Condenaron a reclusión perpetua a Etchecolatz

LA PLATA.– El Tribunal Federal N° 1, de esta capital, condenó ayer a Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación perpetua “por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983”.

La lectura del veredicto fue interrumpida por incidentes registrados en la sala: huevos, globos de pintura e insultos fueron lanzados desde el sector del público hacia el condenado, que se puso de pie y besó una cruz al oír la sentencia del tribunal.

El ex comisario es el primer miembro de un organismo de seguridad que, despojado del beneficio de las leyes de punto final y obediencia debida, afrontó un juicio oral y público.

El fiscal Carlos Dulau Dumm y los querellantes habían pedido, justamente, la reclusión perpetua para el ex comisario general por encontrarlo responsable de los delitos de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos. La figura de “genocidio” incluida por el tribunal había sido solicitada por la querella. Etchecolatz, de 77 años, es el segundo condenado después de Julio Simón, alias el Turco Julián, por crímenes cometidos durante el último gobierno de facto. La calificación de genocidio no tiene antecedente.

"No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan", dijo el ex represor, que fue el principal colaborador del ex jefe de policía entre 1976 y 1979 Ramón Camps, al pronunciar sus últimas palabras antes de conocer el veredicto.

Así se dirigió el ahora condenado a los integrantes del tribunal presidido por Carlos Alberto Rozanski e integrado por Norberto Lorenzo y Horacio Isaurralde.

"Yo sé que me van a condenar y no van a tener vergüenza de condenar a un anciano, enfermo, sin dinero ni poder", expresó el ex policía. Hizo una breve pausa y siguió, con tono desafiante: "Pero, como dijo Borges, ustedes no son el juez. El juez supremo nos espera después de muertos".

Etchecolatz miró a los ojos al presidente del tribunal y repitió: "Al juez supremo, señor presidente le pido que sea benévolo con todos nosotros [ ] Después de muerto yo, tendremos mucho de que hablar".

Etchecolatz ya había sido sentenciado a 23 años de prisión por 95 aplicaciones de tormento. El ex policía fue sentenciado, también, a tres años de prisión por la apropiación de la menor Carmen Sanz y a otros tres en una causa iniciada por el fallecido legislador socialista Alfredo Bravo.

Ayer, a las 16.50, Etchecolatz usó el beneficio de sus últimas palabras antes de la lectura de la sentencia.

En ese momento el público presente irrumpió con insultos y abucheos. Ajeno a los epítetos, el ex colaborador de Camps, custodiado ayer por diez policías y con un chaleco antibalas, se declaró como un "prisionero de guerra y detenido político".

Sentado en el banquillo de los acusados, Etchecolatz expresó: "Me asiste la oportunidad de poder expresarme ante ustedes que son los jueces (...) que son obedientes de los que mandan. Este juicio para mí, señor presidente, ha sido instrumentado como un rompecabezas para niños bobos". Y añadió: "Se me tomó a mí como participante de una guerra que perdimos con las armas... que ganamos, perdón... y que políticamente vamos perdiendo".

Justamente en estos conceptos se sustentó el alegato de la defensa representada por Luis Eduardo Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elías para pedir la absolución del acusado; la validez de las leyes de punto final y obediencia debida; la declaración de inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de 1994 y -para el eventual caso de una sentencia condenatoria- el beneficio de la detención domiciliaria.

Etchecolatz perdió este beneficio en junio último, cuando el abogado Alejo Ramos Padilla, representante de María Isabel Chorobik de Mariani, denunció ante el Tribunal que había en la casa del ex represor una pistola 9 mm.

Etchecolatz volverá ahora a la cárcel de Marcos Paz mientras sus abogados apelan la condena por privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de Nilda Eloy, Jorge Julio López y de homicidio agravado en perjuicio de Nora Formiga, Elena Arce, Margarita Delgado, Patricia Dell Orto, Alfonso De Marco y Diana Teruggi.

Además, Jorge López, querellante en el juicio, desapareció hace dos días, cuando iba a la audiencia. Representantes de organismos de derechos humanos improvisaron anoche una rueda de prensa para denunciar el hecho.

Por Por María José Lucesole <br/> De la Corresponsalía en La Plata

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