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La batuta sigue en manos de Cristina Kirchner
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LA NACIONFernando Laborda
Dentro de la coalición gobernante parece haber hoy un solo proyecto de poder: el de Cristina Kirchner. Lo refleja la pleitesía que se le rindió una semana atrás, cuando la vicepresidenta hizo su ingreso a la Casa Rosada para asistir al velatorio de Diego Maradona. Lo muestran las encuestas que indican que, para el mayor número de argentinos, es ella la persona que decide las cuestiones de gobierno más importantes. Y, finalmente, en las últimas horas, lo confirma el rechazo parcial de los senadores del oficialismo a la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsaba el Poder Ejecutivo.
Aunque ya es anecdótico, la entrada triunfal de Cristina Kirchner en la Casa de Gobierno para despedir a Maradona llamó la atención de propios y extraños, al punto de haber provocado que se cerraran las puertas al público que esperaba durante horas acercarse al féretro donde ya descansaba su ídolo, lo cual fue el germen de los desmanes ya conocidos. El mensaje que dejó aquel gesto de reverencia fue que, si Cristina no gobierna, seguramente reina.
Una reciente encuesta nacional de la consultora Pérez Aramburú & Asociados, concluida el 29 de noviembre entre 1138 personas relevadas telefónicamente, señala que cerca de la mitad de los ciudadanos consultados (48%) cree que Cristina Kirchner toma las decisiones importantes en el Gobierno, frente al 38% que le asigna ese papel a Alberto Fernández.
Tampoco puede olvidarse que la embestida contra Horacio Rodríguez Larreta fue una idea original de Cristina Kirchner, ya desde los reproches que la vicepresidenta le hacía a Alberto Fernández cuando no se hablaba de otra cosa que del coronavirus y el primer mandatario compartía con el jefe de gobierno porteño y con Axel Kicillof prolongadas conferencias con ratings televisivos comparables a los de un partido de la selección argentina de fútbol.
Pero el dato que reveló la capacidad del kirchnerismo de condicionar la gestión gubernamental fue el anuncio de los senadores nacionales del Frente de Todos de que pensaban reestructurar la fórmula de movilidad jubilatoria que había diseñado el Poder Ejecutivo. El inminente aumento del 5% a los jubilados no fue aceptado por los parlamentarios solo como un incremento a cuenta de la mejora que se hará efectiva en marzo. Además, se acordó que no habrá aumentos semestrales como proponía el Gobierno, sino que serán cuatro trimestrales.
Esas modificaciones permitirían abroquelar a los bloques legislativos del oficialismo y avanzar hacia la sanción de la nueva ley, que seguirá contemplando una fórmula para la actualización de los haberes de los jubilados que contemplará tanto un coeficiente de variación de los salarios como el aumento en la recaudación dirigida al sistema previsional.
Si bien no pocos especialistas y los dirigentes de la oposición estiman que esa fórmula de movilidad perjudicará el año próximo a los jubilados, puesto que no contemplará el nivel de aumento de la inflación, que se espera mayor al de 2020, la resistencia puesta de manifiesto por el kirchnerismo plantea el interrogante acerca de si podrá hacer el gobierno de Alberto Fernández todo el ajuste que le pide el FMI y que el ministro Martín Guzmán creería que se puede ejecutar.
Tras los primeros indicios de resistencia al ajuste, la otra duda que queda flotando es si podrá suceder lo mismo a la hora de los aumentos de tarifas de servicios públicos y la consecuente reducción de subsidios que, según la expectativa del Ministerio de Economía, ayudaría a bajar el déficit fiscal.
La intención de Guzmán, manifestada a dirigentes empresariales, es disminuir el déficit del Estado de manera más rápida incluso que la planteada en la ley de presupuesto 2021. La norma proyecta un rojo fiscal del 4,5% y el ministro afirma confiar en que será menor al 4%. Del mismo modo, el titular del Palacio de Hacienda busca limitar el incremento de los subsidios económicos con aumentos tarifarios graduales por la menor asistencia del Estado. Así, pretende avanzar hacia una menor dependencia de la emisión monetaria para financiar el déficit.
Cómo se conciliará la estrategia del Palacio de Hacienda con la estrategia electoral del kirchnerismo es la gran disyuntiva que llega incluso a los integrantes de la misión técnica del FMI, organismo con el cual el Estado argentino debe renegociar la deuda de aproximadamente 44.000 millones de dólares.
Es claro que desde el kirchnerismo se observa con especial preocupación el nivel de insatisfacción de la población en materia económica. Sin embargo, sus conclusiones no siempre encajan con lo que señalan ciertos relevamientos de opinión pública. Cuando el Congreso se apresta a aprobar definitivamente el llamado impuesto a las grandes fortunas, convendría prestar atención a un dato de la citada encuesta de Pérez Aramburú & Asociados.
Frente a la pregunta "¿Qué cree que es lo mejor para la economía del país: que haya impuestos altos para que el Estado ayude a los más necesitados o que haya menores impuestos para alentar la creación de trabajo e inversiones?", el 75% se inclinó por menores impuestos para generar más empleos y solo el 17% se declaró en favor de impuestos más altos para ayudar a los que menos tienen.
Lo llamativo del caso es que, entre quienes manifiestan preferencias políticas por el kirchnerismo, el 53% se expresó en favor de menores impuestos, contra el 41% que propone mayores impuestos. Un mensaje para Máximo Kirchner y para los fanáticos del impuesto a la riqueza.
