El antecedente del fallo contra Macri y sus plan frenado de nombrar jueces por decreto en la Corte
En diciembre de 2015, el juez Ramos Padilla suspendió la designación en comisión de Rosenkrantz y Rosatti; el caso terminó siendo abstracto porque los dos candidatos obtuvieron acuerdo del Senado y fueron nombrados como jueces definitivos
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LA NACION
Ante la falta de acuerdo en el Senado a sus candidatos, el presidente Javier Milei designó en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La decisión, oficializada hoy con la publicación del decreto 137/2025 en el Boletín Oficial, regirá “hasta la finalización del próximo período legislativo” a menos que el Congreso o la Justicia intervenga y ponga freno a sus nombramientos. La asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) ya solicitó la primera cautelar para impedir su jura.
Hay un antecedente. En diciembre de 2015, el juez federal Alejo Ramos Padilla falló en contra del decreto de Mauricio Macri que había nombrado en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Finalmente la causa judicial terminó siendo abstracta porque Macri recurrió al procedimiento ordinario para nombrar jueces en la Corte y Rosatti y Rosenkrantz obtuvieron el acuerdo del Senado.
Un día después de que el titular de Pro asumiera la Presidencia, en diciembre de 2015, el juez Carlos Fayt renunció a la Corte Suprema, lo que dejó una nueva vacante en el Máximo Tribunal. Raúl Zaffaroni ya había abandonado su cargo en diciembre de 2014. Ante las dos vacantes, y con el período ordinario de sesiones parlamentarias ya concluido, el exmandatario decidió, en un primer momento, nombrar a sus reemplazos por decreto.
La Constitución Nacional establece que la Cámara alta debe aprobar con una mayoría de dos tercios los pliegos de los candidatos a jueces del Máximo Tribunal. En su artículo 99, inciso 19, sin embargo, habilita al Presidente a “llenar las vacantes de los empleados, que requieran acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Este último es el camino que tomó Macri apenas asumió, en 2015, y que ahora decidió seguir también Milei, aunque luego de las dificultades para reunir la mayoría necesaria en el Congreso.
Contra la decisión de Macri, el juez federal Ramos Padilla hizo lugar a una “medida cautelar interina” que frenó los nombramientos e instó a la Corte Suprema –por entonces integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda– a no tomarles juramento.
El juez hizo lugar con aquel fallo a un planteo del ciudadano Mariano José Orbaiceta, patrocinado por la abogada Lorena Herrera, que sostuvo que la decisión del exmandatario violaba la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial. “A través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la Nación estarían viciadas de nulidad absoluta”, rezaba el fallo de Ramos Padilla.
La resolución judicial también establecía que el impedimento quedaría revocado en caso de que el Senado aprobara los pliegos correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Esto fue lo que terminó ocurriendo seis meses después. El Senado avaló el nombramiento de ambos jueces: la designación de Rosenkrantz obtuvo 58 votos afirmativos y 12 negativos, mientras que la de Rosatti logró 60 apoyos y 10 rechazos.
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