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Tucumán: impulsan el juicio político al juez de la Corte que pidió beneficiar a Ricardo Bussi
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PARA LA NACIONFabián López
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– El escándalo político e institucional desatado por la denuncia del juez penal Enrique Pedicone, quien aseguró haber recibido presiones políticas y judiciales para beneficiar al legislador Ricardo Bussi en una causa por presunto abuso sexual y corrupción, sumó un nuevo capítulo. Ingresó hoy en la Legislatura provincial un pedido de juicio político contra Daniel Leiva, el vocal de la Corte Suprema de Justicia local que, según Pedicone, lo presionó, invocando un supuesto pedido del gobernador Juan Manzur y de su vice, Osvaldo Jaldo, para que "maneje la intensidad" de la demanda penal contra Bussi "porque es funcional" al peronismo tucumano.
El pedido de remoción contra Leiva fue presentado por Nélida Alejandra Martínez Romero, secretaria adjunta de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, y por el abogado Gustavo Morales, por las causales de "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo" y "comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".
Pedicone, quien este lunes pidió una licencia en su cargo como integrante del Tribunal de Impugnación para dedicarse de lleno a la tramitación de su planteo, denunció penalmente a Leiva como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público.
El camarista aseguró que el 28 de julio pasado Leiva lo citó en un bar para pedirle que "maneje la intensidad" del proceso contra el legislador Ricardo Bussi, hijo del fallecido represor Antonio Domingo Bussi, para que el expediente "siga picando bajo". Pedicone dijo que grabó las conversaciones con Leiva y el fin de semana decidió filtrar los audios a la prensa.
Leiva desmintió la acusación en su contra, negó haber mantenido conversación alguna con Pedicone para hablar de la denuncia contra Bussi y aseguró que se trata de una reacción del juez ante una sanción que le impuso recientemente la Corte provincial por una falta procedimental. Además, el vocal de la Corte aseguró que en la única comunicación que mantuvo en los últimos meses con Pedicone éste le planteó su preocupación "por una serie de causas en las cuáles él había revocado sistemáticamente las prisiones preventivas y había ordenado la liberación de procesados por abusos sexuales, homicidios y robos, entre otros delitos muy graves".
Según Leiva fueron más de 100 los fallos dictados por Pedicone que fueron revocados por el máximo tribunal de Tucumán. "Solo a mi vocalía llegaron 40. En todos los casos, aceptamos las quejas (de los fiscales), las abrimos e hicimos lugar a las casaciones que se oponían a las liberaciones otorgadas por el juez, porque nos pareció que las sentencias no se ajustaban a derecho. Le contesté a Pedicone que, con la revocatoria de sus sentencias, la tarea jurisdiccional de la Corte estaba agotada", contó Leiva, quien antes de desembocar en la Corte se desempeñó como fiscal de Estado en el gobierno de Manzur.
Ayer, la Legislatura provincial, por orden del vicegobernador Jaldo, publicó una solicitada para defender a Leiva y hacer públicos los casos en los que Pedicone dispuso la liberación de presos en medio de la pandemia por coronavirus.
En tanto, el abogado defensor de Leiva, el exfiscal anticorrupción de Tucumán Esteban Jerez, apuntó contra Pedicone y dijo que su planteo "es una bomba de humo, una denuncia mediática". Según el letrado "las pruebas que dice tener Pedicone están manipuladas, ya que esas grabaciones con los audios no constan en la Justicia, pero están en todos los medios". Jerez dijo que Pedicone "no puso a resguardo el celular con el que supuestamente grabó a Leiva y esa prueba no puede ser considera como tal en una futura instancia judicial".
Tanto Manzur como su vice Jaldo también refutaron los dichos del magistrado penal. "No es verdad", sentenció el gobernador peronista. Y recordó que "de todos modos (la denuncia) está en la dependencia de la Justicia, que es la que tiene que investigar". En tanto, Jaldo expresó: "Quiero negar todo lo que dice el camarista Pedicone". Y agregó: "Que la Justicia decida y tome decisiones. Vamos a respetar lo que el Poder Judicial diga".
Reacciones
En el pedido de juicio político presentado este lunes, al que LA NACION tuvo acceso, los denunciantes advirtieron sobre la "gravedad institucional" que implica la denuncia formulada por Pedicone. Martínez y Moralez fundamentaron su escrito "debido a la grosera intromisión de un órgano del Estado sobre otro y al abandono voluntario del ciudadano Daniel Leiva de su noble función de Juez, porque quien carece de independencia e imparcialidad no es juez, por lo menos, en un estado social y democrático de derecho".
La denuncia de Pedicone contra Leiva, que salpica al gobernador Manzur, también generó la reacción de la oposición, que reclamó celeridad en la investigación judicial del caso.
La senadora nacional por Tucumán Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio), consideró que "Daniel Leiva deba tramitar su licencia inmediata en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán" ya que "los hechos denunciados son de una gravedad inusitada y su esclarecimiento requiere de celeridad y transparencia".
A través de su cuenta de Twitter (@SilviaEdePerez), la parlamentaria advirtió que "la presencia de Leiva en el máximo tribunal, mientras se dirimen los acontecimientos afecta la imparcialidad de la investigación". Y agregó: "Si el vocal no se aparta por decisión propia, el máximo tribunal debería solicitarlo".
En otro posteo, la referente opositora planteó: "Está discusión pone en jaque a la confianza pública en un poder del Estado. Cuando la que está en riesgo es la República, hacen falta gestos contundentes. Y el silencio de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán no es el mejor consejero".
