Ante una inexplicable crisis política

Dos conclusiones pueden sacarse ya del criptogate, el escándalo que se autoinfligió el Presidente. Una: un gobierno de funcionarios presos del pánico, ante la posibilidad de que cualquier disidencia o consejo inoportuno los eyecte de la administración, es el peor aliado de un jefe político, sobre todo si es, además, el jefe de la administración pública. La otra: el Presidente es el funcionario menos autorizado para avalar negocios privados y mucho más aún si se trata, como en este caso, de cuestiones solo comprensibles para muy pocos especialistas. El jefe del Estado está para promover las inversiones privadas que benefician al país –cómo no– con sus actitudes, sus palabras y sus decisiones, pero no para difundir, como él lo llamó, un puntual negocio con las criptomonedas. En palabras sencillas, lo que sucedió fue que Javier Milei dio a conocer a través de un tuit un proyecto de criptomoneda con un token creado dentro de la plataforma Solana, llamado $LIBRA, que posteriormente fue catalogado como un engaño por varios usuarios damnificados. Milei primero fijó la difusión de la moneda virtual durante varias horas, pero luego borró la publicación. Muchas personas (no se sabe exactamente cuántas) perdieron dinero cuando el proyecto se quedó sin liquidez y se destruyó el valor del token, que pasó de valer 5,2 dólares a 0,13 centavos de la moneda norteamericana. Un derrumbe en toda la regla.

El lunes, el Presidente intentó una defensa, que resultó insuficiente. Pasó de decir que había actuado de “buena fe” a comparar lo que pasó con los que van al casino y pierden (“no pueden quejarse”) o los que juegan a la ruleta rusa y les toca la única bala que tiene el revólver. El problema del mandatario consiste en que los que apostaron en ese casino –nunca mejor definición– o se colocaron un revólver en la cabeza fueron, de algún modo, inducidos por el presidente de un país. Para peor, y según lo permitió la ley de acceso a la información pública, se conoció que los responsables de esa criptomoneda, algunos con pésima reputación previa, habían ingresado a la Casa de Gobierno varias veces autorizado por alguien de la Secretaría General de la Presidencia. La referencia no alude necesariamente a la persona de Karina Milei, porque pudo haber otros funcionarios de esa dependencia que dieron la autorización o también pudo suceder que la orden surgiera del propio presidente de la Nación, canalizada a través de la Secretaría General. Sin embargo, fue grave la denuncia que hizo ayer sobre la hermanísima Hayden Davis, a estas alturas una de las caras más conocidas de la criptomoneda $LIBRA, porque acusó a Karina Milei de acuerdos subterráneos con él para hacer funcionar el emprendimiento, acusación que no probó más que con su palabra. Sea como fuere, los hermanos Milei no pueden desconocer que sectores –o personas– cercanos tuvieron una relación frecuente con los creadores de un dudoso negocio. La pregunta que nadie respondió todavía es quién o quiénes accedieron a la información privilegiada como para hacer inversiones cuando la moneda virtual no costaba nada y, al mismo tiempo, la abandonaron cuando había llegado a la cima de su precio. Ganaron mucho dinero. El Presidente mismo, un habitual del ciberespacio, aceptó que no sabía a ciencia cierta de qué se trató.

Es extraño, pero nadie había nombrado a Santiago Caputo en el escandalete hasta que él mismo se metió, literalmente, en el asunto. Fue cuando interrumpió un reportaje televisivo de Milei, en el que intentaba defenderse del griterío opositor, para corregir al jefe del Estado. Esa parte no se emitió, pero el periodista permitió la intromisión del poderoso asesor y aceptó que este cambiara el rumbo del reportaje. El propio Milei toleró en ese momento, aunque luego hizo trascender su fastidio, semejante manoseo a la tarea periodística. Fue una ofensa al periodismo, que el periodista permitió. Nunca el periodista debió consentir que un funcionario cortara la grabación de una entrevista, que condicionara su trabajo y que modificara la respuesta del Presidente. En la mañana del martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló públicamente que tanto él como Milei no estaban de acuerdo con lo que había hecho Caputo el joven. Adorni contó, inclusive, que el Presidente le dijo a Caputo después de su encuentro con el periodista: “Santiago, innecesario”. Adorni es la voz más calificada de los hermanos Milei, porque cuenta con la confianza del Presidente y también con la de su hermana Karina. ¿El triángulo de hierro se convirtió en solo una diarquía, que significa el gobierno de dos? Nada se sabe, pero lo cierto es que todo lo preestablecido tambalea en momentos de crisis como la actual. Como era previsible, también parte del periodismo, tan vapuleado por el Presidente, pero al que tanto recurre, terminó chapoteando en un barro prescindible.

Si bien los mercados se recompusieron este martes, fundamentalmente el valor de los bonos argentinos (el riesgo país no se había restablecido hasta la tarde de la víspera), Milei deberá esforzarse en adelante en recomponer el valor de la palabra presidencial. En ese tuit en el que difundió la existencia del cuestionadísimo token Milei jugó el incalculable valor de la palabra presidencial. Aunque ya se ha dicho, y seguramente de mejor manera, la palabra de los presidentes es una de las cualidades más preciadas de una república. Nada tiene tanto valor ni es tan orientadora de las cosas públicas como lo que dice el Presidente. No hay manera, además, de separar al presidente de la palabra del presidente; son indivisibles.

