Cecilia Goyeneche: “La Corte me dio un respaldo por lo rápido que sacó mi sentencia”

PARANÁ.- La fiscal Cecilia Goyeneche recibió la noticia de la decisión de la Corte Suprema cuando almorzaba en un hotel con una veintena de procuradores de todo el país que viajaron a esta ciudad para respaldarla. Los comensales, todos fiscales muy experimentados, discutían qué significaba el fallo que acababa de llegarles a sus teléfonos. Varios lo encontraban críptico, pero a ninguno lo sorprendió: por intuición o por alguna información extraoficial ya todos sabían que sería favorable a la fiscal anticorrupción que está siendo enjuiciada.

La decisión del alto tribunal no fue todo lo bueno que podría haber sido para Goyeneche porque no ordenó frenar el jury en su contra, pero fue celebrada por la fiscal como un triunfo. “La Corte me dio un respaldo por lo rápido que sacó mi sentencia. Podría haber elegido no resolver con esta celeridad”, dijo a LA NACION.

“Ahora tengo que conversar con mis abogados pero seguramente vamos a hacer una presentación diciendo que cualquier sentencia que se dicte en el jury va a ser nula y ellos [los miembros del jurado] tendrán que decidir si van a dictar o no una sentencia sabida de antemano como nula”, dijo Goyeneche sobre sus próximos pasos procesales. Es que el fallo de la Corte no suspende el trámite del proceso y el tribunal podría dictar un veredicto en cualquier momento.

En la Justicia entrerriana quienes cuestionan a Goyeneche coincidieron en que la Corte resolvió el tema con inusual velocidad. “Me preocupa que la presión mediática tenga efecto sobre los tiempos de la Corte”, dijo un magistrado local que sigue de cerca el caso y cree que lo que sucede en esta ciudad está siendo mal interpretado y que Goyeneche debería limitarse a responder las acusaciones en su contra.

En el Superior Tribunal entrerriano no opinaron sobre el fallo, pero LA NACION supo que altos funcionarios de la justicia local creen que debe intervenir ahora otro tribunal formado especialmente, que no haya participado en el caso, y que estiman que ese trámite podría llevar mucho tiempo.

El jury contra Goyeneche tiene que estar terminado antes de fin de mes; de lo contrario, todo el proceso se cae y ella debe ser repuesta en su cargo.

La fiscal es optimista con lo que podría resolver ahora el Superior Tribunal con una nueva composición: “Creo que puedo tener un fallo favorable. Intervendrán jueces que son camaristas y ya no del jury”.

El fallo de la Corte le da además expectativas con lo que pueda pasar a futuro si llega a haber una sentencia y, como ella cree, el tribunal de enjuiciamiento la destituye. “Siempre es un escenario muy favorable para mi porque la Corte está diciendo que hay una cuestión de constitucionalidad grave en el caso y tengo abierta la puerta para futuros recursos ante una eventual sentencia de destitución”, afirmó Goyeneche a LA NACION en el restaurante del hotel Howard Johnson Mayorazgo, rodeada de los jefes de los fiscales de casi todas las provincias que llegaron esta mañana a Paraná en señal de apoyo a la subprocuradora entrerriana.

Viajaron representantes de los Ministerios Públicos Fiscales de todas las provincias salvo Jujuy, Formosa y Tierra del Fuego. El encuentro fue, formalmente, una asamblea extraordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la Argentina. El presidente de esta asociación, Alejandro Gullé (Mendoza), dijo a LA NACION: “Estamos ante una situación de alta gravedad institucional. El mensaje que se está dando con esto es: si te metés con la corrupción, te va mal”.

Jorge Crespo, procurador general de Río Negro y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, coincidió en la gravedad institucional del caso y dijo que el fallo que avaló que Goyeneche fuera juzgada por un jury donde el acusador no es un fiscal sino un abogado que oficia de fiscal es “inconvencional” -viola convenciones internacionales reconocidas por la Constitución-. Destacó que, por eso, “está en juego la responsabilidad del Estado Argentino”.

El planteo de Goyeneche que llegó a la Corte es por ese tema. Ella sostiene que el jury en su contra es ilegal porque quien la acusa en ese proceso es un abogado que hace de fiscal pero no lo es, ¿por qué? porque todos los fiscales de la provincia dependen jerárquicamente de Goyeneche y del procurador, Jorge Amilcar García, que también fue denunciado. Entonces, según el tribunal, no pueden dar garantía de objetividad.

Por orden de la Corte, el Superior Tribunal de Entre Ríos deberá analizar ahora si Goyeneche tiene o no razón en este planteo.

¿De qué la acusan a Goyeneche? El principal cargo contra la fiscal es por no haberse excusado de intervenir en una gigantesca causa de corrupción en la Legislatura provincial pese a que su marido era muy amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, acusado de haberle dado soporte a la maniobra. Además, Goyeneche y este contador -cuyo estudio fue allanado- compartieron la propiedad de dos inmuebles que compraron de pozo a través del estudio de arquitectos en el que trabajaba el marido de la fiscal. Los detractores de Goyeneche muestran viejas fotos donde se los ve a ella y a su marido junto con Opromolla en un clima distendido.

Este nexo apareció en la causa cuando ordenaron embargar los bienes de Opromolla y resultó que un departamento que intentaron inmovilizarle era de la fiscal (ella relata que en ese momento ya no compartían la propiedad porque ella le había comprado a él su parte, pero que el registro no tenía el dato actualizado). En cuanto al otro inmueble compartido, con la causa ya en trámite, Goyeneche le cedió gratis su parte a una sobrina con el propósito de no tener nada más que ver con Opromolla.

Mulet, uno de los que promovieron el jury contra la fiscal, dijo a LA NACION: “Nosotros denunciamos hechos. Ella tenía dos departamentos con un acusado. Al principio lo negó y después los reconoció. Y se desprendió de uno para seguir en la causa. Yo no sé en qué lo benefició, pero no nos corresponde probar eso: es ella la que tiene que explicar”.

Goyeneche, que finalmente se apartó del caso después del episodio del embargo, sostiene que ella nunca tuvo “trato directo” con Opromolla porque quien era amigo era su marido y que no tenía ninguna obligación de excusarse porque los fiscales solo deben hacerlo cuando está gravemente afectada su “objetividad”, algo que, sostiene, no pasó en este caso. Según ella, que le digan que estaba comprometida su objetividad por un amigo de su marido es infundado y constituye una expresión de “misoginia”.

Por Paz Rodríguez Niell

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