Avance narco, retroceso judicial: el dramático escenario que recibirá la Corte Suprema en Rosario
Existen 5700 causas por narcomenudeo pero hay solo siete fiscales federales en la provincia, con siete notebooks y una infraestructura en crisis: ni cárceles ni teléfonos
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LA NACIONHernán Cappiello
La Justicia federal de Rosario, donde este jueves se constituirá en pleno la Corte Suprema, el procurador general de la Nación, el Consejo de la Magistratura y jueces federales de todo el país, como un gesto para poner en evidencia su preocupación ante la violencia narco en la ciudad, exhibe un dramático diagnóstico: las causas por narcotráfico crecieron un 16% en los últimos dos años y ya representan el 80% del total, hay un déficit del 50% de personal de las fiscalías, la infraestructura edilicia está en crisis, no hay cárceles federales y existen solo siete notebooks para los fiscales, mientras el sistema informático requiere modificaciones y el telefónico está obsoleto.
En 2018 ingresaron en Rosario 4930 causas por narcocriminalidad y en 2019 esa cifra creció a 5726. Son el 80% del total de casos de la ciudad. Comparados con el resto de la provincia es más del doble que la ciudad de Santa Fe, que a su vez supera por más del triple la proporción de causas de Rafaela, Venado Tuerto y San Nicolás, todas de la misma jurisdicción judicial.
La Procuración General de la Nación, que encabeza Eduardo Casal, presentó este diagnóstico el 13 de enero de 2021 a Anabel Fernández Sagasti, la senadora camporista que preside la Comisión Bicameral de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal. El cuerpo no se reúne desde hace un año y tres meses y tiene dos años de atraso en la puesta en marcha de estas reformas que son –además de los cambios en la seguridad pública– claves para atacar el problema de las drogas en la provincia. La Casa Rosada prometió ahora enviar 300 gendarmes.
En la última reunión del 10 de febrero de 2021, los diputados y senadores de la Comisión Bicameral, integrada por todas la fuerzas políticas, escucharon a expertos sobre la dramática situación rosarina. Pero nada pasó.
El lunes pasado a la noche, en una reunión en la Casa Rosada en la que participaron el presidente Alberto Fernández; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, hablaron sobre la elaboración de un proyecto de ley especial para la Justicia federal de Santa Fe, que contemple la creación de nuevos juzgados y la cobertura de las vacantes. El Presidente se comprometió a enviarlo al Congreso.
La promesa presidencial va a contramano de lo establecido en la ley que manda a poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, que implica crear más fiscalías y designar más fiscales y auxiliares fiscales, no jueces. El proceso cambiar el paradigma de la investigación y la gestión judicial, con las audiencias orales, más transparencia y mejor asignación de recursos. Ese mecanismo ya está en marcha en Salta y Jujuy y un decreto de 2019 estableció que le seguirían las jurisdicciones de Rosario y Mendoza.
Santa Fe quiere más juzgados federales y acumula además un 50% de vacantes en los tribunales ya existentes. Sin embargo los números no mienten: hay tres empelados de la Justicia federal en Santa Fe por cada uno de los empleados de las fiscalías.
La estructura judicial pone en evidencia el desajuste: en la provincia hay 17 cargos de juez federal y siete fiscales federales, a razón de 0,4 cada 100.000 habitantes. Existe una profunda asimetría entre la cantidad de operadores del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. El Poder Judicial cuenta con una planta de personal que supera por más del triple a la del Ministerio Público Fiscal (78% versus el 22%).
Por eso, una de las propuestas del Ministerio Público es que ante cada tribunal oral, integrado por tres jueces, se conserve al fiscal que actualmente trabaja con ellos, pero se designe además a dos auxiliares fiscales, de modo que cada juez trabaje con un fiscal y triplique la posibilidad de atender causas.
El procurador Casal, que estará el próximo viernes con la Corte en Santa Fe, lo explicó el lunes último en Radio Mitre: “Rosario es una de las jurisdicciones seleccionadas que sigue en orden de prioridad para la implementación del nuevo Código Procesal Penal acusatorio. Hay un plan de implementación de la Comisión Bicameral. Se plantea la necesidad de contar con mayores recursos para la investigación que recae en los fiscales. Demanda una mayor cantidad de recursos humanos y materiales, de infraestructura. Estamos en las puertas de implementación de este sistema acusatorio en Rosario”, insistió y deslizó, para reforzar su reclamo: “Es una buena oportunidad para diseñar el plan de recursos”.
