ADEPA rechazó la denuncia penal promovida por Agustín Rossi contra periodistas y medios
La institución consideró que no es “concebible en el sistema democrático” la persecución a periodistas y medios de comunicación
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LA NACION
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo a la denuncia penal que promovió el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro y los diarios Clarín y LA NACION por haber publicado artículos en los que menciona un pedido de informes de diputados opositores vinculado a la existencia de una supuesta “mesa militar” dedicada al espionaje ilegal.
“El interés público y actualidad que presenta la información difundida por los periodistas, así como la circunstancia de constituir información emanada del propio Estado, en el marco de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación y con motivo de la posible comisión de delitos por parte de fuerzas de seguridad, colocan a la información difundida en el uno de los ámbitos centrales de protección de la libertad de expresión consagrada en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional”, señaló la institución en una declaración pública
Añadió que “la utilización del sistema penal como forma de persecución a periodistas y medios de comunicación por la difusión de información estatal, no es concebible en un sistema democrático, respetuoso de los derechos humanos y de las garantías consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica”.
Consideró que la amenaza penal “constituye un fuerte incentivo a la autocensura” y recuerda que, por ese motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en forma constante su uso. “ADEPA ya se ha pronunciado en forma contraria la aplicación a periodistas de las figuras penales contenidas en la Ley de Inteligencia Nacional para el caso de la violación de secretos”, indicó la declaración. La sanción contemplada en la ley de inteligencia -consideró- solo puede estar destinada a los integrantes y empleados de AFI y funcionarios públicos o particulares que acceden a ella con motivo de las funciones o tareas que desempeñan.
ADEPA destaca que le periodista no incurre en delito cuando toma conocimiento de un dato confidencial: “El responsable es el funcionario, empleado o contratista responsable de permitir que la información llegara a un periodista, pero no es éste que, al acceder a ella y considerarla de interés público, decide difundirla para enriquecer el conocimiento de los ciudadanos sobre aspectos propios de la vida pública que conforman la esencia republicana”.
En el mismo sentido, hay pronunciamientos históricos en el mundo, como el de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso conocido como “los papeles del Pentágono” o la declaración de 2013 emitida en conjunto por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La denuncia
Rossi presentó el miércoles una denuncia penal contra periodistas y medios que, según él, revelaron información secreta cuando informaron sobre las sospechas de la existencia de una “mesa militar” a disposición del Gobierno. La denuncia fue sorteada y le tocó al juzgado federal 6, que momentáneamente está a cargo del juez Sebastián Ramos. El fiscal del caso será Carlos Rivolo.
“Estamos denunciando a Joaquín Morales Solá, Daniel Santoro, al diario Clarín y LA NACION por publicar nombres de agentes de inteligencia”, adelantó anoche Rossi en declaraciones a C5N. Esta mañana ingresó la presentación en la justicia federal porteña. Los delitos de los que acusa a los denunciados, según la pagina web del Poder Judicial, son la “revelación de secretos políticos y militares” en las dos versiones que prevé el Código Penal para esa figura, dolosa y culposa.
El responsable de la AFI cuestionó la supuesta difusión de nombres de agentes de Inteligencia, la presunta divulgación de la estructura y las funciones del organismo, y también la publicación de partes de la carta que él mismo le envió a la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Joaquín Morales Solá, que escribió la primera nota sobre el tema en LA NACION, contó que un pedido de informes de la oposición en la Comisión Bicameral de Inteligencia nombraba al militar Marcelo Granitto y a dos civiles: Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román.
Un dato llamativo de la denuncia de Rossi es que él mismo había dicho, en un diálogo con LA NACION posterior a la nota de Morales Solá, que Granitto no trabajaba en la AFI, “ni como contratado ni en planta permanente ni como personal de gabinete”.
En cuanto a Gómez Riera y Román, Rossi confirmó que el primero cumple funciones de asesor en el organismo, mientras que el segundo ocupa el cargo de secretario de Planificación de Inteligencia Nacional. “Román es historiador, es de Rosario, y milita conmigo hace veinte años”, afirmó Rossi, que dijo incluso: “No es ningún secreto, si hasta integró mi equipo para el área de Seguridad cuando pugné por ser candidato a gobernador de Santa Fe. Entró conmigo, es un funcionario político y se irá conmigo el 10 de diciembre”. Sobre el otro nombrado, sostuvo: “En cuanto a Gómez Riera, sí, antes trabajó en la dirección de Inteligencia Estratégica Militar, sí. ¿Y?”.
El pedido de informes de legisladores de Juntos por el Cambio hizo alusión a una “mesa militar” que funcionaría dentro de la AFI y que integraría, dijeron, un grupo de militares liderados por el teniente general retirado César Milani, exjefe del Ejército, que habría hecho espionaje prohibido.
Para la oposición, este grupo estaría dedicado a “la obtención y análisis de información respecto de militares en actividad y/o retirados”, y, además, tendría un enlace con empresas de telefonía para acceder a los registros de llamadas y mensajes de WhatsApp. Si bien Rossi negó la existencia a través de una carta a la Comisión Bicameral, la respuesta no conformó a la oposición, que reclamó más datos.
Este martes, Rossi justificó su ofensiva contra periodistas y medios. “Se trata de cumplir o no cumplir la ley. Cuando alguien infringe la ley hay que hacer la denuncia en la Justicia”, dijo. Además, el funcionario aseveró que la obligación de mantener el secreto respecto de las comunicaciones de la Comisión Bicameral de Inteligencia “también la tiene el periodista”.
Rossi insistió en su argumento y consignó que, como responsable de la AFI, debe “velar por el cumplimiento de la ley de Inteligencia” y proteger a los miembros del organismo.
LA NACION
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