Coronavirus y cárceles: Urgente avance del kirchnerismo
Los cambios de gabinete impuestos a Alberto Fernández y Axel Kicillof reflejan la preocupación del kirchnerismo por eludir la amenaza de una derrota electoral el año que viene. Aunque insista en reivindicarlos como una acción preventiva propensa a rectificar el resultado deficitario en la gestión, no hay otra razón que la orientada por ese espíritu temeroso para justificar la intervención directa en sus gobiernos. Ni tampoco para resolver con urgencia una definición demorada: que María Fernanda Raverta sustituya en la Anses a Vanoli y que Larroque pase a ocupar el Ministerio de Desarrollo bonaerense, que ella dejó vacante.
Un apremio en el que se omitió un detalle importante: que se interpreten esas designaciones como la aparente intromisión de Cristina en las atribuciones del Presidente y el gobernador. Una posibilidad inquietante. Supondría que la vicepresidenta puede interferir con la autonomía de la que aquellos deberían gozar para elegir a los sustitutos de sus colaboradores. Los antecedentes de los nuevos funcionarios podrían inducir a ese supuesto error. Raverta pertenece a La Cámpora, pero responde a la vicepresidenta en forma directa. Larroque integra la conducción de la corriente que lidera Máximo Kirchner. Aunque es probable que el origen de la confusión sea el momento en que se dieron a conocer esas modificaciones: el 30 de abril.
Casi en simultáneo con la protesta contra las excarcelaciones transitorias concedidas desde el inicio de la cuarentena. El rechazo que la ciudadanía enfocó en el Gobierno significó el primer traspié de Fernández como líder de opinión desde que la medida de aislamiento entró en vigor. Lo que vuelve extraña la oportunidad elegida para incorporar a Raverta y Larroque. El gesto transmite una sensación parecida a la insensatez. Es decir, lo contrario a lo que precisaría la principal autoridad del Gobierno mientras atraviesa un estado de vulnerabilidad. Como Kicillof, Fernández apeló a su Twitter para responsabilizar a los jueces por esa medida. Ningún dirigente relevante del Frente de Todos los imitó.
Hay otra curiosidad. Fernández sabe que los magistrados no determinan la política criminal de un gobierno. Una facultad que el Poder Ejecutivo deposita en el Ministerio de Justicia. El Instituto Patria se arroga haber forzado a Marcela Losardo a salir en defensa de Fernández. Al think thank predilecto de Cristina lo irritó que Martín Mena quedase expuesto en la negociación por la toma del penal de Villa Devoto. El secretario de Justicia habría intervenido por la inacción de Emiliano Blanco, director del sistema penitenciario. El Instituto Patria vetó a Blanco para asumir la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Lo había propuesto Losardo. Mena querría allí a alguien propio. El cargo sigue vacante. En esa situación delicada, fue sugestivo que Fernández recordase su posición contraria a la aplicación del indulto presidencial para la conmutación de penas.
Algunos juristas especulan que ese paso pretendía ser forzado con el sistema montado en diciembre desde la provincia de Buenos Aires. Como reveló Gustavo Carabajal en LA NACION este fin de semana, con la intención de disminuir el número de detenidos en los 54 penales bonaerenses. El Observatorio de Víctimas de Delitos detectó en abril la duplicación del promedio histórico de prisiones domiciliarias: del 5 al 10%. Casi 6000 casos. Iniciado con el riesgo de contagio en la pandemia, ese proceso debería dejar fuera del sistema carcelario a 13.000 de los 53.000 reclusos.
Plan que un sector del Poder Judicial bonaerense intentaría desde 2018, según la hipótesis que manejan cerca de Massa. Sus asesores pidieron el enjuiciamiento político de Claudio Alberto Brun. El juez penal de Bahía Blanca concedió ese beneficio a Néstor Luis Ibars, condenado a 7 años de prisión por abuso sexual. Similar al caso de Sebastíán Monelos. El juez de Garantías de Lomas de Zamora que dio prisión domiciliaria a Pedro Olmos, acusado de violar a una menor. Pese a las gestiones de Diego Molea, los abogados de Massa analizan solicitar el juicio político al magistrado. Hay un argumento que podría utilizar el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y vocal del Consejo de la Magistratura. Los habeas corpus resueltos a favor de los condenados por el juez de Casación Penal Víctor Violini dejaron a los magistrados sin otra opción que cumplirlos. Es lo que intentó corregir Daniel Soria desde el 27 de abril. El nuevo presidente de la Corte revocó el carácter unipersonal de Casación dispuesto por su antecesor, Eduardo de Lázzari. También aceptaría la queja contra ese procedimiento de Carlos Altuve, fiscal de Casación.
Existe un riesgo para Molea: iniciar un debate que podría revelar otra supuesta etapa de ese plan, aprovechar los habeas corpus colectivos de los defensores oficiales para lograr la aparente excarcelación definitiva de exfuncionarios de Cristina. Boudou tuvo suerte. Daniel Obligado le concedió la prisión domiciliaria antes de que estallase el escándalo que derivó en el cacerolazo. Molea no tuvo tanta fortuna. A él y a Aníbal Fernández se les atribuyen gestiones con Obligado para beneficiar a Boudou. El integrante del Tribunal Oral Federal N° 5 es docente en la Facultad de Derecho de la UNLZ.
La toma del penal de Villa Devoto se habría acordado con los reclusos bonaerenses para darle entidad al motín en las cárceles provinciales. Consenso alcanzado gracias a la interconexión entre ellos. Violini promulgó en marzo el habeas corpus que presentó Mario Coriolano para que los detenidos contasen con celulares en la cuarentena. El defensor general tiene relación con Violini y una estrecha amistad con Soria, el nuevo presidente de la Corte. Soria llegó al máximo tribunal con el respaldo de Alak, de quien fue funcionario en el municipio de La Plata. Alak es el ministro de Justicia de Kicillof. En la imprecisa mitología platense se atribuye a Julio De Vido haber oficiado de nexo entre Alak y Enrique "Quique" Petrullo.
Una imaginería alimentada con el paso de Petrullo por el penal de Ezeiza. Allí compartió pabellón con De Vido, Boudou y Jaime. A Petrullo se lo sindica como supuesto influencer de la megabanda que robaba viviendas en La Plata. Se habría ganado la simpatía, y también la confianza, de ese trío en infinitas partidas de truco. Violini le concedió a Petrullo prisión domiciliaria por consejo de su médico personal. Para los peritos del sistema penitenciario, no pertenece a la población con riesgo de contagio. A Cristina la irrita el enredo de estas habladurías con el conflicto del penal de Devoto donde quedó involucrado Mena.
Una habilitación indirecta a Berni para desquitarse con su viejo enemigo, Zaffaroni. El exjuez había justificado la necesidad de "evitar una masacre" con las prisiones domiciliarias. El ministro de Seguridad le respondió que ese fenómeno es provocado por los delincuentes que matan "mil bonaerenses al año". No es la única preocupación de Berni. "La gente no nos va a perdonar el hambre en las urnas", deslizó a dirigentes opositores. Raverta y Larroque tienen la misión de revertir esa expectativa. Seguramente, es lo que Cafiero intentó explicarle a Vanoli cuando le pidió la renuncia a la Anses. El exfuncionario opuso una tenaz resistencia a esa posibilidad. Casi con el mismo empeño con que evitó designar militantes de La Cámpora en las delegaciones que tiene en todo el país ese organismo. Quizás la orden más delicada que Vanoli habría recibido del jefe del Gabinete.
