Cierto cambio de tono y pocas novedades más ha deparado el discurso de la Presidenta en la inauguración del nuevo año legislativo. Los anuncios han sido pocos y sobresalen entre ellos las futuras mejoras en la infraestructura ferroviaria del área metropolitana y la posibilidad de regular los modos de las protestas callejeras, alternativa sin duda destinada a levantar controversias.
Si alguien esperaba algún tipo de reconocimiento de la crítica situación que atraviesa la economía, muy pronto habría de desengañarse. Como en años anteriores, el énfasis estuvo puesto en comparar los logros de la última década respecto del camino que derivó en el derrumbe de 2001. En este balance, como era de esperar, se combinaron datos certeros como la ampliación del sistema previsional y de la protección social, la expansión del sistema científico y tecnológico o la consideración presupuestaria de la educación, junto con groseras manipulaciones de aumentos nominales en rubros diversos. Si el lector reprodujera este último mecanismo de lectura, llegaría a la extravagante conclusión de que la fuerte caída del salario real de los años 1989-1990, en el marco de una inflación de 5400% en el bienio, habría representado el mayor aumento salarial de la historia argentina.
El combate contra el agio, convertido en empresa de la hora, siguió ocupando el lugar central en tanto prosopopeya que reduce a suicidas avaricias personales aquellos desórdenes sistémicos que se evita mencionar por su nombre. Lo más cercano al reconocimiento de un traspié gubernamental fue la referencia al fallido memorándum firmado con Irán. La no ratificación del acuerdo por parte del país acusado sucesivamente por nuestra administración como responsable del atentado contra la AMIA fue no obstante presentada como una prueba de las virtudes de la propuesta, en un llamado no demasiado sincero a la oposición para presentar alternativas superadoras, aquellas que la DAIA no habría encontrado.
La alusión a la crisis venezolana fue ciertamente más moderada de lo que los comunicados emitidos por la Cancillería en las últimas semanas hacían prever. La referencia a la amenaza de un "golpe blando" intentó asentar el posicionamiento argentino sobre la base del respeto a la soberanía popular y sus instituciones. Una defensa loable, pero que debería estar acompañada por un llamado a la plena vigencia del Estado de Derecho en el hermano país.
Finalmente, resulta auspicioso encontrar en la palabra presidencial un tono ligeramente diferente al que fue habitual en los últimos meses. Hubo un mayor esfuerzo por reconocer interlocutores válidos en las fuerzas políticas de la oposición y en los sindicatos. Las características de nuestro tránsito hacia una nueva administración estarán íntimamente vinculadas con esta alternativa, cuya suerte no dependerá sólo del Gobierno.
