Fondos de culto. ¿Debe el Estado dar apoyo económico a la Iglesia?
polémica. Para algunos, la asignación que reciben los obispos es un privilegio; para otros, un derecho; el debate, abierto incluso en ámbitos eclesiásticos, involucra aspectos históricos, culturales y hasta de gestión estatal
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LA NACIONLorena Oliva
Como si se tratara de algo novedoso y desconocido por muchos, la difusión del monto asignado para el sostenimiento del culto católico en 2018 –que asciende a poco más de 130.400.000 pesos– generó no poca controversia.
Si bien se trata de un aporte respaldado por la mismísima Constitución Nacional, que en su artículo 2 establece que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano, en tiempos de pluralidad religiosa y secularización creciente algunos sectores vieron en la sola existencia del presupuesto de culto un claro privilegio en favor de la Iglesia Católica que no se condice con un Estado que se define como laico.
Aunque es cierto que la legitimidad de las autoridades locales no deriva de fundamentos religiosos sino de la voluntad del pueblo, también lo es el hecho de que, a lo largo de nuestra historia como nación, el rol de la Iglesia trascendió ampliamente el plano religioso. Pensemos por ejemplo en su incidencia en rubros como educación y desarrollo social, e incluso en el plano político. Por caso, tras la crisis de 2001, la Iglesia fue uno de los gestores de la Mesa de Diálogo Argentino; por otra parte, según los analistas, la despareja aplicación de la ley de educación sexual integral en las escuelas se debe en gran medida al rechazo que genera la norma en el seno de la jerarquía eclesiástica; otro ejemplo es el trabajo del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que goza de un respeto unánime de la sociedad. Incluso, la tradición del tedéum, que se celebra cada 25 de Mayo en la Catedral metropolitana es, para los especialistas, otra muestra del vínculo que existe entre el Estado y la Iglesia Católica.
"En términos formales el Estado argentino es laico. Ahora bien, en la práctica podríamos hablar de que en el país prevalece una laicidad subsidiaria. El Estado, aunque con marchas y contramarchas, avanza en el reconocimiento de nuevos derechos en términos de género, sexualidad y reproducción. En simultáneo, predomina una cultura política de largo aliento que a la hora de diseñar y ejecutar políticas públicas apela a la intermediación de las estructuras religiosas presentes en el territorio", analiza Juan Cruz Esquivel, sociólogo e investigador del Conicet.
Sin embargo, para Juan Martín Vives, doctor en derecho público y director del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión de la Universidad Adventista del Plata, lo que prevalece en la Argentina es una confesionalidad mitigada o una laicidad "inconclusa". "Mientras la legislación continúe privilegiando a una iglesia por sobre las demás, no podrá hablarse de un país plenamente laico. El artículo 2 dispone el sostenimiento económico del culto pero nada más. Aún así, mediante distintas leyes se han ido generando otras diferencias. Por ejemplo, el Código Civil prevé que la Iglesia Católica sea una persona jurídica pública, como el Estado, y las demás sean privadas, como un club", sostiene el especialista.
Un verbo a interpretar
En similar sentido, aunque desde la misma Iglesia, apuntan posiciones como las del arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, que en una columna reciente publicada en este diario a propósito de la discusión en torno del presupuesto de culto, también relativiza el modelo de laicidad argentino. "Uno de los argumentos exhibidos recientemente contra este 'privilegio' de la Iglesia Católica insistía en que la Argentina es un país laico. Yo corregiría levemente la afirmación: lo es, ma non troppo. El artículo segundo de la Constitución nacional establece que el Estado sostiene el culto católico, apostólico y romano. Según interpreto, el verbo, en aquella cláusula de nuestra Carta Magna, no prescribe solamente el aporte económico, sino el apoyo, la promoción, la difusión", escribió Aguer, que anunció la semana pasada que renunciará el 24 de mayo, día en que cumplirá 75 años.
