El sistema que fundió el manual cristinista
La crisis del régimen previsional exige una profunda reforma que hoy parece políticamente inviable; el Gobierno aspira a aumentar la edad para jubilarse y a equiparar a hombres y mujeres
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LA NACIONFernando Laborda
Costará siempre entender su recurrente obsesión por el lenguaje soez y por ilustrar sus discursos con metáforas sodomizantes hacia sus adversarios. Pero a Javier Milei habrá que reconocerle un valor poco frecuente en la Argentina: el de aferrarse a ciertos principios económicos sin preocuparse por el costo político de ir contra la corriente. Su veto total a la ley de movilidad jubilatoria sirve de ejemplo.
El Presidente ratificará hoy, al presentar el proyecto de ley de presupuesto 2025, su compromiso con el déficit fiscal cero y su voluntad de recurrir al veto cada vez que sea necesario para impedir que cualquier norma lo aparte de esa senda.
Aun cuando discrepen de Milei en no pocas cosas, dirigentes macristas reconocen que el primer mandatario se ha tomado muy en serio una regla con frecuencia obviada en los últimos años, como la que establece el artículo 38 de la ley de administración financiera, según el cual “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
Tanto el Gobierno como los operadores del mercado bursátil festejaron como una victoria la ratificación del veto a la ley de movilidad jubilatoria. Pero esta decisión tuvo también el sabor de una derrota en la opinión pública. Lo propio podría ocurrir si se procediera de igual forma con la flamante ley de financiamiento universitario, cuyo veto por el Poder Ejecutivo ya fue anunciado.
Desde el enfoque de la administración financiera, el criterio de Milei puede resultar inobjetable. Pero desde una óptica comunicacional, es casi imposible que muchos jubilados y no pocos estudiantes y docentes de la universidad pública no perciban que el calificativo de “degenerados fiscales” que les dispensó Milei a muchos legisladores es también un improperio hacia ellos mismos.
Claro que mientras el kirchnerismo siga demostrando que solo tiene un gran pasado por delante, Milei podrá confiar en que tiene buenas probabilidades de retener la mayoría de los votos que cosechó en el balotaje de noviembre último. El mayor protagonismo de la líder del kirchnerismo puede seguir uniendo a ese electorado por el espanto ante un retorno al pasado más que por verdadero amor.
La irrupción pública de Cristina Kirchner, quien volvió a hablar de economía anteayer durante un acto en la Universidad Nacional del Oeste, en la localidad bonaerense de Merlo, pareció favorecer una vez más al actual jefe del Estado. En este caso, la expresidenta lo instó a “largar a Milton Friedman y la escuela austríaca y cazar el manual argentino”, al tiempo que sostuvo que “la casta de la que él habla es la casta con la que pudo joder a los jubilados”.
¿Qué autoridad para hablar del sistema previsional puede tener quien cobra una obscena jubilación de privilegio que equivale a 93 haberes jubilatorios mínimos? Unos 28 millones de pesos percibe mensualmente Cristina Kirchner por su jubilación y la pensión que heredó de Néstor Kirchner, contra solo algo más de 300.000 pesos, con bono adicional incluido, que recibe la mayoría de los jubilados.
Muchos de quienes hoy se jactan de estar a muerte con los jubilados son responsables de haber convertido el sistema previsional en una variable de ajuste para financiar los gigantescos gastos del Estado, que terminaron solventando los aportantes con haberes jubilatorios vergonzosos en función de las contribuciones efectuadas a lo largo de su vida laboral. Los fondos de la seguridad social fueron durante demasiado tiempo una monumental caja de la cual, en distintas épocas, se sirvieron discrecionalmente los dirigentes políticos para hacer frente al déficit fiscal derivado de la irresponsabilidad y de la corrupción. El kirchnerismo no ha sido la excepción.
Por supuesto que la inequidad que representa la existencia de exorbitantes jubilaciones de privilegio es solo una parte de la gigantesca crisis del sistema previsional argentino, cuyo dato central es su insolvencia, en virtud de que hay apenas 1,5 aportantes por cada uno de los 7,2 millones de beneficiarios de jubilaciones o pensiones, según datos de junio de este año ofrecidos por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuando la proporción sostenible no debería ser inferior a 3,3 aportantes por beneficiario.
