Otra condenable incitación a la violencia
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LA NACION
La señora Hebe de Bonafini padece, desde hace años, una gravísima confusión. Ha dado por supuesto que la condición de madre de dos hijos desaparecidos durante la dictadura militar la autoriza a apartarse permanentemente del orden de la legalidad. Con no pocos cómplices entre diversas vertientes de la izquierda radicalizada, se ha expresado de nuevo violentando el espíritu del principio de igualdad ante la ley, en el que la Constitución nacional aúna en derechos, pero también en deberes, a todos los ciudadanos.
Años atrás se puso, primero, a la cabeza de un grotesco enjuiciamiento popular en la Plaza de Mayo a un conjunto de periodistas contrarios a su ideario y críticos, además, del autoritarismo kirchnerista. Lideró también reiterada y amenazantemente marchas frente al Palacio de Tribunales, como vocera de actos de intimidación temeraria contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mucho tiempo antes, se atrevió a festejar el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York .
A partir de un protagonismo nacido de circunstancias dolorosas hace unos cuarenta años, su persistente presencia en el escenario público ha estado muy lejos de constituirse en ejemplo de civilidad para sus coterráneos. Todo lo contrario: año tras año acentúa un perfil caracterizado por su alzamiento contra los valores esenciales de la República y explicita, más y más fervorosamente, su violento partidismo contra quienes piensan de manera distinta a la de ella, desenfundando para ello groserías, insultos y provocaciones de variado tenor.
No es ninguna sorpresa que Cristina Kirchner sea, en el plano nacional, su heroína, como los Castro , los Chávez o los Maduro lo han sido en el plano externo, aunque habrá que reconocer que la expresidenta argentina, a pesar de sus explosiones temperamentales, se ha abstenido de cruzar los límites que la señora Bonafini franquea con pasmosa habitualidad.
La condición de madre de desaparecidos no le otorga prebendas para desentenderse del cumplimiento de la ley. De hecho, debe aún muchas explicaciones sobre hechos de corrupción que la involucran como protagonista principal. Tampoco debería ampararse, para asumir comportamientos inmorales o contradictorios con la legalidad, en quienes han sufrido la pérdida de hijos, nada menos que por haber combatido como soldados a quienes se rebelaron, armas en mano, contra gobiernos constitucionales y cometieron crímenes horrendos.
Tiempo atrás, esta señora expresó en público su esperanza de que hijos de actuales gobernantes se convirtieran algún día en guerrilleros, ensalzando vengativamente una vez más algunas conductas que ensangrentaron el país y que fueron después reprimidas con uso equivalente de una fuerza igualmente despiadada, en patético contrapunto siendo ella una defensora, precisamente, de hijos.
La semana pasada, en la tradicional ronda de madres en la Plaza de Mayo que le brinda el escenario para sus bravuconadas, Bonafini propuso practicar con las nuevas pistolas Taser adquiridas por el Estado tomando como blanco a hijos del Presidente, de la gobernadora de Buenos Aires y de la ministra de Seguridad. En ese ensayo podrían demostrarse, según la sugerencia formulada, los efectos no letales de las armas que acaban de comprarse. Por si fuera poco, con el mismo nivel de peligrosa y devariante liviandad abogó por la quema de campos sembrados con soja.
Más llamativo que estas incendiarias palabras de quien añora los años setenta es el silencio de los líderes políticos, así como la inacción de la Justicia. ¿Dónde está el fiscal que tome de oficio este caso, dónde el juez que impulse por sí una investigación? ¿Quién debe marcar el límite de impunidad que no ha de traspasar la lengua filosa y violenta de quien confirma con sus dichos y su conducta su oposición a los valores democráticos y al respeto a los derechos de todos?
Dos mujeres se han hecho cargo de lo que nadie asumió debidamente todavía: las diputadas de la Coalición Cívica Lucía Lehmann y Marcela Campagnoli denunciaran a Bonafini ante la Justicia por incitación a la violencia colectiva e intimidación pública. Al menos dos instituciones privadas -el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Confederaciones Rurales Argentinas- emitieron declaraciones de condena por lo sucedido. Será que ya a poco sorprenden estos tan desafortunados como condenables improperios a los que nos tiene acostumbrados la titular de Madres de Plaza de Mayo.
Es de desear que jamás nuestra sociedad se acostumbre a quienes, aun en solitario, pretendan consagrar relaciones de violencia entre sus miembros como las que ella propone. La condena social no ha de ser suficiente cuando se subvierten tan trastornadamente los valores. Ha de ser, sin duda, la Justicia la que vuelva a poner las cosas en el lugar del que nadie debe sacarlas.
