¿Quién gana con el paro?
Los paros generales como el de hoy resultan inconcebibles en la mayoría de los países democráticos. Nadie discute el derecho de huelga en sectores específicos y por razones fundadas, pero las medidas de fuerza generales solo pueden apuntar a torcer la voluntad de un gobierno, cuando para lograr este propósito están las elecciones.
Es probable que para algunos este cuarto paro del sindicalismo contra el gobierno de Mauricio Macri encuentre en esta oportunidad mayores argumentos que las anteriores jornadas de protesta.
Resulta evidente que los aumentos salariales vienen perdiendo ampliamente ante la inflación en lo que va de 2018, que el poder adquisitivo de los trabajadores ha agudizado su caída en términos reales, que el miedo a perder el trabajo ha crecido en las encuestas que miden las principales preocupaciones de la ciudadanía y que la crisis ha golpeado fuertemente a algunas actividades económicas.
Concretamente, el titular de la Unión Obrera de la Construcción ( Uocra ), Gerardo Martínez , aseveró que en los dos últimos meses se perdieron unos 25 mil puestos de trabajo en esa área, al tiempo que Luis Barrionuevo dio cuenta de unas 16 mil fuentes laborales perdidas en el sector gastronómico, por citar dos ejemplos.
Entre las reivindicaciones que ha puesto de manifiesto la CGT figuran la necesidad de una decisión política que frene los despidos tanto en el sector público como el privado, el adelantamiento de las cuotas pendientes de incrementos salariales acordados este año y la reapertura de negociaciones paritarias. Un gran número de gremios firmaron con los representantes de los empleadores cláusulas de revisión de los convenios salariales suscriptos en los últimos meses y no debería ser necesario un paro general de actividades para que los respectivos sectores se sienten a negociar correcciones.
Pero más allá de las citadas reivindicaciones, el discurso de los dirigentes sindicales parece tener como blanco al FMI , que como prestamista de última instancia está aportando recursos a una tasa levemente mayor al 4% anual. ¿Añorarán algunos de sus críticos los préstamos que, durante la era kirchnerista, facilitaba a la Argentina el gobierno de Hugo Chávez a cambio de tasas del 15% anual en dólares y de millonarios negociados con títulos públicos?
En algunas pancartas exhibidas en las últimas horas por el sindicalismo más combativo podían leerse consignas contra el Fondo Monetario, el gobierno de Macri y los gobernadores provinciales que, mayoritariamente peronistas, dialogan con las autoridades nacionales. Todo un símbolo de que, detrás del paro, como de costumbre, se cuelan disputas por el poder en la oposición.
La medida de fuerza ocasionó pocas diferencias entre los distintos sectores de la CGT . Los dirigentes más dialoguistas, como los liderados por Gerardo Martínez , José Luis Lingeri o Armando Cavalieri hubieran preferido postergarla. Pero el temor de otros integrantes de la principal central sindical de verse corridos por los sectores más combativos y de izquierda con los cuales se enfrentan dentro de sus gremios los condujo, una vez más, a tomar la delantera con la convocatoria al paro. La presión del camionero Hugo Moyano y de los gremios del transporte fue otro factor no menor que impactó en la decisión.
Los sectores más combativos, junto al moyanismo y a los gremios del transporte y al kirchnerismo, terminarán adueñándose de una protesta en la que mucho influye la necesidad de algunos dirigentes de escapar de las causas judiciales en las que están acorralados.
No motiva a la mayoría de estos sectores una ética solidaria ni la justicia social, sino el miedo a terminar presos. Impera en ellos una extraña convicción de que el recalentamiento del clima social tornaría caótico el escenario político y pondría fin a sus penurias en los tribunales. Temen tener que explicar sus abultados e inexplicables patrimonios personales; temen ver auditados seriamente los fondos que han administrado sin mayores controles tanto en gremios como en obras sociales, incluidos sus vergonzosos contratos con empresas fantasmas gerenciadas por sus familiares. Varios gremialistas, como Omar "Caballo" Suárez (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), Juan Pablo "El Pata" Medina (Unión Obrera de la Construcción de La Plata) y Marcelo Balcedo (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación) están procesados y detenidos, acusados de asociación ilícita. Otros, como Hugo y Pablo Moyano o Víctor Santa María (encargados de edificios) están siendo investigados por la Justicia.
Es curioso que, una vez más, quienes cuestionan al Gobierno por no impulsar el sistema productivo recurran a un cese forzado de actividades que paralizará por 24 horas el sistema productivo. Más que por proteger la producción, parecen preocupados por preservar privilegios que reconocen estafas millonarias contra los propios trabajadores de sus gremios a los que dicen defender.
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