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Aceptaron como querellante al Gobierno en la causa que promovió contra la AFA y Tapia por apropiación indebida de tributos
El juez en lo penal económico Diego Amarante le reconoció a la ARCA el rol de acusador en el caso; podrá acceder al expediente, pedir medidas de prueba y apelar decisiones
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LA NACION
El juez en lo penal económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante en la causa en la que el Gobierno denunció a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio Tapia, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por miles de millones de pesos.
Como querellante, la ARCA oficiará de acusador en paralelo con la fiscalía. Podrá acceder al expediente, pedir medidas de prueba, participar de los peritajes que se ordenen y recurrir decisiones con las que no esté de acuerdo.
Según la denuncia que el Gobierno presentó en diciembre pasado, la División Recaudación de Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones.
La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado penal económico de Amarante, que hoy aceptó al ARCA como querellante. Como fiscal interviene Claudio Navas Rial.
La ARCA acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días.
Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables, es decir, que sean llamados como sospechosos.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de Claudio Chiqui Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
El nudo de la acusación es una supuesta maniobra delictiva tipificada en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
Según la ARCA, la AFA actuó como agente de retención -descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales- pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines.
La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Con un cuadro, la agencia advirtió sobre las moras. Para el período de diciembre de 2024, la mora fue de 313 días. Para 2025, de 285 días.
La denuncia no se limita a la persona jurídica. ARCA solicita investigar a las personas físicas responsables de la administración.
El documento identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, y señala que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
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