Chubut: irá a jury el juez Claudio Petris, acusado por enriquecimiento, “favores sexuales” y abuso de poder
El juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel está acusado por presunto enriquecimiento patrimonial injustificado, abuso de poder y fraude
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PARA LA NACIONAna Tronfi
COMODORO RIVADAVIA.- El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió por unanimidad elevar a un jury de enjuiciamiento al juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel Claudio Alejandro Petris, acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de poder y maniobras financieras irregulares.
Sobre Petris, que tras el escándalo renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, pesaban acusaciones vinculadas a amenazas y “favores sexuales”. La decisión se adoptó durante la sesión plenaria realizada el pasado jueves en Puerto Madryn y fue acompañada por el pedido de suspensión inmediata del magistrado, ante la gravedad de las faltas detectadas.
La denuncia, impulsada por el fiscal de Estado Andrés Meiszner, se originó en una investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal (causa Nº 145.262), a partir de un informe del portal Chubut Online y una entrevista radial que incorporó nuevos elementos de prueba.
Las presuntas irregularidades incluyen un incremento patrimonial no justificado, intervenciones judiciales en causas donde habría tenido intereses personales y conductas consideradas éticamente incompatibles con el cargo.
Patrimonio bajo sospecha
El dictamen elaborado por la consejera instructora Mabel del Mármol detalla una serie de operaciones económicas que, a su criterio, “revelan un manejo patrimonial incompatible con el decoro y la transparencia que exige la función judicial”. La investigación detectó al menos ocho inmuebles no declarados y el uso de familiares o presuntos testaferros para registrar bienes, entre ellos un vehículo Mini Cooper, cuyo dominio −GWZ214− pasó por tres manos antes de terminar en posesión de una hija del magistrado.
“Las pruebas valoradas aportan datos significativos sobre el patrimonio personal y familiar del doctor Petris, conformado por numerosos vehículos y propiedades cuyo origen no puede explicarse razonablemente con los ingresos públicos de un juez de Cámara”, señala el dictamen.
En su análisis, Del Mármol también advirtió que el juez se encontraba inscripto en la AFIP bajo el rubro “Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas y eventos”, una actividad expresamente vedada por la ley provincial para los magistrados.
La consejera sostuvo que esa inscripción “no implica una mera tenencia pasiva de bienes, sino la formalización de una actividad comercial”, lo que constituye “una causal objetiva de mal desempeño”. Según el documento, Petris también habría donado más de 18 millones de pesos en efectivo a su hija para la compra de un vehículo de lujo, monto “incompatible con sus ingresos declarados”.
Abuso de poder
Otro de los puntos señalados por el Consejo de la Magistratura fue la presunta falta de excusación de Petris en una causa de alimentos que involucraba al exfutbolista Aldo Pedro Duscher, con quien mantenía una relación de amistad y vínculos familiares cruzados.
El juez habría fallado en una causa sin apartarse, pese a la evidente proximidad con una de las partes.
La denunciante aseguró incluso haber visto a Petris conduciendo vehículos pertenecientes a Duscher. “Estos actos demuestran una familiaridad que excede la relación social y debió motivar su apartamiento”, concluyó la consejera Del Mármol.
El dictamen también menciona declaraciones de un ciudadano que lo acusa de amenazas, coerciones y abuso sexual, aunque esos episodios no fueron aún formalmente incorporados a la causa penal.
En su defensa, el juez −asistido por el abogado Nicolás Mendive− negó todas las acusaciones y calificó el proceso como una “persecución política”. Argumentó que la investigación es consecuencia de su actuación como presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut (Amfjch), desde donde se opuso a la iniciativa del gobernador Ignacio Torres de eliminar los fueros judiciales mediante plebiscito.
“Este proceso responde a intereses personales del gobernador y constituye una represalia institucional”, afirmó en su presentación. Petris también planteó la nulidad del sumario por considerar que la denuncia carece de una relación clara y precisa de los hechos, y se apoya en publicaciones periodísticas. “Se trata de una excursión de pesca”, afirmó en su escrito.
Respecto de su patrimonio, dijo que está plenamente justificado por “42 años de trabajo”, y rechazó haber utilizado testaferros. Calificó las acusaciones de índole sexual como “totalmente falsas” y sostuvo que el vehículo Mini Cooper era de uso de un conocido, Santiago Orieta, “persona con medios económicos propios”.
Las denuncias contra Petris no son nuevas. Desde mediados de 2025, el fiscal Meiszner había presentado acusaciones por abuso de poder, fraude y enriquecimiento ilícito, en las que se lo señalaba por ocultar bienes, utilizar testaferros y mantener relaciones impropias con partes en litigio. También se sumaron testimonios por amenazas y comportamientos inadecuados dentro del ámbito laboral.
En junio de ese año, en medio de esa escalada de denuncias, Petris presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, cargo que ocupaba desde 2022. Alegó que era víctima de una “campaña de desprestigio” basada en rumores y publicaciones anónimas. “No existen denuncias formales con pruebas verificables. Esta operación busca dañar la independencia del Poder Judicial”, expresó entonces.
Sin embargo, la renuncia se produjo en un contexto de fuerte tensión institucional: la Asociación había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Ejecutivo que convocaba al plebiscito para eliminar los fueros de jueces y funcionarios. La salida de Petris, que encabezaba esa ofensiva, fue interpretada en ámbitos judiciales como un gesto político.
El voto unánime y lo que viene
Concluida la instrucción, la consejera Del Mármol sostuvo que las pruebas reunidas “acreditan conductas incompatibles con la función judicial y constituyen un quebranto de la confianza pública”. Su dictamen fue aprobado sin disidencias.
El Consejo remitió el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y solicitó que analice la suspensión de Petris en sus funciones y el cese en el pago de sus haberes, conforme al artículo 25 de la Ley V N° 80. También se conformó una Comisión de Acusación para representar al Consejo durante el proceso y ampliar los cargos si surgen nuevos elementos.
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