Caló, más complicado en la causa por lavado que salpica a la cúpula de la UOM

"Nadie resiste un archivo, ni siquiera yo". La frase que Antonio Caló pronunció el año pasado, en la víspera de un paro nacional, parece haber sido tomada en cuenta por el Tribunal Oral Penal Económico N°2. Por unanimidad, los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, César Lemos y Luis Losada consideraron que el jefe de la CGT oficialista deber ser investigado junto al secretariado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)por lavado de dinero.

La decisión del tribunal -firmada hace 10 días- acompañó la condena a un año y nueve meses de prisión en suspenso de Segundo Pantaleón Córdoba, el abogado de la UOM que fue interceptado en 2011 en la terminal de Buquebus cuando intentaba salir del país con 800.000 dólares hacia Uruguay.

Los jueces no sólo dieron por acreditado que las autoridades de la UOM se dedicaron a "defraudar en forma sistemática durante años a los afiliados" del sindicato, sino que además pusieron de relieve un entramado de sociedades en Estados Unidos y Panamá que se combina con la existencia de cuentas bancarias en Uruguay, en las que Córdoba tenía al menos 3,5 millones de dólares.

Como reveló LA NACION en 2013, después de ser detenido, el abogado de la UOM denunció que él y otras 13 autoridades del gremio, entre las que Caló figura, se repartieron desde 2003 en promedio y durante 20 años 280.000 dólares por mes, en "prolijos sobres marrones", que provenían del 20% de la recaudación que los afiliados metalúrgicos le pagan al Instituto de Seguros SA en concepto de seguros de vida y sepelio.

Desde fines de 2002, cuando la UOM constituyó un fideicomiso para afrontar el concurso de acreedores, la firma Donington SA, propiedad del empresario de medios Raúl Olmos, ofició de administradora fiduciaria y eje de la triangulación del dinero proveniente de los afiliados del gremio.

La denuncia de Córdoba fue ratificada por los testimonios de tres históricos de la UOM: Roberto Echenique, contador del sindicato durante 18 años; Ricardo Weisz, abogado que trabajó 15 años entre 1982 y 2010 y Hugo Mariano Rodríguez, otro abogado que después de revistar durante décadas en el gremio se convirtió en socio de Córdoba en sus emprendimientos privados.

"Pudiendo haberse aplicado de cualquier modo en el mercado los beneficios económicos provenientes de tales conductas, se formulará denuncia por lavado de activos respecto a aquellas otras autoridades de la UOM que continuaron recibiendo aparentemente tales retribuciones en el período 2009-2014", dice la sentencia.

Aunque prefiere no hablar del tema, el jefe de la CGT oficialista lleva cuatro años intentando desligarse sin éxito de la causa. Su defensa la ejerce el ex camarista y abogado de Alfredo Yabrán, Guillermo Ledesma.

Entre las personas a investigar, el tribunal también incluye al histórico presidente del Instituto de Seguros, José Vicente Raele, fallecido en 2014. De extrema confianza de Lorenzo Miguel y vértice del poder económico metalúrgico hasta el último día, su muerte no impide que parte de sus bienes -hoy en disputa por las diferencias entre sus herederos- puedan ser decomisados.

Los testimonios que respaldaron la denuncia del abogado de los 800.000 dólares -hoy decomisados y destinados a la UIF- se suman a la constatación de que Córdoba montó un entramado de sociedades en la Argentina, Panamá y Estados Unidos con cuentas bancarias e inversiones inmobiliarias en Punta del Este y Miami. La información surge de dos fuentes: el exhorto de la justicia uruguaya que acreditó al menos tres cuentas en el banco HSBC de Montevideo y la constitución de la sociedades El Campanario LLC y Nasate Resources Inc, y la declaración de la ex mujer de Córdoba, que reveló la existencia de otras firmas (Amarras del Sol LLC, Fullcash S.A., East Bengala S.A y Cederlake LLC).

En Miami, Córdoba contaba con el asesoramiento de Álvaro Castillo, un agente inmobiliario autorizado para disponer de todos sus activos. Castillo administró propiedades de otros argentinos ligados a la UOM, como Olmos, dueño de Crónica y BAE Negocios Internacionales, con sede en La Florida.

Los investigadores deberán ocuparse ahora no sólo de los movimientos del secretariado de la UOM, sino también de los del agente de bolsa Miguel Angel Petrizan, que viajaba con Córdoba cuando intentó cruzar a Uruguay.

Petrizan había sido sobreseído en la causa pero la Justicia uruguaya informó que aparece como beneficiario de, al menos, ocho transferencias por 315.000 dólares desde una de las empresas de Córdoba. Presidente de la firma Noreste Bursátil, es otro de los protagonistas que abre una puerta hacia el empresario Olmos. Aunque en la City los vinculan, hasta ahora sólo se han podido confirmar tres coincidencias entre ellos: los dos fueron socios de Pantaleón Córdoba, nacieron en Mendoza y viajaron mucho a Miami en los últimos años.

Los camaristas enviaron copia de toda la información a la UIF, la Procelac, la Oficina Anticorrupción, la Superintendencia de Seguros y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central de Uruguay.

La cara de la CGT oficial

Antonio Caló

Líder de la UOM y la CGT

Lavado de dinero

Investigado

Junto a la condena a un año y nueve meses de Segundo Pantaleón Córdoba, abogado de la UOM detenido cuando intentaba sacar 800.000 dólares a Uruguay, la Justicia ordenó investigar a Caló por blanqueo de capitales

La acusación

Cuando lo detuvieron, Córdoba dijo que él y otras trece autoridades de la UOM que lidera Caló se quedaban con un porcentaje de los aportes de los afiliados metalúrgicos para el seguro de vida y sepelio

La estrategia

Defensa

Caló contrató al abogado Guillermo Ledesma. Es un ex integrante de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares y fue abogado de Alfredo Yabrán

Silencio

El titular de la CGT Balcarce prefiere no hablar del tema con los medios periodísticos