Un acuerdo imposible pero imprescindible
El presidente volvió a subir al ring a Axel Kicillof al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, pero la crisis de inseguridad en la provincia de Buenos Aires exigirá cooperación y una política de Estado
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LA NACIONFernando Laborda
Javier Milei sabe que sus votantes podrán perdonarle muchos de sus errores con solo advertir lo que hay en la vereda que ocupan sus opositores kirchneristas y mientras el combate contra la inflación siga arrojando resultados auspiciosos. Como quedó demostrado anoche, cuando inauguró el nuevo año legislativo, el Presidente gana en confianza cuando habla de sus logros económicos y los compara con el desempeño de las gestiones de sus mayores adversarios.
Las derivaciones del escándalo por la criptoestafa, que ya ha llegado a importantes medios internacionales como The New York Times y The Economist, siguen golpeando a su gobierno. Sin embargo, el Presidente se las ha ingeniado para seguir dominando la agenda de la opinión pública y lograr que ese tema quede relegado frente a otras cuestiones que preocupan a la sociedad, como el flagelo de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
No es un tema nuevo para los bonaerenses. Pero hechos conmocionantes ocurridos en los últimos días, como el asesinato de la niña de 7 años Kim Gómez en La Plata, arrastrada por el auto que dos adolescentes de 14 y 17 años acababan de robar; el crimen del joven Lucas Díaz por motochorros que lo balearon en Tortuguitas delante de su pareja y su bebé, o el de Silvia Lepez en Munro, cuando dos sujetos intentaron robar su camioneta, encendieron las alarmas de la sociedad.
Siete de cada diez bonaerenses consideran la inseguridad como principal preocupación ciudadana, según una encuesta de RDT Consultores, cuyo informe asegura que el impacto de este problema en la opinión pública es mayor que el del criptogate en Milei, lo que da cuenta de una debilidad estructural en la gestión de Axel Kicillof que el Presidente busca capitalizar subiendo al ring al gobernador provincial. Cuando en ese sondeo, efectuado entre 807 encuestados en el territorio bonaerense del 16 al 20 de febrero, se preguntó quién es el principal responsable por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, el 45% mencionó al gobierno de Kicillof y solo el 16,5% a la administración de Milei, aunque el 33,7% citó a ambos gobiernos como culpables por igual.
Al primer mandatario le gusta jugar fuerte. Lo volvió a demostrar con su tuit del viernes pasado en el que, tras calificar al distrito bonaerense como “un baño de sangre”, dirigiéndose a Kicillof, afirmó: “Gobernador, dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.
¿Está pensando realmente Milei en una intervención federal a la provincia de Buenos Aires, como se desprende de su posteo? Una lectura literal de ese mensaje indicaría que sí. No obstante, colaboradores del Presidente, con su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la cabeza, aclararon que no hay ninguna posibilidad de que algo así pueda ocurrir, ni que el jefe del Estado lo esté planteando. Para Francos, pudo haberse tratado de un simple error gramatical en el texto del tuit: según él, Milei no quiso decir “intervenir la provincia”, sino “intervenir en la provincia”, del mismo modo que las fuerzas de seguridad a cargo del Estado nacional están colaborando en Rosario para reducir el crimen. Premeditada o involuntariamente, los mensajes del Presidente en las redes sociales siguen deparando confusión.
Los requisitos que contempla la Constitución para una intervención federal a una provincia no coinciden con la situación de inseguridad que describe el jefe del Estado en su tuit. El artículo 6 de la Ley Fundamental señala que “el gobierno nacional interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o invasión de otra provincia”. De igual modo, la intervención solo puede ser dispuesta por el Congreso.
Anoche, Milei pareció aclarar sus polémicos dichos, cuando afirmó que Kicillof tiene dos alternativas: “abandonar su visión abolicionista” en materia penal o “correrse y dejarnos resolver el problema”. Paralelamente, fue sugestivo que la ovación de la jornada se la llevara su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Anticipo de una candidatura en las próximas elecciones?
Lo cierto es que el posteo de Milei pareció unir a quienes hasta pocas horas antes protagonizaban una encarnizada lucha de poder en el peronismo: la líder del partido, Cristina Kirchner, y el propio gobernador bonaerense. Ambos acusaron al Presidente de pretender dar un “golpe institucional” con su llamado a “intervenir la provincia”.
Derrapó Kicillof cuando sostuvo que “Milei es el principal responsable del narcotráfico”. Al fundamentar esa afirmación, el mandatario provincial dijo que el incremento de la violencia y el crimen está asociado al narcotráfico, que la provincia de Buenos Aires no produce droga y que esta, para llegar, debe recorrer 1500 kilómetros y fronteras nacionales. Concluyó así que “esto es responsabilidad del gobierno nacional”. Sin decirlo directamente, Kicillof terminó responsabilizando a los gobiernos nacionales kirchneristas, que administraron el país durante 16 de los últimos 21 años.
En su respuesta a Milei, Kicillof reclamó del gobierno nacional 750 mil millones de pesos del Fondo para la Seguridad. Desde la Casa Rosada, se sostiene que el flagelo de la inseguridad en la provincia no se solucionará con un simple aumento de partidas presupuestarias en tanto persista en las autoridades bonaerenses un sesgo ideológico que tiende a proteger a los victimarios antes que a las víctimas y en tanto no haya un plan integral contra la delincuencia.
