El dilema de la gobernabilidad en tiempos turbulentos

La Argentina se ha transformado en un país disfuncional. Sus principales actores institucionales actúan por cuenta propia, independientemente de los efectos que provoquen. El Congreso hizo naufragar en los últimos días dos proyectos que el presidente Mauricio Macri había reclamado: la iniciativa para restringir el accionar de los barrabravas y la ley de financiamiento de las campañas. Por el contrario, la oposición prepara una sesión especial con 33 propuestas adversas para el Gobierno. Está claro que las cámaras legislativas entraron en modo electoral. No saldrá de allí ninguna señal de solución para la crisis que vive el país.

La Corte Suprema ingresó en una dinámica justiciera que periódicamente pone contra las cuerdas a la Casa Rosada. Esta semana eliminó el pago de Ganancias de los jubilados y, de paso, le recortó un poco más el poder a Carlos Rosenkrantz, quien estaba destinado a ser la terminal de enlace con el Ejecutivo y hoy se transformó en un solitario disidente crónico.

Hace dos semanas los jueces del máximo tribunal se reunieron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña , el único interlocutor que hoy reconocen en el Palacio de Tribunales. Allí el funcionario se explayó sobre el difícil momento que atraviesa la Argentina y la fragilidad de su situación fiscal. Una sutil apelación a tener en cuenta este contexto a la hora de las acordadas con impacto económico. Su efecto, como quedó demostrado después, fue nulo. Esta semana los magistrados le sumaron al menos $8000 millones a la cuenta. En el entorno más cercano de Macri ya hablan abiertamente de una "actitud irresponsable" del tribunal. "Querían una Corte independiente, acá la tienen", responden del otro lado.

Lo extraño es que una opinión similar tienen los peronistas con responsabilidad institucional, a quienes les atribuyen influencias sobre el trío Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. "Hoy hay un cogobierno de la Corte, que también se atribuye facultades para decirle al Congreso cómo debe legislar. Hacen una política opositora", bramó esta semana uno de los referentes de Alternativa Federal. Como prueba exhiben los pronunciamientos que impidieron la reelección de Alberto Weretilneck en Río Negro, que afectó a Miguel Ángel Pichetto, y la de Sergio Casas, cuya presentación fue auspiciada por el jefe de los senadores y por Sergio Massa.

Tampoco la economía responde a los estímulos naturales. El dólar y los precios mantienen un vértigo que está claramente fuera del margen de acción oficial. El primero exhibe el temor del mercado; el segundo, la autonomía inconexa de los sectores productivos.

En este contexto de dispersión orgánica, la elección de octubre probablemente sea la última oportunidad de reconstituir un sistema de gobernabilidad republicano y operativo. La Argentina parece haber logrado un consenso básico para evitar desbarrancarse como en 2001, una gobernabilidad de base. El último diciembre en paz demostró que hubo una curva de aprendizaje. Pero el país no logra articular un sistema de gobernabilidad para un desarrollo integral. Macri se propuso como agente de cambio, pero sin modificar la estructura del sistema político. Impulsó un cambio cultural con el 40% de los votos. Se quejó de la falta de representatividad de las organizaciones, pero tampoco las fortaleció. "Bastante tengo con los propios como para preocuparme también del peronismo", responde cuando le preguntan si no debió ocuparse más de organizar a la oposición.

Curiosamente, todos los candidatos presidenciales admiten que la próxima gestión deberá conseguir amplios consensos políticos para poder administrar un escenario que será muy complejo. Es la única coincidencia.

En el plano económico, hay por delante dos años con más vencimientos que desembolsos del FMI, un arrastre inflacionario crónico, y una matriz productiva estancada. Además, quien gane no tendrá mayoría parlamentaria y deberá recurrir a negociaciones constantes. Y en el aspecto social deberá lidiar con un menor nivel de tolerancia de un electorado que se encamina a votar más guiado por el rechazo que por el entusiasmo. La insatisfacción con los sistemas de representación son un fenómeno mundial en tiempos de escaso crecimiento económico y fluida interacción en las redes. Cerca de Macri recuerdan el comentario que les hizo Sebastián Piñera: "Siento que gobernar ahora no tiene nada ver con lo que fue hace cinco años".

Es difícil visualizar que el próximo presidente pueda enfrentar todos estos desafíos solo con el poder que le concedan los votos y sin recurrir al ordenamiento autoritario que practicó en largos pasajes el kirchnerismo. Gobernabilidad, pero sin látigo.

Desde la Casa Rosada la solución que imaginan no es muy diferente que lo hecho hasta ahora, aunque admiten la necesidad de "resetear relaciones y energías porque no alcanza con más de lo mismo". La idea es ampliar todo lo posible el número de legisladores y tener una red de aliados para no depender de acuerdos oscilantes. Solo las grandes reformas se negociarían con los gobernadores. El problema para el macrismo es que siempre basó sus negociaciones apelando a un espíritu cooperativo sin generar incentivos suficientes (aunque debió hacer importantes concesiones económicas). Acordó sin integrar. Por eso pese a ser la administración que más avanzó en diálogos con el peronismo (reforma fiscal y previsional), gremios (llegaron a admitir la reforma laboral y después retrocedieron) y organizaciones sociales ($30.000 millones de la emergencia social), no logró articular un sistema de gobernabilidad estructural. Todavía se escuchan los lamentos de Pichetto y Ernesto Sanz en favor de un acuerdo básico en el que Macri nunca creyó.

El kirchnerismo exhibe el ala radicalizada de Andrés Larroque, que plantea un regreso al presidencialismo extremo de Cristina en su último mandato, y un sector aperturista, que encarna Alberto Fernández con su discurso de unidad peronista y de que "un país con la lógica de la grieta es inviable". Pero la expresidenta no da señales de que su versión 2019 sea distinta a las anteriores, si uno se guía por lo que publica en las redes. El peronismo cartesiano de Alternativa Federal busca hacer de la convocatoria a una gran mesa de diálogo su gran activo diferencial. Lo habían planteado Massa, Juan Manuel Urtubey y Pichetto, pero Roberto Lavagna lo transformó en bandera. Ilusiona a los institucionalistas pero hace desconfiar a los realistas.

En paralelo al debate sobre la metodología de la gobernabilidad, la otra gran discusión será sobre la política económica. Si Macri instauró el dilema gradualismo versus shock, la próxima gestión deberá resolver la tensión fiscalismo-productivismo. Déficit cero para poder crecer, o crecer primero para poder pagar. Para el economista Pablo Gerchunoff "la Argentina agotó un modelo de crecimiento mercado-internista e industrialista que rigió desde la crisis del 30 hasta aproximadamente la muerte de Perón y la devaluación de 1975. Desde entonces no encontramos un patrón de desarrollo alternativo; solo nos ilusionamos periódicamente cuando el mercado financiero nos permite acceder a deuda".

Macri sigue creyendo que hay que sanear el Estado y promover un modelo exportador. Si gana, prevé avanzar con una triple reforma impositiva-previsional-laboral para ganar competividad. Lavagna apuesta a una mirada industrialista clásica con un acuerdo empresarial-sindical, y el kirchnerismo a reactivar el consumo con incentivos y promociones impositivas.

Por debajo de la campaña deberán aparecer respuestas a estos interrogantes. El país no resistirá más oportunidades perdidas.