Citan a indagatoria a funcionarios del PAMI que otorgaron subsidios a centros de jubilados relacionados con La Cámpora
La medida había sido pedida por el fiscal Guillermo Marijuan y fue ordenada hoy por el juez Julián Ercolini
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LA NACIONCandela Ini
El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a tres funcionarios de PAMI en el marco de la causa que investiga la entrega de subsidios a centros de jubilados que, según la acusación, no habrían funcionado como tales sino como unidades básicas de La Cámpora.
Serán indagados Santiago Paredes Adra (asesor de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria), Osvaldo Leonel Aquino (gerente de Control de Gestión Social del INSSJP) y Esteban Ernesto Leguizamo, que dirigía una unidad de gestión de los centros de jubilados. Las audiencias están previstas para el 26, 29, y 31 de agosto. La medida fue pedida por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, a partir de una denuncia presentada por la diputada Graciela Ocaña a la UFIPAMI. La titular del PAMI es Luana Volnovich, una de las referentes de La Cámpora.
Según el fiscal, los tres funcionarios “habrían actuado contrariando las funciones inherentes a sus cargos, al haberse interesado, al intervenir en razón de sus cargos, en el otorgamiento y pago de subsidios para beneficiar a nueve Centros de Jubilados y Pensionados (CJyP) que no habrían cumplido con los requisitos establecidos en la norma (...) por montos diez veces superiores a los contemplados en la norma que los autorizaba a otorgarlos”.
Paredes Adra, Leguizamo y Aquino dispusieron, según la denuncia, el otorgamiento de “subsidios solidarios de sostenimiento” por un total de $900.000 para nueve centros: “Vengo a proponerles un sueño”, “Que florezcan mil flores”, “Seguimos Soñando”, “No me olvides”, “Eduardo Galeano”, “Palermo Viejo”, “Honrar la vida”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas”. En esos centros, según la acusación, funcionan unidades básicas de La Cámpora. Además, según la acusación, el monto que le entregó el INSSJP a la mayoría de los Centros de Jubilados y Pensionados era de $10.000, y a cada uno de estos centros se le dieron $100.000.
La normativa para la entrega de este subsidio la establecieron la Resolución 14727/20 y la Disposición 310/20. Luego Paredes Adra y Aquino firmaron la Disposición Conjunta N°105/2021 por la que dispusieron la enterga del subsidio solamente y de manera exclusiva a estos nueve centros.
La Justicia tiene las órdenes de pago mediante las cuales se transfirieron los fondos y advirtió que la inscripción de las nueve entidades fue posterior a la creación de los subsidios y ocurrió en un escenario distinto del que contemplaba la norma del subsidio en cuestión, originalmente otorgado para que los centros pudieran garantizar su funcionamiento durante la pandemia de coronavirus.
El fiscal sospecha que los órganos administrativos que intervinieron en la tramitación de los subsidios podrían haber actuado de modo parcial, con intereses particulares. En el dictamen con el que pidió las indagatorias, Marijuan dijo que “la documentación respaldatoria de gastos presentada por cada uno de los CJyP demuestra que los subsidios recibidos fueron afectados a la compra de micrófonos, parlantes, electrodomésticos, un generador eléctrico y una notebook, entre otros elementos, que a primera vista no se condecirían con el fin último al que propendían las retribuciones de dinero asignadas”. Es decir que los fondos recibidos por os centros no fueron utilizados para garantizar su funcionamiento sino para otros fines.
En La Cámpora niegan que utilicen sus locales partidarios para tramitar programas estatales. “No hay casos puntuales, no es una práctica que se utilice”, descartó un portavoz nacional de la organización que conduce el diputado Máximo Kirchner.
Por Candela Ini
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