Ni la expansión de las redes del narcotráfico ni el crimen organizado serán pulverizados sin una firme voluntad política que vaya más allá de medidas aisladas
Mientras arrecian las chicanas de cara al año electoral que transita el país, los argentinos sufren un problema que exige políticas de Estado. Su gravedad surge con claridad si se analiza un estudio del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) realizado a fines de 2024, que se concentra en adolescentes de 16 a 22 años de villas de emergencia del conurbano bonaerense. El trabajo exhibe los trágicos rasgos de una nueva forma de pobreza: la de jóvenes que apenas cumplen las condiciones para llevar una vida humana, quemados por la droga, con familias diezmadas y en contacto con una cultura de la delincuencia que tiene en los dealers a sus principales o únicos referentes.
¿Qué hizo el kirchnerismo en sus años de gestión gubernamental frente a ese flagelo? Propagó la cultura de la dádiva junto a una cultura del resentimiento hacia quienes buscaran mejorar sus condiciones de vida a través del trabajo honrado y del esfuerzo. El modelo de los planes sociales sucumbió en medio de la crisis de un Estado ineficiente que procuraba financiarse con una cada vez mayor dosis de emisión monetaria e inflación, que constituye el más regresivo de todos los impuestos y el que más golpea a los sectores más empobrecidos de la sociedad.
Al tiempo que, desde la Casa Rosada, Alberto Fernández se pronunciaba despectivamente respecto de la meritocracia, Kicillof justificaba el narcomenudeo como una suerte de salida laboral, cuando expresaba públicamente que “hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”.
El kirchnerismo profundizó la miseria y la marginalidad de muchos jóvenes, algunos de los cuales encontraron una falsa salida en la venta y el consumo de drogas. Los más trágicos y recientes hechos delictivos registrados en el distrito bonaerense demuestran que en la génesis de la ola de extrema violencia que azota a la población está el narcotráfico. Estamos ante delincuentes juveniles dispuestos a cualquier cosa porque ni sus vidas ni las vidas de los demás tienen para ellos algún valor.
En el ranking de preocupaciones de la sociedad efectuado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA, la inseguridad y la delincuencia ocupan el primer lugar, al ser mencionadas por el 66% de los 1117 encuestados en 11 grandes conglomerados urbanos del país entre el 17 y el 23 de febrero. Las sigue el funcionamiento de la Justicia, con el 51%; tanto la corrupción como la pobreza alcanzan el 50%, y el narcotráfico llega al 47%,
Según el mismo relevamiento, el 60% opina que debería bajarse la edad de imputabilidad de los delitos, que hoy es de 16 años. El 57% de quienes eso piensan consideran que tendría que reducirse hasta los 12 años de edad.
El 60% de la población opina que debería bajarse la edad de imputabilidad de los delitos
Nueve de cada diez personas creen que los delitos graves no reciben el castigo adecuado, como producto de que el 53% sostiene que esos actos no tienen por lo general condenas acordes con su gravedad, en tanto otro 38% considera que las penas no se cumplen en su totalidad.
La batería de reformas que propuso Milei en materia penal, incluida la baja de la edad de imputabilidad por delitos, apunta a satisfacer aquellas demandas sociales que exhiben los estudios de opinión pública.
Pero lo cierto es que ni la expansión de las redes del narcotráfico ni el crimen organizado serán pulverizados sin una firme voluntad política que debe ir más allá de medidas aisladas. Antes de que sea demasiado tarde, es necesario diseñar una política de Estado contra el crimen organizado. Y mal que les pese a los dirigentes de una y otra fuerza política, la solución al flagelo que hoy castiga a buena parte del área metropolitana de Buenos Aires y a otras zonas de la mayor provincia argentina solo se alcanzará mediante la cooperación entre las autoridades nacionales y provinciales.
La lucha contra la inseguridad y el narcotráfico exige una política de Estado
Cuando el general José de San Martín preparaba en Mendoza al Ejército de los Andes para cruzar la Cordillera, se suscitó un inolvidable intercambio epistolar entre el Libertador de América y el entonces director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón. En una carta en la que este hace lugar a un pedido de armamento y provisiones que le había hecho el jefe militar, Pueyrredón termina rogándole: “No me vuelva a pedir más, porque lo que usted quiere hacer es imposible...”. La sorprendente respuesta de San Martín no se hizo esperar: “General Pueyrredón, gracias por el envío. Lo recibiré en los próximos meses. Le agradezco todo lo que ha hecho. Usted tiene razón; lo que quiero hacer es imposible, pero es imprescindible”.
Como señala el filósofo Santiago Kovadloff en relación con aquel episodio histórico, más de una vez renunciamos a lo imprescindible porque se cree que no hay manera de alcanzarlo, quedándonos entonces en el campo de lo posible, que muchas veces está unido a la resignación antes que al realismo, y a la claudicación ética antes que a la comprensión de la realidad.
En el razonamiento sanmartiniano, los riesgos de hacer únicamente lo posible son mucho mayores que los peligros de consagrarnos a realizar lo imprescindible. La lucha contra la inseguridad y el narcotráfico exige una política de Estado. Requiere ello un amplio consenso derivado de la voluntad política de oficialismo y oposición para un acuerdo sólido y duradero, que deje al margen cualquier especulación electoral. Sin duda se trata de algo que hoy parece imposible, pero que resulta imprescindible para no seguir lamentando más hechos como los que terminaron con las vidas de Kim, de Lucas o de Silvia.
Tipo de trabajo:
opinión
