Caso Ciccone: inminentes definiciones sobre Insfrán, Echegaray y el banquero Brito

"Yo no creo en la figura del arrepentido", lo recibió el fiscal Jorge Di Lello. Pero Alejandro Vandenbroele ya estaba lanzado. Confesó durante nueve horas. Detalló los roles del ex vicepresidente Amado Boudou, del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, del banquero Jorge Brito y del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray en un entramado que lo tuvo a él como engranaje operacional. Y ahora, un año después de aquella confesión del 13 y 15 de noviembre de 2017, se avecinan definiciones, según reconstruyó LA NACION.

El juez federal Ariel Lijo resolverá la situación procesal de todos los acusados en los dos grandes ejes del "entramado Boudou" que continúan abiertos. El primero trata sobre la "ruta del dinero" que financió la resurrección de Ciccone Calcográfica y la actuación de la AFIP, que pasó de promover su quiebra a liderar su rescate. El segundo, la refinanciación de la deuda que Boudou selló con Formosa y que incluyó millones de pesos a The Old Fund, la sociedad que se usó para tomar el control de la imprenta.

Lijo puede procesar o sobreseer a los acusados o dejarlos en la posición intermedia de la "falta de mérito" para inclinarse por una u otra posición. Pero el desarrollo de la pesquisa durante los últimos meses parece complicar a los señalados por Vandenbroele. En particular porque las medidas de prueba adoptadas desde su confesión confirmaron sus dichos.

Vandenbroele afirmó que Brito fue el motor financiero del "caso Ciccone" y proveyó los US$ 620.000 para fondear a The Old Fund desde Uruguay. "Dusbel es la herramienta societaria para el ingreso de Brito", remarcó el arrepentido, quien luego señaló a un colaborador del banquero Francisco Sguera, como el encargado de pagarle, todos los meses, una suma de dinero a cambio de su silencio.

"Respecto de mis funciones en Ciccone, yo hacía el fronting. Daba la cara, porque Brito no podía", confesó Vandenbroele. "Yo respondía al Grupo Macro, los sueldos los pagaba el grupo", reafirmó.

Tras escuchar la confesión, el fiscal Di Lello decidió dar otro paso. Planteó que Brito y Sguera podían "obstaculizar la presente investigación" si continuaban en libertad y le indicó al juez Lijo que debía "adoptar las medidas que estime pertinente". Es decir, detenerlos.

Pero eso no ocurrió. "Téngase presente", despachó Lijo, que optó por citarlos a indagatoria. Brito se presentó, entregó un escrito, no respondió preguntas y se marchó sin problemas, aunque debió pedir licencia como presidente del Banco Macro. Y Sguera también rechazó las acusaciones de Vandenbroele y continuó en libertad, aunque los registros expusieron que ambos se comunicaban de manera recurrente, cada mes.

Desde entonces, Brito no volvió a pisar los tribunales. Pero sí sus operadores, que visitaron ciertos despachos o se encargaron de trasegar teléfonos judiciales, según confiaron tres fuentes tribunalicias a LA NACION. El mensaje fue siempre el mismo. Recordaron que el Macro era uno de los bancos más importantes del país y que una decisión judicial podía impactar en todo el sistema bancario.

A diferencia de Brito, Echegaray sí accedió a responder preguntas durante su indagatoria, que se extendió durante cuatro horas. Buscó desmentir a Vandenbroele y argumentó que nunca favoreció a The Old Fund, como sí lo hizo su entonces jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, condenado a tres años de prisión en suspenso en el "caso Ciccone" y detenido el 8 de este mes, en Salta, acusado de extorsionar a evasores y cobrarles fortunas para limpiarles sus legajos en la AFIP.

El mayor problema para Echegaray, no obstante, ocurrió durante las semanas previas y posteriores a la irrupción de The Old Fund como controlante de Ciccone Calcográfica. El entonces titular de la AFIP pasó de presentarse en persona en el fuero Comercial para solicitar la quiebra de la imprenta a, con Vandebroele ya de por medio, pedir su rehabilitación. Algo tan inusual que el juez del concurso, Javier Cosentino, lo calificó como "cuanto menos llamativo" en una resolución.

Formosa en la mira

Preso como protagonista mayor de la apropiación de la imprenta, en tanto, Boudou afronta más riesgos penales por la "precuela" del "caso Ciccone". Es decir, la refinanciación de la deuda que la provincia de Formosa mantenía con el Estado nacional y que negoció con la plana mayor de Insfrán.

En agosto de 2012, LA NACION reveló que el gobierno provincial le pagó $ 7,8 millones a The Old Fund por un supuesto asesoramiento durante la negociación con Boudou. Luego expuso que $ 2,2 millones (30%) de ese monto terminaron en las manos de un fidelísimo ladero de Insfrán, Martín Cortés, en tanto que Vandenbroele cambió el resto a dólares en el Banco Macro y desapareció con ese dinero por las calles de la City porteña.

Para los investigadores liderados por el fiscal Carlos Rívolo, ese pago sería "el retorno del retorno", algo que Insfrán negó, mediante un escrito y sin responder preguntas, cuando se presentó en Comodoro Py, en diciembre de 2017.

Para Insfrán, presentarse en los tribunales federales de Buenos Aires resultó un traspié impensado. El Poder Judicial formoseño había iniciado un expediente penal por la operatoria y dispuso su archivo sin ahondar en la investigación. Pero no definió su sobreseimiento, algo que le permitió a la Justicia federal plantear su competencia en base a nuevos indicios y reactivarlo en Comodoro Py.

Ahora, el juez Lijo se apresta a definir el cuadro procesal de Insfrán y de Cortés, como así también de la entonces ministra de Economía provincial –y diputada nacional desde 2011–, Inés Beatriz Lotto de Vecchietti , y el entonces administrador del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro), Jorge Ubaldo Melchor.

Figuras de la causa

• Gildo Insfrán, gobernador de Formosa: Acordó con Boudou refinanciar la deuda de su provincia, a través de un pago millonario a The Old Fund
• Jorge Brito, banquero: Está acusado de ser el "motor financiero" para la compra de Ciccone, con fondos a The Old Fund
• Ricardo Echegaray, exjefe de la AFIP: Pasó de pedir la quiebra de la imprenta a solicitar su rehabilitación, con facilidades de pago incluidas
• Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro: Su confesión de noviembre de 2017 permitió al fiscal Di Lello avanzar con las investigaciones