En materia previsional, no hay más margen para el populismo ni para esconder la realidad
En los 16 años que gobernó el país, el kirchnerismo acentuó la crisis del sistema previsional, ofreciendo parches demagógicos antes que la búsqueda de soluciones progresivas e integrales. Desde 2003, se pusieron en marcha sucesivas moratorias que incrementaron en más de cuatro millones el número de beneficiarios de jubilaciones y que, en su mayoría, eran personas que nunca habían efectuado aportes previsionales o que los habían hecho de modo insuficiente. Se intentó justificar esas medidas de excepción por el hecho de que el país había atravesado más de un proceso hiperinflacionario y picos de desocupación que tornaron muy dificultoso cumplir con los aportes jubilatorios de rigor a mucha gente. Lo que no se aclara desde el kirchnerismo es que, en las dos últimas décadas, sus gestiones horadaron el sistema laboral legal, aumentando el trabajo informal, anteponiendo planes y subsidios por sobre el empleo formal y saturando así el sistema con la inclusión de cada vez más jubilados sin aportes previsionales en detrimento de quienes cumplieron con todas sus obligaciones durante al menos 30 años de servicios.
La era kirchnerista dio lugar también a una alta litigiosidad derivada de la manipulación de la movilidad, que generó que los haberes jubilatorios mínimos aumentaran en mucha mayor proporción que el resto, contribuyendo a achatar la pirámide.
Según un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), entre los años 2002 y 2006 la inflación minorista creció el 74% y el haber jubilatorio mínimo el 160%, pero los haberes previsionales superiores a 1000 pesos de entonces no experimentaron ningún ajuste. Así, casi tres cuartas partes de los haberes previsionales pasaron a ser mínimos, en oposición al principio según el cual deben ser proporcionales al esfuerzo efectuado durante la vida activa del trabajador. La enorme licuación en el valor real de los haberes jubilatorios más altos motorizó juicios contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y, años después, la propia Corte Suprema dio sustento a una ola de demandas.
Paralelamente, durante la gestión de Cristina Kirchner se puso fin al régimen de capitalización de las AFJP, que fue estatizado. Se pudieron haber remediado los defectos del sistema privado de jubilaciones con determinados retoques que incluyeran una disminución de las elevadas comisiones que percibían las AFJP; sin embargo, las autoridades de entonces prefirieron incautar los fondos y pasar a todos sus aportantes al régimen de reparto estatal, que se tornó aún más inviable. El déficit fiscal comenzó a ser financiado con los excedentes de la seguridad social, al tiempo que las inversiones de los ahorros estatizados comenzaron a ser administrados con criterios altamente discrecionales.
Llegamos a nuestros días con un sistema previsional fundido. Nada menos que el 59% del total de jubilados y pensionados accedió al beneficio mediante moratorias, sin haber completado la totalidad de los aportes que exige la ley. Solo el 20% de las nuevas jubilaciones y pensiones que se otorgaron en 2023 fueron sin moratoria; este porcentaje apenas mejoró en el primer semestre de 2024 al 30%.
Esta situación tiene su origen en la elevada tasa de informalidad laboral, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegó en la Argentina al 50,4% el año último. Se trata de un porcentaje bastante lejano al de países de la región, como Brasil, que tiene el 37,6%, o Uruguay, que alcanza al 26,4%, e incomparable con el del promedio de los países de la OCDE, que es inferior al 5%.
Durante 2023, solo el 51% de los recursos de la Anses correspondió a aportes y contribuciones sociales. El 41% se explica por el redireccionamiento de los ingresos por impuestos no vinculados al trabajo y el 8% restante deriva de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En consecuencia, la situación financiera de la Anses se ha tornado más que preocupante en la actualidad, con el agravante dado por el aumento de la expectativa de vida y la baja en la tasa de nacimientos.
La discusión de hoy no solo debería pasar por cómo recomponer los haberes jubilatorios, mayormente muy por debajo de la línea de pobreza, sino también por la manera de devolverle sustentabilidad a un sistema fundido por la irresponsabilidad de más de una generación de dirigentes. No hay más margen para el populismo ni para esconder la realidad.
En el marco del compromiso suscripto por Milei y 18 gobernadores provinciales en el Pacto de Mayo por “una reforma previsional que le reporte sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron toda su vida”, en el Gobierno se trabaja en un borrador de proyecto de ley que contemple equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres –hoy se jubilan a los 60 y 65 años, respectivamente–, junto a la posibilidad de elevar la edad base de retiro, para aumentar la proporción de trabajadores aportantes a la seguridad social por cada jubilado o pensionado. Y no se descarta volver a un modelo de capitalización de gestión, como el que rigió entre 1993 y 2008. Pero nadie piensa que una reforma de este tipo pueda ser debatida en el Congreso antes de las elecciones de renovación parlamentaria de 2025.
Más temprano que tarde, el Presidente deberá encontrar mecanismos que, sin apartarse de la responsabilidad fiscal, le permitan descomprimir la angustiante situación que padecen muchos adultos mayores, y dejar atrás el mote de “insensible” que se le asigna en vastos sectores de la población. Es claro que las soluciones no provendrán del “manual argentino” que propicia Cristina Kirchner y en el que encontraremos precisamente las causas del problema.
Tipo de trabajo:
opinión
