Condenaron a 12 exfuncionarios de Neuquén a penas de hasta cinco años por estafar a beneficiarios de planes sociales
Se apoderaban de fondos de subsidios para desocupados, con los que financiaban al Movimiento Popular Neuquino
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LA NACION
Un tribunal de la provincia de Neuquén definió este jueves las condenas para 12 exfuncionarios provinciales y empleados que fueron hallados culpables del delito de administración fraudulenta agravada, por haberse quedado con fondos destinados a personas desempleadas y utilizarlos para financiar al partido político Movimiento Popular Neuquino (MPN), durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez (gobernó entre 2015 y 2023). Las penas más altas fueron de cinco años de prisión y el monto de la estafa fue establecido en $1200 millones. Todos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Según informó la Justicia neuquina en un comunicado, un tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita condenó a cinco años a Orlando Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social), Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales) y Tomás Siegenthaler (excoordinador provincial).
Néstor Pablo Sanz (exdirector de Fiscalizaciones) recibió una pena de cuatro años y seis meses. Marcos Ozuna (era jefe del Departamento de Informática) fue sentenciado a cuatro años de prisión. A Julieta Oviedo (exdirectora de Tesorería), Luis María Gallo (exdirector de Finanzas) y Alfredo Cury (abogado que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo) se los condenó a tres años y seis meses.
Recibieron penas de tres años de prisión condicional Laura Reznik (otra exdirectora de Finanzas), Isabel Montoya (trabajaba en la Subsecretaría de Familia), Valeria Honorio (contratada en el ministerio) y Emmanuel Contreras (fue funcionario de rango menor en el ministerio).
En el comunicado judicial, se especificó que “los jueces consideraron agravantes la duración en el tiempo de la maniobra delictiva (casi dos años), el complejo engranaje que involucró a gran cantidad de personas, la utilización del producto de la defraudación para financiar ilegalmente a un partido político comprometiendo la base del sistema electoral y perjudicando no solo al Estado sino también a las personas vulnerables para quienes estaba destinado el plan social”.
Subsidio para desocupados
“También, se consideró la participación de empleados y funcionarios en la maniobra como agravante y la extensión del daño por el monto de defraudación que supera los 1.200 millones de pesos a valores actualizados”, consideraron los jueces, según se informó. El dinero debía destinarse a un subsidio para desocupados.
Para concretar la maniobra delictiva, se utilizó un mecanismo para extraer dinero de los cajeros con tarjetas de débito de subsidiados y cheques de Desarrollo Social que cobraban empleados, que iban a parar a una caja para financiar la política, informó el diario La Mañana.
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