Aguad fue citado a indagatoria por la deuda del Correo Argentino

Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas
Deberá declarar ante el juez Lijo, acusado de defraudar al Estado por un acuerdo considerado "abusivo"
Iván Ruiz
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22 de diciembre de 2018  

El ministro de Defensa, Oscar Aguad , deberá declarar como acusado por una supuesta defraudación al haber firmado un acuerdo "abusivo" por la deuda que el Correo Argentino , una empresa propiedad de la familia Macri, mantiene con el Estado.

La decisión fue tomada ayer por el juez federal Ariel Lijo , que le tomará indagatoria al ministro el próximo 28 de febrero. También deberán declarar su asesor jurídico en el entonces Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, y los directivos del Correo, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher.

El juez fundó su decisión en el dictamen firmado anteayer por el fiscal Gerardo Pollicita , quien había asegurado que los funcionarios firmaron un acuerdo "espurio" que resultó "abusivo y perjudicial para el patrimonio público", en beneficio de los intereses de la empresa.

Una fuente oficial que participó de las negociaciones aclaró: "Es una oportunidad para demostrar que teníamos razón sobre la conveniencia de que el Estado intentara cobrar un crédito de un deudor en convocatoria".

En el oficialismo remarcaron que el acuerdo firmado por Aguad después fue revocado por el presidente Mauricio Macri, quien decidió que la negociación con la empresa de su familia volviera a "foja cero".

Tal como ocurrió con el pedido del fiscal Pollicita, que no le atribuyó responsabilidad a Macri entre los hechos, el juez Lijo siquiera mencionó al Presidente en las 30 páginas de su resolución.

Macri fue imputado en la causa, pero fuentes judiciales aseguraron que "no hay ningún acto que lo vincule a la maniobra de defraudación".

En la descripción de los hechos, el fiscal afirmó que Aguad impartió instrucciones al director de Asuntos Jurídicos (Mocoroa) para llevar adelante el acuerdo con el Correo Argentino. "Pasaron de una posición ajustada a derecho a una actitud contraria, que beneficiaba a la empresa involucrada y perjudicaba los intereses estatales", escribió.

Pollicita tomó como pruebas distintos elementos que habían sido aportados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Por ejemplo, la nota interna que revelaba que el ministro Aguad ya conocía la oferta que el Correo Argentino realizaría para saldar su deuda con el Estado, tres semanas antes de que la empresa de la familia Macri presentara los papeles ante la Justicia.

"Los actos administrativos que se sucedieron fueron la forma mediante la cual los imputados buscaron dotar de aparente legalidad a aquello que constituía un acuerdo perjudicial, en el que el Estado se sometía solapadamente a la voluntad de pago de la sociedad", sostuvo Pollicita.

Una causa compleja

El fiscal Pollicita pidió la indagatoria el jueves y, apenas 24 horas, Lijo ratificó ese requerimiento. "La causa estuvo parada durante años y de repente nos llaman a indagatoria de un día para el otro", se quejó una de las partes implicadas.

El caso del Correo tiene abiertos varios expedientes en distintos fueros, en los que tanto la empresa como el Estado se reclaman deudas impagas mutuamente.

La causa por la defraudación que instruye Lijo estuvo prácticamente frenada durante más de un año, mientras el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigar su crecimiento patrimonial.

El momento de mayor tensión dentro de los tribunales de Comodoro Py se vivió cuando el fiscal Juan Pedro Zoni presentó el informe de la PIA, con medidas de prueba que el juez en ese entonces no impulsó. Después de esa presentación, Zoni fue desplazado de su cargo como fiscal federal.

La investigación, entonces, quedó a cargo del fiscal Pollicita, quien impulsó el pedido de indagatoria del actual ministro de Defensa con los siguientes argumentos: "Existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones y el Correo Argentino fue espuriamente concebido y, a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada, comprometió abusivamente al Estado, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción".

Por: Iván Ruiz

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