Ahora Cristina se desentiende del fiscal
El caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman quedó atrapado en una disputa entre los peritos oficiales y los designados por la parte querellante, que representa la doctora Sandra Arroyo Salgado.
El contrapunto no pudo resultar más grotesco en las últimas horas. Mientras la ex esposa de Nisman no ha dudado en denunciar un "magnicidio" y apuntó sus sospechas hacia Diego Lagomarsino, la fiscal Viviana Fein ha dado muestras de estar más preocupada por los testimonios de bellas mujeres con quienes Nisman habría tenido algún tipo de relación. El gobierno de Cristina Kirchner festeja en silencio estas contradicciones y la orientación de la causa hacia cuestiones que podrían terminar banalizando a quien acusó a la Presidenta y a su canciller de encubrir a los iraníes a quienes se les imputa el atentado contra la AMIA.
Tras casi dos meses, la investigación judicial no ha podido desentrañar algo que no debería resultar tan complicado, como develar si se trató de un homicidio, un suicidio o una muerte accidental. Y los conflictos, cada vez más subidos de tono, entre la fiscal y la parte querellante añaden una cuota de incertidumbre que, en términos políticos, ayuda al gobierno nacional a desentenderse del asunto y mirar para otro lado.
Desde un primer momento, a poco de conocerse el deceso de Nisman, la jefa del Estado buscó desacreditar sutilmente su figura, como cuando habló de una relación "íntima" entre el fiscal y Lagomarsino a través de la cadena nacional. La fiscal Fein pareció completar ese juego convocando a declarar a supuestas "novias" de la víctima. Parece muy difícil que, con todo lo que estaba en juego a partir del papel que cumplía Nisman como investigador del mayor atentado terrorista y como denunciante de la Presidenta, alguien pueda pensar en un crimen pasional.
El gobierno nacional se ha virtualmente desentendido del caso. Subsisten, sin embargo, muchos interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades. Entre otros, los vinculados con la lamentable labor de los custodios de la Policía Federal que debían proteger a Nisman y lo abandonaron a su suerte justo cuando se aprestaba a presentar ante el Congreso su grave denuncia contra Cristina Kirchner; también la posible liberación de la zona, una cuestión sobre la cual debería responder la Prefectura Naval, que además recibe un pago mensual por servicios de seguridad adicional del consorcio del edificio Le Parc; finalmente, la todavía sospechosa presencia del secretario de Seguridad, Sergio Berni, en el lugar del crimen.
El informe de los peritos designados por la doctora Arroyo Salgado concluye, en su ya famoso punto 12, que al momento de recibir el disparo, Nisman se hallaba con la rodilla derecha en el piso, una posición que permite imaginar que fue muerto a manos de un sicario, al tiempo que, de verificarse, comprometería a Lagomarsino. Si, como intuye la parte querellante, estuviéramos ante un crimen de signo mafioso contra un fiscal de la República, ningún gobierno podría hacerse el distraído.
En las últimas horas, sin embargo, Cristina Kirchner prefirió refugiarse en la campaña electoral, alentando a Daniel Scioli y Florencio Randazzo a calentar la interna del Frente para la Victoria y haciendo anuncios que seguirán incrementando el gasto público a cuenta de una mayor emisión monetaria que provocará más inflación y cuya factura será trasladada a su sucesor.
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