Arrancó el juicio contra Graffigna por delitos de lesa humanidad
Ayer se iniciaron las audiencias ante el tribunal oral de San Martín; el gobierno bonaerense también es querellante
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LA PLATA.- Resultaba conmovedor observar a esa mujer de 96 años descender de un taxi y, ayudada por su nieto, ingresar a paso lento a la sala de audiencias de los tribunales de San Martín, donde ayer comenzó el juicio oral en el que se juzgará a los imputados por la desaparición de su hija y su yerno en tiempos de la última dictadura militar.
Esa mujer, Rosa Tarlovsky de Roisinblit, es la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y concurrió a la primera jornada, en la que se ubican, en el banquillo de los acusados, el entonces jefe del Estado Mayor general de la Fuerza Aérea Omar Domingo Rubens Graffigna, que además integró la segunda junta militar de la dictadura iniciada en 1976; el ex jefe de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), Luis Tomás Trillo, y el ex personal civil de inteligencia Francisco Gómez.
Ayer fue el turno de las acusaciones y, por lo tanto, se dio lectura a los cargos por los que, por crímenes de lesa humanidad, se investiga la privación ilegal de la libertad y posterior cautiverio de Patricia Julia Roisinblit y de su pareja, José Manuel Pérez Rojo en la RIBA, sede Morón, quienes fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978.
Ante el Tribunal Oral Federal N° 5 -presidido por Alfredo Ruiz Paz, y a quien acompañan los jueces Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín-, se les ofreció a los acusados la posibilidad de hacer uso de la palabra, pero ninguno de los tres lo hizo.
En el juicio participan como querellantes Rosa Roisinblit, madre de Patricia, y Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit, el hijo que Patricia dio a luz en la ESMA y que fue localizado en 2000. Apropiado ilegalmente por Francisco Gómez y su esposa, Teodora Jofré, la pareja fue condenada por este hecho en 2005.
En tanto, el gobierno bonaerense, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, también es querellante en la causa por delitos de lesa humanidad. Santiago Cantón, a cargo de esa dependencia y presente en la audiencia, destacó a LA NACION que la intervención directa del Estado provincial "pone en evidencia la importancia que le otorgamos a esta cuestión".
"Sin lugar a dudas, estos juicios siempre resultan reparadores para las víctimas (de delitos de lesa humanidad), como también significan un fortalecimiento del Estado de Derecho y la necesidad de llegar a la verdad", sostuvo el funcionario.
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