Alberto Dalla Vía: "Hay que reformar la ley de financiamiento electoral"

Alberto Dalla Vía es el presidente de la Cámara Nacional Electoral. A las puertas de un año de elecciones presidenciales dice que es "imprescindible" reformar la legislación sobre financiamiento de las campañas , que es una "hipocresía" la prohibición de aportes de empresas y que debería terminarse de una vez con las boletas múltiples de papel.

Además, cuenta que están trabajando en la búsqueda de herramientas para contrarrestar el efecto de las fake news que se difunden por las redes sociales y WhatsApp , y que, en violación de toda veda, pueden volcar en horas una elección.

-Las redes y WhatsApp cada vez influyen más, y las fake news parecen incontrolables. Pero las leyes electorales no mencionan siquiera internet.

-Porque es un fenómeno nuevo. No es malo recoger experiencia antes de legislar. Pero es un tema que se nos viene de golpe y con mucha fuerza. Hoy, todavía el ámbito central de debate en campaña es la televisión, pero vamos cada vez más a las redes sociales, sobre todo cuando uno hace mediciones por franja de edad. El tema es qué actitud se toma... Esto impacta en los derechos clásicos de libertad de expresión, en la afectación a la intimidad. Sumado al problema del origen o anonimato de quien produce la noticia.

-¿Es posible algún control?

-Sí, claro. Nosotros sacamos una acordada donde establecemos un registro para que los candidatos y los partidos puedan registrar sus sitios. Y estamos conversando con Google, Facebook, Twitter. La idea es llegar a acuerdos. Con Google encontramos una excelente disposición para que ellos mismos establezcan regulaciones vinculadas, por ejemplo, con el tema de la veda... WhatsApp es complicado porque se consideran conversaciones privadas. En Brasil, en la última elección, el día anterior se publicaron noticias falsas sobre el candidato contrario a Bolsonaro, Haddad. Eran sobre un presunto abuso de una menor. Recién a las 11 de la noche el candidato pudo aclarar el tema. Ahora se han tomado algunas medidas. WhatsApp limitó los grupos y coloca una leyenda cuando algo es reenviado. Todo corre muy rápido. En 2011 la publicidad en internet fue un 2%; en la última elección, más del 35%, y calculamos que será más. Y eso influye en los gastos de publicidad.

-¿Cómo podría regularse?

-Tenés la fórmula rusa y china, que vas preso, te sacan el sitio y además te controlan lo que vas a publicar vía censura, o tenés la fórmula norteamericana, que esto es libertad de expresión y termina siendo libertad de empresa, porque detrás hay empresas que ganan plata con los datos de la gente. Lo que han hecho Alemania y Francia, que acaban de sacar leyes, es un intermedio. Si hay 20 u 80 denuncias de ciudadanos sobre un sitio, te lo levantan y te aplican una sanción económica.

-¿Qué son 20 denuncias? Los trolls pueden hacer 50.000.

-Creemos más en despertar conciencia. ¿Cómo hacemos para que en la elección durante el momento que la gente está votando no se viole la veda? En Colombia y Paraguay no había carteles en la calle, pero mientras se votaba, a la gente le llegaban las noticias por el celular.

-Hablemos de financiamiento. Si yo le digo que las rendiciones de cuentas de los partidos son un dibujo, ¿usted lo negaría?

-Sí. Las rendiciones de cuentas están reguladas en la ley de financiamiento y la Cámara se ha preocupado para que no fueran un dibujo. Claro que existen irregularidades.

-La ley dice que las empresas no pueden aportar, ¿no cree que aportan igual?

-Ahí tenemos que superar la hipocresía. Hay un debate entre sectores políticos que creen que el financiamiento tiene que ser totalmente público y otros que creen que tiene que ser privado. El doctor Corcuera [el otro camarista electoral] y yo hablamos en el Senado; no nos parece mal que se contemple financiamiento privado. La Constitución dice: "El Estado contribuirá al sostenimiento" de los partidos políticos. "Contribuirá", no "financiará". Deja abierta la posibilidad de un financiamiento mixto. Lo que no podemos hacer es esconder la tierra bajo la alfombra. Si hay financiamiento de empresas tiene que ser rigurosamente claro. A nosotros no nos resulta grato como jueces ver que aparecen los mal llamados aportantes truchos.

-En el caso de los aportantes truchos de Cambiemos, ustedes decidieron que el caso lo siga la Justicia Electoral y no a la penal, ¿no es un alivio para los infractores, dada la gravedad de las distintas sanciones?

-No. Eso es un falso espejismo. Efectivamente, el Código Penal puede tener sanciones más graves si el delito es lavado de dinero o falsificación de documentación. Pero la intervención de la Justicia Electoral no implica que si se detecta un delito grave después no intervenga la Justicia penal. La Justicia Electoral justamente tiende a evitar la impunidad porque lo que ha pasado mucho es que en las cuestiones electorales han intervenido jueces penales, que tienen muchas otras causas graves, y al final lo electoral queda sin juzgamiento. O, al contrario, termina en una megacausa en Comodoro Py que nunca se resuelve.

-En la Justicia Electoral todavía no están aprobadas las principales cuentas de la última presidencial, ¿cómo se explica?

-Son procesos que recibieron apelaciones. Y no están aprobadas porque están desaprobadas.

-Pero no terminaron los procesos. No están aplicadas las sanciones.

-Tenemos un problema legislativo. La ley sobre reforma política que tiene media sanción regulaba el procedimiento electoral sancionador y elevaba a 25 el número de peritos auditores de la Cámara, que hoy son siete para todo el país. Y plantea la actualización de las sanciones. Como dice Zovatto, un experto en el tema, tenemos mandíbulas sin dientes porque la ley no nos da la suficiente sanción. Es absolutamente necesario actualizar la legislación.

-En 2019 se vuelve a votar con boletas de papel y urnas de cartón, ¿no hay un método superador?

-Sí, uno muy sencillo es la boleta única de papel. La Cámara Electoral acompañó la idea de ir a una boleta única electrónica. Puede ser de papel o electrónica. Pero se hace campaña con las boletas, se usan como un mecanismo punteril y como depende del Congreso cambiar el sistema, depende de que los partidos quieran. Hoy no parece que quieran.