Acusan al titular de la IGJ de desconocer la división de poderes

La asociación Profesores Republicanos cuestionó en duros términos la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), que conduce Ricardo Nissen, quien se desempeñó como apoderado de los hijos de Cristina Kirchner en la firma Hotesur, por desconocer un fallo judicial e impulsar el juicio político de los magistrados que rechazaron una medida adoptada por el organismo.

Bajo el título “Una Falta de Respeto al Estado de derecho”, más de medio centenar de docentes de diferentes grados y especialidades acusaron a la IGJ de desconocer la división de poderes, el debido control de los actos de Gobierno que la Constitución la reconoce a la Justicia y de manejarse de manera autoritaria al insistir con medidas declaradas nulas en los estrados judiciales.

Además, le reclamaron al ministro de Justicia, Martín Soria, de quien depende la IGJ, que tome medidas ante la reiteración de conductas a contramano de la Constitución Nacional adoptadas por Nissen.

El colectivo Profesores Replicanos cuestionó la decisión del organismo de desconocer el fallo de la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial, que dejó sin efecto una resolución de la IGJ que disponía la obligatoriedad de respetar el cupo femenino del 50% en los directorios y órganos de fiscalización de sociedades y empresas.

Como respuesta a esa medida, la IGJ dictó otra resolución desconociendo la decisión judicial y que, además, impulsó la denuncia ante el Inadi y el Consejo de la Magistratura de los jueces que firmaron la sentencia.

“La IGJ desprecia el camino del recurso judicial que le cabía interponer y, autoritariamente, ratifica las resoluciones que legítimamente invalidó el Poder Judicial”, sostuvo Profesores Republicanos.

En su comunicado, la asociación aseguró que “la conducta de la IGJ viola también el control de legalidad y el principio de revisión de los actos administrativos por parte del Poder Judicial, que ha sido una ‘conquista del Estado de derecho’, tutelado en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“Constituye un hecho de gravedad institucional que la Resolución 12/2021, en su parte dispositiva, disponga denunciar a los jueces firmantes ante el Inadi y el Consejo de la Magistratura como mecanismo persecutorio y de amedrentamiento”, agregó el comunicado.

Entre los firmantes se encuentran destacadas figuras en sus áreas profesionales como Santiago Kovadloff, Ada Gambier, Horacio Roitman y Alicia Bour, entre otros.

La asociación “reivindica la equidad de género” como un principio ético y de justicia y mecanismo de “igualdad de trato y oportunidades entre un hombre y una mujer”, pero rechaza su uso “como mecanismo de imposición de igualdad, pues se trata de una falacia que perjudica a la mujer”.

“Mucho menos cuando el cupo se crea por un reglamento de bajo rango legal, pero que avanza sobre la libertad de las personas al ponerles obligaciones que la ley no impone”, agregaron.

En ese sentido, Profesores Republicanos calificó la actitud de la IGJ como “un claro exceso de intromisión estatal”.

“El Ministerio de Justicia deberá, en resguardo de los principios republicanos, revisar y controlar la conducta del titular de la IGJ que, en reiteradas oportunidades, ha sido indiferente a los límites que impone nuestra Constitución Nacional”, concluye el duro comunicado de la asociación.

LA NACION

• Inspección General de Justicia

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