Bagnasco procesó a Massera y a Bignone

El juez federal Adolfo Bagnasco procesó y dictó la prisión preventiva de siete integrantes del último gobierno militar, entre ellos el ex comandante de la Armada Emilio Eduardo Massera y el ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone, como autores mediatos -no materiales- de la sustracción de hijos de mujeres detenidas en centros clandestinos y supresión de sus identidades.

La resolución, en la que el magistrado trabó embargos por un total de 5,5 millones de pesos, alcanza al ex vicealmirante Antonio Vañek, otrora comandante de Operaciones Navales; al ex virtual jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Jorge "El Tigre" Acosta y al subprefecto Héctor Febres.

También fueron procesados dos de los miembros de la última junta militar, el teniente general (R) Cristino Nicolaides y el almirante (R) Rubén Omar Franco, por ordenar la destrucción de la documentación de la lucha antisubversiva -que ejecutó Bignone- y haber intentado brindar impunidad al aparato represivo implementado.

Todos ellos están detenidos en sus respectivos domicilios, excepto Acosta y Febres, que cumplen prisión, respectivamente, en Campo de Mayo y en Prefectura Naval. En cambio, el vicealmirante (R) José Suppicich quedó en libertad, por falta de mérito, porque los hechos investigados son anteriores a su gestión como director de la ESMA, que comenzó en 1979.

Con esta resolución, el juez Bagnasco pone fin al primer tramo de la causa, en la que se investigaron los hechos cometidos en el ámbito de la Armada -por lo que incluso viajó a Suiza y a España para interrogar a mujeres que estuvieron detenidas en la ESMA- y la "garantía de impunidad" con que la última junta militar procuró evitar la condena penal de los protagonistas de la represión.

El mes próximo comenzará el segundo tramo de la investigación. Esta nueva etapa llevará a los tribunales a ex miembros del Ejército, entre quienes seguramente serán citados el ex presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y el general (R) Antonio Domingo Bussi, gobernador de Tucumán.

Los fueros de Bussi

Bussi, por su parte, afirmó que "está dispuesto a colaborar" con la Justicia, aunque sostuvo que en caso de citación "antepondrá la jerarquía de gobernador". Hasta ahora, todos los militares y ex militares que fueron interrogados quedaron detenidos.

El gobernador de Tucumán, en declaraciones realizadas en su provincia, dijo: "Es mi obligación defender y cuidar mi investidura", con lo que relativizó la posibilidad de comparecer sin fueros ante el juez Bagnasco.

Dijo, además, sentir "una gran curiosidad" por la posible citación del magistrado. Al recordar al ex presidente Bignone, lamentó su detención e indicó: "Somos compañeros de promoción, amigos íntimos de toda la vida".

El gobernador tucumano descansaría este fin de semana en una quinta del Gran Buenos Aires, a diferencia de otros veranos, en los que solía disfrutar de vacaciones en Punta del Este.

Pese a que no lo confirmó, se descuenta que el veterano militar retirado teme ser detenido en el exterior por orden del juez español Baltasar Garzón y extraditado a Madrid.

El juez reconstruye la línea jerárquica: de Massera dependía Vañek, comandante de Operaciones Navales, de quien dependía a su vez la ESMA, cuyo hombre fuerte, sin importar cuál fuese el director, era Acosta, que mantenía con Massera una relación de amistad.

Bagnasco interpreta que Massera y los demás miembros de la entonces cúpula de la Armada dirigieron las operaciones sobre los menores, que fueron ejecutadas por sus subordinados.

Asimismo, sostiene que, en última instancia, aquéllos no podían desconocer lo que ocurría en ámbitos que estaban bajo su dependencia, como era la ESMA.

Pero como el ámbito de actuación de Massera no se limitaba a la ESMA, le imputan 194 casos de sustracción y ocultación de menores -lo mismo les endilga a Nicolaides, Franco y Bignone-, muchos más que los 15 que les carga a los demás procesados.

Por otra parte, en la resolución traba embargos sobre sus bienes a Massera, Nicolaides, Franco y Bignone, un millón de pesos por cada uno de ellos; en los demás casos, medio millón de pesos.

Las pruebas

Bagnasco, en su extensa resolución, fundamenta los procesamientos en las siguientes pruebas:

• El reglamento del Ejército llamado Instrucciones para operaciones de seguridad, de 1976, del que surge que en cada procedimiento antisubversivo había que separar a las mujeres, a los hombres y a los menores.
• Un sugestivo inventario de destrucción de documentación, confeccionado en 1983 por el entonces jefe policial de Córdoba, en cumplimiento de una orden dada por Nicolaides y por Franco del que surge que se incineró un documento titulado Instrucciones a seguir con menores de edad, hijos de dirigentes, cuando sus progenitores están detenidos o desaparecidos.
• Numerosos testimonios de médicos, que reconocieron la existencia de nacimientos -principalmente en Campo de Mayo-, y de ex militantes montoneras detenidas, que sostienen que en la mayoría de los casos los niños eran separados de sus madres, poco tiempo después de nacer, para ser entregados con un lujoso ajuar a terceras personas.

De dieciocho nacimientos en la ESMA, quince niños tuvieron ese destino y sólo tres fueron reintegrados a sus madres, que habían estado detenidas en ese lugar.

"Los testimonios indican que la criatura permanecía algunas horas, y a veces algunos días, junto a su madre, generalmente en el cuarto de las embarazadas. Luego de ello, el recién nacido era retirado y se trasladaba a la madre, que nunca volvía a saber de ellos", dice la resolución.

El juez también tiene en cuenta lo ocurrido en otros centros de detención, como Automotores Orletti, el Pozo de Banfield, la comisaría V de La Plata y el centro La Perla, que estaba en Córdoba.

• En cambio, relata que todos los esfuerzos realizados para ubicar los microfilms con los archivos de la represión, que distintas versiones periodísticas dan como guardados en cajas de seguridad en Europa -se pidió informes a Suiza y España-, no tuvieron éxito.

La resolución

Bagnasco procesó, dictó las prisiones preventivas y los embargos de los siguientes militares y ex militares:

• Emilio Massera, ex comandante de la Armada y miembro de la primera junta militar del Proceso. 194 casos de sustracción de menores. Embargo: un millón de pesos.
• Cristino Nicolaides, teniente general (R) y ex comandante del Ejército. 194 casos; también es acusado por haber ordenado destruir los archivos sobre la subversión. Embargo: un millón.
• Omar Franco, almirante (R) y ex comandante de la Armada. Procesado por los mismos motivos que Nicolaides. Embargo: un millón.
• Reynaldo Bignone, general (R) y último presidente de facto. Es acusado por los mismos motivos que los dos anteriores. Embargo: un millón.
• Antonio Vañek, vicealmirante (R) y comandante de Operaciones Navales. 15 casos de sustracción de menores. Embargo: medio millón.
• Jorge "El Tigre" Acosta, ex capitán de fragata y virtual jefe de la ESMA. 15 hechos. Embargo: medio millón.
• Héctor Febres, subprefecto (R) en la ESMA. 15 hechos. Embargo: medio millón.

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