Caso $LIBRA: cuando no investigar también es una decisión
El autor advierte sobre las consecuencias en términos de confianza en la Justicia que proyecta el modo en que se investiga el escándalo de la criptomoneda fallida
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La capacidad de investigar y sancionar casos de corrupción se pone verdaderamente a prueba cuando estos delitos alcanzan el corazón del poder político. Hoy el Ministerio Público Fiscal enfrenta una disyuntiva crítica: avanzar con decisión en la investigación del caso $LIBRA o dejarla derivar en una dinámica de dilaciones que conspiran contra el esclarecimiento de los hechos.
Las evidencias disponibles son de una contundencia que interpela directamente a las más altas esferas del poder. En este contexto, la inacción no es neutral: es una decisión. Y como tal, proyecta consecuencias concretas en términos de impunidad y deterioro de la confianza pública en el sistema de justicia. La responsabilidad de actuar recae, en última instancia, en el fiscal interviniente.
En los últimos años se ha consolidado en la sociedad una percepción inquietante: la corrupción como fenómeno naturalizado. Bajo esa lógica, crece el escepticismo respecto de la voluntad de los tribunales federales —en particular, los de Comodoro Py— para avanzar sobre los máximos responsables políticos, especialmente cuando se encuentran en la cúspide del poder.
Algo similar ocurre con el poder económico. Decisiones judiciales que reconvierten posibles sobornos en aportes de campaña, favoreciendo a actores empresariales relevantes, evidencian un sesgo preocupante en la interpretación de la ley. Lo mismo puede advertirse en resoluciones recientes vinculadas al endeudamiento con el FMI bajo hipótesis de fraude contra la administración pública. Allí se configura una zona gris donde la respuesta judicial pierde claridad.
Sin embargo, dentro del propio Ministerio Público existen fiscales y funcionarios comprometidos con la persecución del crimen económico, la corrupción y las redes mafiosas. Su labor demuestra que otra respuesta institucional es posible.
El contraste es evidente. El modelo de fiscal que posterga decisiones, ralentiza expedientes y evita acusar se vuelve incompatible con los desafíos que plantea el crimen organizado en la región. En distintos países de América Latina, investigar al poder no solo implica costos profesionales, sino riesgos personales extremos. En Guatemala, fiscales vinculados a investigaciones impulsadas por la CICIG han debido exiliarse tras avanzar sobre redes político-económicas. En Perú, fiscales que intervinieron en causas de alto impacto como Lava Jato han sido objeto de persecución y hostigamiento. En Paraguay, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci —vinculado a investigaciones sobre narcotráfico y sus conexiones con el poder político— mostró de manera brutal hasta dónde pueden escalar esos riesgos.
Frente a ese escenario, la comparación resulta inevitable. Mientras en otros contextos quienes investigan al poder enfrentan amenazas directas a su vida o su libertad, en la Argentina el principal obstáculo muchas veces parece ser la propia inercia institucional: expedientes que se ralentizan, decisiones que se postergan, investigaciones que no se impulsan.
En la Argentina, la pasividad frente a la corrupción transmite un mensaje claro y preocupante. Un poder judicial que no investiga cuando está en condiciones de hacerlo no solo incumple su función, sino que debilita su propia legitimidad. La independencia judicial no se mide únicamente por la capacidad de resistir presiones, sino también por la decisión de actuar cuando el contexto resulta adverso al poder.
La función fiscal no es un ejercicio burocrático ni una carrera administrativa desprovista de tensiones. Es, en esencia, una tarea de confrontación con el poder cuando el poder vulnera la ley. Y exige una determinada convicción: sostener investigaciones bajo presión, resistir campañas de desgaste y asumir los costos personales que implica hacer cumplir la legalidad.
Esa es la ética que demanda el Estado de derecho. Quien no esté dispuesto a asumirla debería dar un paso al costado. La inacción desde una posición institucional clave no es inocua: también produce consecuencias.
Aunque ese vacío suele ser parcialmente cubierto por la sociedad civil y el periodismo de investigación —que han expuesto algunas de las tramas más complejas de corrupción—, la construcción de un Ministerio Público fuerte, con orientación estratégica en materia de política criminal, sigue siendo un desafío central.
El caso $LIBRA, en este sentido, marca un punto de inflexión. No solo por lo que se investiga, sino por lo que está en juego: la capacidad del sistema judicial de demostrar que, aun frente a la instancia máxima del poder, prevalece la aplicación oportuna de la ley penal.
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El autor es director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
Tipo de trabajo:
opinión
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