Fuentes de la Secretaría de Culto reconocen que la laicidad argentina amerita diferentes lecturas. Entre todas las posibles, allí prefieren hablar de una laicidad positiva. "Hay una independencia del Estado respecto de las distintas confesiones religiosas, y a su vez cada confesión tiene su autonomía. Pero el Estado coopera con ellas, no sólo con la Iglesia Católica", explicaron a La Nación.
Es, justamente, la Secretaría de Culto, mediante la Dirección Nacional de Culto Católico, la encargada de transferir en forma mensual el aporte conocido como presupuesto de culto a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El aporte fue establecido por las leyes 21.950, 22.950, 22.162, 22.430 y 21.540, todas provenientes de la dictadura, circunstancia que, de acuerdo a los muchos analistas, le resta legitimidad.
En el seno de la CEA el tema viene siendo objeto de debate entre sus miembros. La institución prefirió no sumar su voz para esta nota, pero en un documento difundido al finalizar la 115° asamblea plenaria, realizada en Pilar el mes pasado, monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la CEA, expresó: "Hemos hablado en nuestras conversaciones del tema económico, de las asignaciones de los obispos: pensamos algunas alternativas para seguir conversando y para proponerlas; también, todo lo que tiene que ver con la financiación nuestra y de otros cultos. Nos comprometemos a seguir trabajando en este tema".
A tono con esta declaración, el obispo de San Francisco, Córdoba, monseñor Sergio Buenanueva, reconoce que se trata de un tema abierto a debate, en el que caben distintas opiniones. "La pregunta es legítima. Mucho más en una sociedad que se transforma como todas las sociedades modernas, que en este punto preciso viven procesos de secularización pero también de una configuración nueva de la religiosidad. Por un lado, crece la pluralidad religiosa. La Argentina es un país mucho más plural hoy desde un punto de vista religioso que cuando se sancionó la Constitución de 1853 o incluso la de 1994. Pero además se transforma la presencia, el rol y el significado de la religión en la vida de los individuos y en la vida de la sociedad".
Abierto a discusión
De todas maneras, el obispo Buenanueva cree que no es ilegítimo o antiético que el Estado destine parte de los fondos públicos a las actividades religiosas de los ciudadanos. "Pero esto significa un debate, un diálogo entre la Iglesia Católica y las distintas iglesias y los estados nacional y provincial. Ojalá que se pueda dar esta discusión".
Para el sociólogo y antropólogo Pablo Semán no es casual, ni mucho menos novedosa, la incomodidad social que genera la idea de que el Estado sostenga económicamente a la Iglesia. "Muchos católicos, incluso practicantes, acuerdan con la idea de que la Iglesia debería sostenerse a sí misma. Tampoco es la primera vez que surge este ánimo en las filas del catolicismo, incluso entre los líderes. Ya había ocurrido algo así en los años 90. Pero hay algo que se agudizó desde el momento en que las posiciones sociales del Papa parecen contrarias a la lógica de las posiciones socioeconómicas del Gobierno. Ciertos grupos sociales que veían con beneplácito la intervención del catolicismo en el espacio público enfatizan ahora argumentos laicistas. Esa objeción se dirige a quien conciben, más que como un líder espiritual, como un adversario político".
Se estima que el monto del presupuesto de culto cubre entre el 6 y el 7% de lo que gasta la Iglesia Católica por año para funcionar (unos 2000 millones de pesos). El obispo Buenanueva coincide con la proporción. ¿Cómo logra, entonces, cubrir el 93 o 94% restante? "Nuestras comunidades cristianas viven del aporte que hacemos los católicos, que van desde las colectas de misa, distintas actividades como rifas o alguna cosa un poco más compleja que significa ingresos constantes. Algunas diócesis o parroquias tienen emprendimientos que suponen una renta permanente. Las diócesis históricas normalmente poseen propiedades que reportan alguna renta y eso significa un ingreso importante. Otras, las más nuevas o las que están en zonas más vulnerables, dependen más del aporte del Estado".
