El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, juró ante la Justicia que la vicepresidenta Cristina Kirchner no intervino en la decisión de reasignar partidas presupuestarias utilizadas para financiar obras públicas realizadas por Lázaro Báez y señaló que, como jefe de Gabinete, él tampoco conocía el destino de esos fondos.

El mandatario chaqueño declaró hoy como testigo de la causa conocida como como Vialidad, donde la vicepresidenta está acusada de comandar una asociación ilícita que direccionaba obras públicas para favorecer a Báez.

Capitanich explicó sus tareas como jefe de Gabinete del kirchnerismo durante casi tres horas y puntualizó cómo era el procedimiento de las reasignaciones presupuestarias. Afirmó que la entonces mandataria Cristina Kirchner no participaba en esas decisiones. “No tiene injerencia la presidenta de la República”, dijo. Al ser preguntado específicamente por cómo se llevaron a cabo las obras en la provincia de Santa Cruz, respondió: “No me corresponde”.

“Son trámites administrativos que hacen a la gestión de Gobierno”, señaló el gobernador de Chaco y afirmó que la presidenta no intervenía en aquellas decisiones ya que no debían consultarle.

Capitanich no hizo una defensa política de la mandataria, a diferencia del procurador del Tesoro Carlos Zannini, que declaró la semana pasada y denostó este proceso: “Tengo el peor de los conceptos de esta causa. Esta es la tentativa más fuerte para enlodar la honra de esos ciudadanos y afectar la reputación no solo de la expresidenta Cristina Kirchner, sino de todos los que están en esta causa y que producen efectos que tratan de proscribir a algunos que participan de la política. Esto no es luchar en contra de la corrupción. Esto es producir un hecho, criminalizar la política. Sin esta aclaración todo lo que yo pueda declarar no tiene mucho sentido”.

Capitanich, en otro tono, al ser interrogado por partidas presupuestarias específicas reasignadas a Vialidad, no pudo precisar los motivos y repitió: “El procedimiento y la metodología siempre son los mismos, es una metodología de trabajo”.

El gobernador de Chaco dijo que conoció a Lázaro Báez en una reunión en Casa de Gobierno pero tampoco pudo precisar más detalles. “No recuerdo pero será en el transcurso del año 2008, antes no lo conocía”, contestó y agregó: “Me pidió una audiencia como cualquiera y lo recibí”.

Ante la pregunta de si recordaba denuncias vinculadas a la corrupción durante su mandato como jefe de gabinete, Capitanich respondió: “No recuerdo exactamente para transmitirle si hubo o no. Usted sabe que operaciones de prensa existen todos los días todo el tiempo, pero no algo que me permita recordar con detalle”.

Jorge Capitanich junto a Cristina Fernández
Jorge Capitanich junto a Cristina Fernández

El juicio oral y público contra la vicepresidenta se reanudó este 2022 con la declaración del exsecretario Legal y Técnico Zannini y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. El fiscal en este juicio es Diego Luciani y el tribunal está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Tras la declaración del gobernador de Chaco el próximo agendado es el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sucesor de Capitanich en el rol de jefe de Gabinete y el último del gobierno de Cristina Kirchner, para mañana a las 10.

El presidente Alberto Fernández declarará el 15 de febrero y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lo hará el 21 de febrero.

Los funcionarios y exfuncionarios citados tienen en común que fueron jefes de Gabinete durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Las declaraciones fueron pedidas por el abogado de la vicepresidenta, Alberto Beraldi, ya que una de las hipótesis de la acusación es que se redistribuyeron partidas presupuestarias para poder asignarlas a las obras públicas que Vialidad Nacional financió en Santa Cruz. Y justamente la tarea de reasignación de las partidas presupuestarias es propia de los jefes de gabinete.

Capitanich siguió la línea que planteó Abal Medina la semana pasada, quien defendió la legalidad de las reasignaciones presupuestarias y declaró que no se trató de favorecer a ninguna provincia en particular. El exsenador también explicó cómo se procedía: expuso en detalle el procedimiento para elaborar el presupuesto nacional antes de ser ejecutado por el jefe de Gabinete. Fundamentó la necesidad de utilizar sus decisiones administrativas para reasignar partidas y de utilizar DNU para ampliar esas partidas, según las necesidades.

Abal Medina negó conocer cuál era la empresa proveedora de la obra pública financiada con esas reasignaciones. Dijo que desconocía ese nivel de detalle y puso como ejemplo que es como si él supiera quién es el proveedor de los lápices que compra una central nuclear. Además, aseguró que no se trató de favorecer a ninguna jurisdicción en particular, si no se hubieran opuesto las otras provincias, algo que sucedió a lo largo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Si hubiera visto algo irregularidad lo hubiera denunciado como mi obligación de funcionario público”, declaró.

Por su parte, Zannini también defendió el otorgamiento de fondos a Santa Cruz. Sostuvo que “no fue desproporcionado” el financiamiento en comparación con otras provincias y que varias de ellas “estaban comprometidas”. Admitió que conoce a Báez de Santa Cruz pero dijo que nunca le pidió que hiciera algo para favorecerlo, además dijo que “hubiera sido muy difícil” direccionar las partidas de obras públicas hacia un empresario particular. Fue un poco más allá y aseguró que la causa busca “enlodar la honra” de la vicepresidenta, “criminalizar la política” y es un intento de “proscribir a algunos que participan de la política”.

Conforme a los criterios de
Conocé The Trust Project
Cargando banners ...

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Ha ocurrido un error de conexión