguinaldo de 3000. Lo que más ha desprestigiado al Senado es la firme sospecha de que hubo sobornos, la falta de investigación, y el hecho de que el Senado se haya quedado calladito.

Para que los ciudadanos conozcan más a los políticos que los representan, Terragno propone por parte de los medios una cobertura parlamentaria más sistemática.

Otro tema de importancia es el de las comisiones y los asesores: "muchas veces el senador o diputado va a una comisión en la que no sabe nada del tema y a lo mejor nombra como asesor a alguien que tampoco sabe nada. Esto sucede en primer lugar porque al integrar una comisión hay más presupuesto, y en segundo, para repartir posiciones. Yo premiaría la tarea del buen senador y castigaría a la otra. Uno de los problemas que tiene el congreso es la discrecionalidad para otorgar subsidios y pensiones. Ante irregularidades, el poder judicial tiene que fiscalizar si hubiera una denuncia. Ese es el remedio, pero tiene que haber prevención. En el sistema de ahora, puedo nombrar a un analfabeto en la comisión de educación y puedo entregarle una pensión a quien se me dé la gana".

Ing. Manuel Solanet, dela Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Esta es parte de la reforma adminstrativa del Estado propuesta por la FIEL desde 1996, en la cual se hace hincapié, sobre todo, en reducir el número de funcionarios del Poder Ejecutivo: -Identificar todas las funciones que el Poder Ejecutivo Nacional debe cubrir y diseñar los órganos administrativos necesarios para cumplirlas.

-Se propone una reducción del número de niveles en la pirámide administrativa, eliminando secretarías y subsecretarías.

-Se suprimen las estructuras de la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación, manteniéndose sólo una estructura de apoyo logístico. Las funciones de administración de Presidencia y Vicepresidencia son absorbidas por la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior.

-Los ministros son los asesores del Presidente, cada uno en su materia, y no hay tema de gobierno o función que no sean cubiertas por los ministerios.

-Se suprimen las superposiciones de funciones en las líneas de decisión.

Y sigue la lista...

Sergio Rossi, ex director de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Integrante de la conducción del Frente Grande.

"El gasto político necesita transparencia, austeridad y eficiencia. Con transparencia no le hubiesen otorgado una pensión a la hija del juez Liporaci. Nada parece justificar que las legislaturas deban hacer acción social otorgando becas, subsidios y pensiones.

"Es necesario establecer un tope del orden del 2% del presupuesto provincial; regular las campañas electorales, reduciendo su costo y duración; mejorar los sistemas de representación; controles y límites para los aportes privados a los partidos; topes a la publicidad televisiva y eliminación de publicidad oficial durante las campañas; control de los gastos de los partidos y sus internas; proporcionalidad en las remuneraciones de los funcionarios públicos provinciales, tanto ejecutivos como legislativos; derogación de la ley de lemas en las provincias que la adoptaron.

"Decir que reduciendo las dietas o cerrando los concejos municipales se paga la deuda externa es un disparate malicioso. De poco valdrá donar el aguinaldo si no se modifica globalmente el funcionamiento de la política. La política no gasta $ 20.000 millones. Ni siquiera el 10%, pero igual debe ajustarse. Sí se llevan unos $20.000 millones la evasión y el contrabando, y parece haberse vaciado en unos $ 1000 millones a Aerolíneas Argentinas.

"La solución económica de los argentinos no pasa por el gasto político. Pero la política debe ser más eficiente y austera para recuperar legitimidad ante la sociedad. Sólo así se podrá hacer frente al poder económico de los dueños del país y redistribuir con justicia la riqueza argentina."

Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores Argentinos.

"Da la sensación de que los intereses que están impulsando la necesidad de bajar el gasto político están fuertemente ligados a los mismos sectores que pregonan la necesidad de reducción del gasto público. Estoy en desacuerdo con esto porque el gasto público de la Argentina está por debajo de la media internacional. Sí estoy de acuerdo con la reducción de los niveles de corrupción, y que ese dinero se reasigne en función de otros objetivos, como por ejemplo alimentar las estrategias de política social."

-¿Cómo bajar el gasto político?

"La única forma de resolverlo -dice- no es un debate sobre los recursos, sino de cómo mejorar la representación, y la única manera de hacerlo es promoviendo estrategias más activas de participación de la comunidad en la definición respecto de cómo se asigna el gasto público. Para eso, hay estrategias que se vienen aplicando en otros lugares del mundo. Tomamos como ejemplo la experiencia de Rio Grande do Sul y Porto Alegre, en Brasil. Estas políticas ya tienen muchos años de aplicación y demuestran que se pueden asignar recursos con eficiencia en función de los intereses que fija la comunidad."

José Manuel de la Sota (PJ, gobernador de Córdoba).

El gobernador firmó el 9 de mayo el decreto Nº 814 por el cual convoca a los cordobeses a una consulta popular con el fin de contestar sí o no a la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo con reformar la Constitución de la provincia para reemplazar el actual Poder Legislativo, compuesto por dos cámaras con 133 miembros, por una sola Cámara con un máximo de 70 legisladores?

Según palabras del gobernador, "la necesidad de reducir el costo de la política es un objetivo que venimos logrando desde que empezó nuestra gestión". Y recuerda que el mismo día en que asumió, el 12 de julio de 1999, tomó la decisión de bajar los sueldos de los funcionarios del nuevo gobierno un 30%, incluyéndose a él.

La consulta se va a realizar el 22 de julio en toda la provincia.

Por Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría

El reciente debate sobre el gasto político ha generado alguna confusión sobre dicho concepto y el de gasto público. El gasto público está constituido por el total de los recursos que gasta el estado nacional (el presupuesto es de aproximadamente $45.000 millones), más lo que gastan provincias y municipios, con lo cual la cifra se incrementa aproximadamente en un 50%. Dentro de ella, de unos 80.000 millones de dólares, el gasto político es el costo del mantenimiento de la estructura de los cargos electivos, junto con sus elementos de apoyo y asistencia, más el subsidio que el Estado paga a los partidos políticos por voto.

El gasto político, en consecuencia, es el funcionamiento específico del Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales, los Concejos Deliberantes y el mencionado subsidio a los partidos.

Este gasto, medido a través de los recursos destinados a estos rubros, alcanza unos 2000 millones de pesos, lo que representa el 2,5% del gasto público total. Otro concepto es la ineficiencia del gasto público en las diversas áreas del Estado, como puede ser justicia, seguridad, educación, salud, etcétera. Ya no se trata del gasto político, sino del mal manejo de los recursos públicos, que puede derivar en incompetencia, falta de idoneidad, corrupción o interferencias políticas. Más allá de lo anterior, existe una zona gris: qué porcentaje de la ineficiencia del gasto público es derivada de las necesidades de la estructura política clientelista. Esta diferenciación de los conceptos de gasto político y gasto público no debe dejar en segundo plano la prioridad de que el gasto político no debe ser revisado sólo por una necesidad económica, sino ante todo por la urgencia en lograr una reconciliación entre la sociedad y la política, lo que resulta esencial para el eficaz funcionamiento de la democracia.

Por Paula Urien

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