La situación en la Justicia federal de Rosario involucra problemas de fondos, de personal, de tecnología y de cambios de modalidad de trabajo. Por caso, en la ciudad uno de los problemas es la dispersión de los edificios de las fiscalías federales, lo que plantea “un serio problema para la implementación del sistema acusatorio”. Por eso se planificó un único edificio para las fiscalías federales, a la usanza de la experiencia de Salta y de Jujuy. No hay Cámara Gessel.
El otro problema es penitenciario, ya que no hay cárceles federales en la provincia. Algunos detenidos federales se alojan -a cambio de un canon- en establecimientos provinciales (60%) y el restante 40% se reparte en distintos penales federales del país.
En cuanto al trabajo, Rosario concentra la mayor cantidad de causas por narcocriminalidad y van en ascenso. Llegaron a 5726 en 2019 y se elabora en estos días una actualización. La venta de drogas al menudeo no está desfederalizada, como en la provincia de Buenos Aires, lo que implica un notable incremento cuantitativo. Eso sí, el delito de drogas parece asociado a delitos provinciales por es clave el trabajo de los fiscales locales junto con los federales, y la procuraduría especializada en lavado de dinero, ya que el económico es el flanco más sensible para acabar con las bandas de narcotraficantes, sobre todo en una jurisdicción acotada para detectar inversiones inmobiliarias y movimientos de capital.
En equipamiento de Rosario es otra complicación: el 12% de las computadoras de las fiscalías están obsoletas, hay siete equipos portátiles en toda la jurisdicción y el 58% de las centrales telefónicas de las fiscalías federales de la provincia están obsoletas. No ayuda al acceso a la Justicia. En cuanto al equipamiento activo de red, la mayor parte de los servidores de archivos se consideran obsoletos y dos de ellos deben reemplazarse.
Con este escenario, la Corte se instalará el viernes en Rosario, en un gesto político inédito de apoyo a la Justicia local y federal. A la vez, permitirá enviar un mensaje al gobierno nacional y exhibir un gesto de unidad interno del máximo tribunal.
La reunión, organizada por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), se realizará entre las 10 y la 13, en la Universidad Nacional de Rosario. En la apertura están previstas palabras del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que estará acompañado por sus colegas Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. El cierre estará a cargo de Lorenzetti, santafesino como Rosatti.
Los jueces de la Corte invitaron al Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes concurrirán en pleno. La iniciativa de la reunión del 12 de mayo surgió de la Ajufe, una entidad donde pisan fuerte los jueces federales de Comodoro Py 2002. La asociación es presidida por Jorge Morán y orientada por Ariel Lijo, y tiene el apoyo de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país, que son las principales autoridades de la Justicia federal en cada rincón de la Argentina. La Junta es presidida por el camarista Javier Leal de Ibarra.
El desafío es conseguir la foto de todos juntos y, en la previa, la cantidad de actores que prometieron estar presentes fue más contundente de lo esperado. Así, la Justicia federal demuestra su respaldo con los jueces santafesinos, que a diario son noticia por recibir amenazas o disparos en la puerta de sus juzgados, que tienen la mitad de los cargos vacantes y demandan apoyo institucional.
El procurador Casal, que está trabajando con fiscales federales y provinciales en Santa Fe, y que había concurrido con Rosatti en diciembre pasado, se sumó a la actividad consciente de la importancia del gesto.
El encuentro se denominará “El juzgamiento del narcotráfico” y participará también Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Tras la apertura, dialogarán sobre la “investigación y juzgamiento del narcotráfico” los camaristas Leal de Ibarra, Aníbal Pineda, de la Cámara Federal de Rosario; Carlos Vera Barros, juez federal de Rosario (vicepresidente de Ajufe); la jueza Karina Perilli, de un tribunal Oral Penal Económico; y Miguel Guerrero, juez federal de Eldorado. Después será el cierre de Lorenzetti.
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