La crisis sucedió justo un día después de que Poliarquía, una de las encuestadoras más prestigiosas del país, señalara que el Presidente está atravesando un verano más que ideal en las mediciones de opinión pública. “Antes de la crisis, aclaró, (la gestión libertaria) registraba alto niveles de apoyo y popularidad, continuidad de la mejora en la percepción del país, tanto retrospectiva como prospectiva, aumento del índice de optimismo ciudadano, mejora de la economía personal y un sólido respaldo electoral”. La encuesta señalaba por primera vez, incluso, que La Libertad Avanza, el partido del Presidente, le ganaría por un estrecho margen a la eventual candidatura de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires sin una alianza con Pro. En el orden nacional, la intención de voto del partido de Milei duplica al que lo sigue, el kirchnerismo. El informe incluía, por supuesto, una duda sobre el grado de repercusión en esos números del escándalo de la criptomoneda, que ya registró una mayoritaria referencia negativa en las redes sociales. La desventura nunca es oportuna.

En medio de un paisaje tan novedoso, el Gobierno empujó el pie del acelerador y ordenó convocar a sesiones extraordinarias del Senado para el jueves y el viernes. El jueves se trataría la suspensión de las elecciones primarias y obligatorias (PASO), que ya tiene media sanción de Diputados, aunque la situación parecía complicarse en la Cámara alta para los que propician la cancelación de esos comicios. En Diputados, el peronismo debió declarar la libertad de conciencia de los legisladores para no terminar con el bloque dramáticamente dividido. En el Senado podría haber una mayor unidad de los peronistas para votar en contra de esa ley, que requiere como todas las leyes electorales de una mayoría agravada. La aprobación necesita de la mayoría absoluta, el voto de 37 senadores, no importa cuántos de los 72 senadores estén en el recinto en el momento de la votación. La suspensión de las PASO es promovida por el Gobierno, que prefiere directamente su eliminación, y es resistida por Cristina Kirchner.

El viernes se trataría el pliego del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Milei dobló la apuesta. Si antes no se comprendía por qué el Presidente insistía con un candidato a juez de la Corte más cercano al peronismo y especializado en el Código Penal, la candidatura de Lijo se convirtió ahora también en inoportuna. Milei no tenía ninguna causa penal en su contra. A partir del lunes tiene una y, para peor o para mejor, la jueza que resultó sorteada, María Servini, es un amiga muy cercana de Lijo. De hecho, Lijo queda a cargo del juzgado de Servini cada vez que esta se va de vacaciones. La pregunta que nadie puede responder es si existen los 25 votos en contra del candidato más cuestionado en la historia a juez de la Corte; ese número mágico, 25, significa el tercio más uno de la totalidad de los senadores. La Constitución establece que los jueces de la Corte Suprema deben tener el acuerdo del Senado con los dos tercios de los votos de los senadores presentes. El número 25 haría imposible, por lo tanto, los dos tercios restantes. En el Senado aseguraban ayer que la presión de algunos gobernadores sobre los senadores de su provincia era enorme y que Cristina Kirchner había perdido algunos senadores que estaban comprometidos a votar en contra de que Lijo sea juez supremo. El supuesto acuerdo de Milei con el kirchnerismo se tornó improbable después de las declaraciones del lunes del Presidente, en las que calificó a la expresidenta como “la más chorra y corrupta de la historia” entre otras descripciones de la principal figura del kirchnerismo (algunas, o muchas, ciertas). El bloque del radicalismo parecía también dividido, salvo los votos en contra de Lijo de la senadora Carolina Losada y del fueguino Pablo Blanco. El bloque de Pro, que tiene siete senadores, se mostraba unificado para votar contra Lijo, pero había dudas sobre la actitud de la senadora de Chubut Andrea Cristina, más que nada porque su gobernador, Ignacio Torres, también de Pro, está muy cerca de Milei. “Están muy difíciles los votos para Lijo”, se escuchó ayer de boca de un senador. Pero otro fue más cauto: “Los números son inciertos porque nadie negocia en el Senado. Lijo, [Ricardo] Lorenzetti y Santiago Caputo se mueven fuera del Senado”, aclaró. Tal vez, dijo ese senador (senadora, en verdad), es que solo Lijo tenga la lista de los senadores y de cómo votarán porque él mismo autogestionó el acuerdo a su candidatura. Debe agregarse que lo ayudó mucho Lorenzetti, actual juez de la Corte y padrino de Lijo. Ver que los jueces hacen política es la peor política de una república.

Es cierto que a partir de esta semana, al Presidente le quedará solo la próxima semana para designar en comisión por decreto a jueces de la Corte Suprema. La Constitución establece que el jefe del Estado puede hacer eso solo cuando el Congreso está en receso; el actual receso del Senado terminará el viernes de la próxima semana. Algunos senadores especulaban con que Milei decidió jugar el acuerdo para Lijo a suerte y verdad esta semana para tener la próxima semana como alternativa para nombrar a dos jueces por decreto. Puede ser. Lijo no aceptaría su designación por decreto porque debería renunciar como juez federal. Nunca cruzará el río sin la certeza de que llegará a la otra orilla. Su conflicto personal y político se cifra en que algunas certezas que existían ya no están.

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