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Altas y bajas del juicio a Angeloz
Situación: en el expediente que sirve de base para el juzgamiento del ex gobernador figuran pruebas de distintos niveles de complejidad.
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CORDOBA.- La acusación contra el ex gobernador de Córdoba Eduardo César Angeloz por supuesto enriquecimiento ilícito se apoya en distintos puntos que pueden caer durante el juicio o adquirir mayor fuerza, según resulten los testimonios y las pruebas documentales que se aporten en el juicio que pasado mañana ingresará en su segunda semana de audiencias.
"Se mezcló hojarasca con cosas a las que a Angeloz le va a resultar más complicado despegarse. El juez (de instrucción Manuel Molina) elevó todo a juicio para que se decidiera en un tribunal. Cuando la hojarasca caiga, Angeloz se verá beneficiado", estimó un importante dirigente radical de esta provincia que además es abogado, consultado por La Nación .
Según especulaciones de fuentes tribunalicias, entre las pruebas que los fiscales Jorge De la Vega y Carlos Ferrer no podrían esgrimir para sostener la acusación de enriquecimiento ilícito figurarían las vinculadas con los hijos del ex gobernador.
Una de ellas sería la firma Canmor S.A., cuyos directivos eran los hijos del ex mandatario, Eduardo y Carlos, y otro de los acusados, Oscar Ghezzi. Esta empresa instaló y explotó dos confiterías llamadas Freddy, ubicadas en el shopping Nuevocentro y en el Córdoba Shopping Center.
Tampoco podrían incluir a la sociedad Córdoba Pizza, integrada por Carlos Angeloz, Jorge Lerda (yerno del ex mandatario) y José Echegaray, por medio de la cual instalaron en el barrio Nueva Córdoba una sucursal de Pizza Cero.
En las mismas condiciones, estaría la firma Digmar SA, integrada por Lerda y por quien fue asesor de gabinete del ministro de Agricultura provincial, Fernando Eduardo Faya, que explota la carnicería Potrero 7, ubicada en el Mercado Sur de la ciudad de Córdoba.
En la mira
En cambio, no sería tan beneficiosa la posición del ex gobernador en lo que se refiere a la compra de Radiodifusora Mediterránea, permisionaria de la emisora LV2, último emprendimiento que figura en la larga acusación de los fiscales. "Este tema lo puede complicar porque hay un testigo que lo incrimina directamente a él", dijo el dirigente radical.
De acuerdo con la acusación, en este tema "se advierte la intervención directa de Angeloz ejerciendo verdaderas presiones dirigidas hacia los propietarios de la emisora, tendientes a procurar el dominio total de las participaciones correspondientes a los mismos".
La compra de esta empresa comenzó el 23 de agosto de 1990, cuando José Oreste Gaido (de quien los fiscales sospechan que podría haber sido testaferro de Angeloz y que, luego, figuró como único dueño de la radio) y Valsecchi compraron el 60 por ciento de las acciones a Gustavo Viramonte Otero, a Enrique Nores Bordereau y a Martín Rodríguez Brizuela, mediante un contrato que incluía una promesa de cesión por 50 mil pesos.
El 40 por ciento restante se lo compraron a Enrique Finochietti, el 14 de enero de 1991, mediante otro contrato de promesa de cesión. El precio fue más alto: 320 mil pesos, el 60 por ciento de las cuotas sociales de Establecimientos Gráficos Biffignandi SRL y espacios de publicidad en la radio.
Es justamente Finochietti el que hoy puede comprometer más al ex gobernador, ya que, según declaró en la causa, a fines de 1990 fue invitado por Angeloz a su despacho, donde el ex mandatario le habría dicho que quería comprarle su parte de LV2 porque ya había adquirido acciones con anterioridad.
De acuerdo con Finochietti, él le respondió que no tenía interés en vender. Quince días después, fue invitado nuevamente al despacho del entonces gobernador. Durante esa segunda reunión, según Finochietti, Angeloz le habría insistido para que vendiera porque tenía "interés político" en la radio, al tiempo que le habría dicho que el dinero para comprarla provenía de amigos de sus hijos que querían ayudarlo políticamente.
En su testimonio, Finochietti dijo que las negociaciones para esa transacción las había realizado con quien Angeloz había designado como representante: el entonces presidente del hoy desaparecido Banco Social de Córdoba, Jaime Pompas. Este ex funcionario fue condenado a seis años de prisión y tres años y medio, respectivamente, en sendos juicios del denominado "superproceso" abierto por delitos cometidos en los bancos provinciales durante los gobiernos de Angeloz.
Por Por Alejandra Florit <br/> (Enviada especial)
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