Como se ha señalado, la labor de la Iglesia argentina trasciende los límites de lo religioso. Su trabajo en el campo del desarrollo social, principalmente a través de Cáritas, tiene alcance nacional y cubre todo tipo de necesidades, a veces de forma más eficiente que el propio Estado: desde atención de emergencias y ayuda inmediata, pasando por atención de las adicciones, hasta programas de vivienda y de economía social.
También el Estado se apoya en la acción de la Iglesia en materia educativa. Según datos del Ministerio de Educación, en 2015 habían 3950 escuelas confesionales en todo el país, en su gran mayoría administradas por instituciones ligadas a la Iglesia Católica, aunque también las hay administradas por otras confesiones. Hace algunas semanas trascendió que el 20% del presupuesto educativo de los distritos más importantes del país se destina a instituciones educativas religiosas.
Varias fuentes
Sin embargo, no es tarea fácil saber de qué manera el Estado financia estas y otras actividades. Lo que sí es claro es que ese monto trasciende con creces los 130 millones del presupuesto de culto. Pero no hay una única fuente de financiamiento: la Iglesia recibe aportes con múltiples destinos y de diferentes reparticiones públicas ubicadas tanto en la órbita nacional como en las provinciales y municipales. Tampoco hay un único receptor: se financian proyectos de diócesis, parroquias y organizaciones católicas en forma descentralizada, sin que nadie concentre toda esta información y dando pie a todo tipo de especulaciones.
"El monto de las asignaciones que reciben los arzobispos y obispos es reducido si lo comparamos con los fondos públicos que el Estado le proporciona a la Iglesia Católica para sus establecimientos educativos, sus organizaciones caritativas y productivas. O, incluso, si los cotejamos con los ingresos propios de la institución católica", afirma Esquivel.
Tanto la Iglesia como las demás confesiones religiosas que así lo soliciten obtienen beneficios económicos indirectos, como exenciones impositivas. Así, por ejemplo, se las exime del impuesto a las ganancias y del impuesto a la ganancia mínima presunta; también, del IVA a las importaciones de ciertas mercaderías y de tributar impuestos internos sobre los objetos indispensables para sus ritos, así como del impuesto a los débitos y créditos bancarios, entre otros beneficios. Fuentes gubernamentales no pudieron responder si estas exenciones alcanzan a los bienes obtenidos en concepto de donación y que generan renta, como por ejemplo el estadio Luna Park, propiedad desde hace cuatro años de la Sociedad Salesiana San Juan Bosco y de Cáritas Argentina.
"Dado que se trata de una institución pública, se espera de ella transparencia y control. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se invierte su dinero. En esto la responsabilidad es compartida, porque el Estado financia pero no exige controles", considera la diputada nacional por Evolución Radical Carla Carrizo, que presentó tres proyectos de ley para eliminar la personería jurídica pública de la Iglesia, para eliminar la presencia de símbolos religiosos de los edificios públicos y para introducir modificaciones en la normativa que sustenta el presupuesto de culto.
A su entender, ninguna de estas modificaciones colisiona con el artículo 2 de la Constitución. "El objetivo es dar con una modalidad democrática de financiamiento, que a su vez garantice transparencia y equidad. Podemos hacer las leyes más eficientes aún cumpliendo con el artículo 2 y sin dejar de honrar la relación cooperativa y de respeto mutuo entre el Estado y la Iglesia. En este punto, me parece bien la labor de acompañamiento y contención de las confesiones religiosas. Pero los derechos no son caridad. El Estado tiene que ejercer su función siempre".
La controversia en torno del presupuesto de culto sintetiza tensiones profundas, producto de una lógica relacional entre la Iglesia y el Estado que quizá no encuadra del todo en la cultura política y la sensibilidad actual. Para algunos, ese sostenimiento es un derecho ganado. Para otros, un privilegio.
