Ansiedad y expectativa en la Justicia por la reforma de Fernández

Alberto Fernández se encontrará tras su asunción con una Justicia a la expectativa luego de los anuncios del presidente entrante de que realizará una profunda reforma en el área.

Por lo pronto, se encontrará con una Corte Suprema de Justicia atravesada por diferencias internas, aunque con buenos modales, en una convivencia pacífica. En su interior, los jueces se desconfían entre ellos, pero todos esperan tener buena sintonía con el gobierno entrante.

En la Justicia Federal, en tanto, encontrará un grupo de magistrados a la espera, prevenidos ante la reforma que anunció el presidente electo, tras el estelar paso de Cristina Kirchner por su juicio oral como jefa de una asociación ilícita.

En la Corte, por lo pronto, y a corto plazo, están tranquilos. Hubo mensajes desde el búnker de Fernández, en Puerto Madero, y de Cristina Kirchner, en el Instituto Patria, que les hicieron saber que no va a haber reforma constitucional ni se va a ampliar el número de jueces del máximo tribunal. Será así hasta fines del verano. Con la llegada del otoño, el discurso de las reformas judiciales puede resurgir y nadie sabe con qué consecuencias. Alberto Fernández está cómodo con esta Corte, en la que Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti tienen un corazón peronista, y Elena Highton llegó al máximo tribunal de su mano. Con los tres tiene buena relación. El presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que fue postulado por Mauricio Macri, tiene nula relación con Fernández. Ricardo Lorenzetti está siempre expectante por recuperar la presidencia del tribunal, pero por ahora no cuenta con mayorías. Rosatti y Rosenkrantz no lo votarían y necesita el favor de Elena Highton para conseguir el número mágico de tres votos.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner miran con recelo a Lorenzetti, porque le adjudican ascendencia sobre los jueces federales que motorizaron las causas de corrupción que mantienen en juicio a ella y a sus hijos, Máximo y Florencia. Wado de Pedro es quien trajinaba los pasillos del cuarto piso de los tribunales conversando con los jueces de la Corte.

Esta Corte que recibe a Fernández tiene el poder repartido, sin la preeminencia personalista que tenía durante la gestión de Lorenzetti, aunque con causas de alto voltaje político. La más explosiva es como una granada sin espoleta que se echó a rodar en medio de la sala de audiencias del juicio oral y público contra Cristina Kirchner por las obras públicas de Lázaro Báez. Se tratan de los nueve recursos de queja que presentó la expresidenta ante la Corte para reclamar la nulidad de todo el proceso. Si esos planteos avanzan, la Corte puede fulminar el juicio cuando quiera. En la secretaría penal de la Corte están trabajando en el caso, pero aún no hay votos redactados ni mayorías como para decir qué va a pasar con el caso de Kirchner en el máximo tribunal.

Más abajo, entre los jueces federales de Comodoro Py 2002, es bien diferente el escenario. Todos tienen expectativas y prevenciones. Alberto Fernández anunció cambios explosivos y dio nombres propios de los jueces que, a su entender, no actuaron como debieron. Especialmente Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Son los nombres que repitió Cristina Kirchner el lunes de la semana pasada. Fernández sumó a la lista a los camaristas Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.

E insistió: "Esta justicia no puede seguir funcionando, ya que no es justicia", dijo Fernández, y les avisó a los jueces que está "preparando una gran reforma para que la justicia sea justicia". Explicó: "Si no cambiamos el sistema judicial, que les permite a los jueces actuar como actúan, con total impunidad y llevar a una persona a juicio, como a Cristina en este momento, la verdad que vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Esa reforma está absolutamente desarrollada, como estamos analizando las reformas que necesita el sistema de inteligencia. Eso lo vamos a ir anunciando desde el 10 de diciembre. Porque lo que le pasa a Cristina le puede pasar a Macri mañana".

El plan que se mencionó es el que quiso poner en marcha en 2004 Gustavo Beliz, sin éxito: licuar el poder de los jueces federales federalizando todos los juzgados nacionales, de modo que no sean 12 los jueces que manejen los casos de corrupción, sino 63.

No obstante, los mensajes que llegaron del gobierno entrante a los tribunales son contradictorios. Por un lado, hay voces que transmiten tranquilidad y, por otro, Cristina Kirchner los castiga desde los estrados y Fernández los rigorea. Entre los jueces de primera instancia Ariel Lijo sigue activo, dialogando con un sector de la Corte, entre sus colegas y con el gobierno entrante. Marcela Losardo, futura ministra de Justicia, conversa con varios de los magistrados. Su contrapeso cristinista y número 2 en el ministerio será Juan Martín Mena, exnúmero 2 de la AFI.

El plan de Beliz y la puesta en marcha del Código Procesal Penal acusatorio, con poder para fiscales y diluyendo el de los jueces, son las dos herramientas para encarar una reforma en la Justicia. El gobierno entrante tiene bajo el brazo un paquete de leyes de emergencia económica o tributaria que seguramente despertarán objeciones que se reflejarán en planteos judiciales, con lo que cabe pensar que, más que el fuero penal federal, el que deberá concentrar la atención del Fernández en el corto plazo es el contencioso administrativo federal, si es que quiere que sus iniciativas no choquen contra una sentencia. Y asegurarse de que la Corte no frustre estas iniciativas.

Por Hernán Cappiello

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