Acuerdo con el FMI: el Gobierno busca blindar el DNU y apura su ratificación en Diputados

Después de siete meses de mantenerla inactiva pese a la relevancia de su función –revisar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo-, al oficialismo le asaltó el apuro y convocó, para mañana, a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El objetivo: ratificar, cuanto antes, el decreto que habilita al Gobierno a sellar un nuevo acuerdo para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A diferencia de los DNU que el Gobierno ya emitió y siguen cajoneados en la Comisión Bicameral, a la Casa Rosada le urge dar una señal (tal vez a sugerencia del propio FMI) de que este decreto en particular cuenta con un aval político explícito. Para ello basta con que una de las dos cámaras del Congreso lo ratifique; este es el requisito mínimo que exige la ley que regula los DNU. La cámara elegida es la de Diputados; en el Senado, en cambio, el kirchnerismo –que domina el cuerpo- tiene posibilidades reales de reunir los votos su rechazo.

En la Cámara baja la oposición todavía no unificó una postura sobre qué hacer con el DNU de la deuda. El oficialismo busca aprovechar ese estado de desorden en sus rivales para apurar el dictamen en la Comisión Bicameral; señal de ese apuro fue que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no utilizó los diez días hábiles que le otorga la ley para enviar el decreto al Congreso y lo remitió ayer mismo para su tratamiento parlamentario.

El siguiente paso en esta jugada fue convocar, para mañana a las 13:30, a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El objetivo del oficialismo es despachar allí mismo el dictamen y evitar, en lo posible, la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para que explique las condiciones del nuevo acuerdo, un reclamo de la mayoría de la oposición.

El último paso en esta estrategia será llevar rápidamente el dictamen al recinto de la Cámara de Diputados: en el oficialismo confían que la Pro y la UCR lo apoyarán y que el resto de los bloques, aunque molestos con que el Poder Ejecutivo haya apelado a un DNU para sellar su acuerdo con el FMI, terminarán por acompañar para no quedar en la misma vereda del kirchnerismo.

“El oficialismo quiere apurar el trámite sin dar explicaciones sobre el acuerdo y arriarnos a todos a una sesión confiando en que tienen los votos. Se arriesga demasiado y el tiro le podría salir por la culata. Lo mínimo que deberían hacer para asegurar el apoyo de los bloques dialoguistas es traer a los funcionarios de Economía a la Comisión Bicameral”, aconsejaba ayer un legislador opositor de diálogo fluido con la Casa Rosada.

La oposición se divide entre dos posturas. Los más críticos proponen rechazar de plano el DNU por considerar que el Poder Ejecutivo avasalla una competencia propia del Congreso, consagrada en la ley de sostenibilidad de la deuda aprobada en 2022, que establece claramente que toda operación de crédito público con el FMI debe ser aprobada por ley en ambas cámaras.

“Contraer esta nueva deuda sin una ley expresa del Congreso Nacional torna a la misma ilegal e ilegítima”, advirtió el bloque de diputados de Unión por la Patria, presidido por Germán Martínez.

“El DNU 179/25 firmado por el Presidente y todo el gabinete de ministros no da cuenta de un mínimo de condiciones contenidas en el presunto acuerdo -insisten en el kirchnerismo-. No especifica el monto, no aclara el destino de los fondos, la tasa de interés, ni prevé una excepción de financiamiento de fuga de capitales. En este sentido y teniendo en cuenta que el actual equipo económico es el mismo que firmó el acuerdo político durante el macrismo -cuyas consecuencias son harto conocidas por todos- es que advertimos que estamos frente a un cheque en blanco que deriva “en un futuro paga Dios”.

Otros bloques, como Democracia para Siempre y Encuentro Federal, coinciden en que el Gobierno debería, cuanto menos informar, al Congreso sobre la “letra chica” del acuerdo, información que el Gobierno excluyó del contenido en el DNU. El decreto se limita a informar que el crédito que se contraerá con el Fondo se utilizará para cancelar una parte de la deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central (Letras Intransferibles) y que tendrá un plazo a 10 años, hasta 2035. Los pagos comenzarán a partir de mediados de 2029.

Sin embargo, para los opositores esta información contenida en el decreto es incompleta y reclaman que los funcionarios del área de Economía detallen las condiciones del acuerdo por firmarse, por caso, si este pacto implicará un endeudamiento adicional y qué destino tendrán estos fondos frescos. Muchos sospechan que el Gobierno los utilizará para mantener planchado el tipo de cambio con motivos electorales.

El propio expresidente Mauricio Macri expresó sus reparos al mecanismo del DNU para sellar el acuerdo con el FMI. “Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza”, sostuvo el exmandatario quien, no obstante, respaldó las negociaciones que lleva adelante el Gobierno. “Hay que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible. Sería bueno volver a poner el presupuesto sobre la mesa”, sugirió.

Los diputados radicales nucleados en Democracia para Siempre también lamentaron la “opacidad” en la que incurre el Gobierno por pretender aprobar una renegociación de la deuda por decreto. “Un acuerdo sin institucionalidad y transparencia implica seguir destruyendo la confianza que Argentina necesita para crecer”, plantearon.

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