Córdoba: el gremialista Saillén seguirá detenido y le descubren un plazo fijo de US$700.000

Franco Saillén es hijo de Mauricio Saillén, el gremialista detenido ayer por presunto lavado de dinero
Franco Saillén es hijo de Mauricio Saillén, el gremialista detenido ayer por presunto lavado de dinero Fuente: LA NACION
Gabriela Origlia
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28 de agosto de 2019  • 12:24

CÓRDOBA. El titular del Surrbac, Mauricio Saillén, y su segundo, Pascual Catrambone, detenidos ayer por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta de la obra social del gremio seguirán así al menos por 30 días, según lo solicitó el fiscal de la causa, Enrique Senestrari. También descartó una intencionalidad política en el accionar -como ayer plantearon desde el Surrbac- y aseguró que las pruebas son "contundentes".

En declaraciones periodísticas, Senestrari afirmó: "Nosotros no podemos manejar los tiempos. Me parece comprensible la sospecha, pero no nos manejamos de esa forma. A veces se dan coincidencias. Pero cuando las pruebas se acumulan y hay chances de detenciones y secuestros, uno tiene que actuar". Y agregó que "si uno no actúa porque hay un momento electoral, también se puede leer que se está protegiendo para no manchar una elección -agregó-. Actuamos en modo automático, bajo el control del juzgado".

Senestrari confirmó que entre los 19 imputados está Franco Saillén, hijo de Mauricio, y quinto candidato a diputado nacional del Frente de Todos. Hay especulaciones sobre que podría renunciar a ese puesto por temor al impacto que el escándalo judicial tendría sobre la campaña de Alberto Fernández en Córdoba. La acusación es por asociación ilícita, lavado y evasión. Como a todos, se le prohibió la salida del país y se le bloquearon sus cuentas bancarias.

Un plazo fijo millonario

En los 13 allanamientos que se realizaron el martes se secuestraron unos $7 millones, oro, más de veite autos de alta gama y también armas de uso civil registradas; el objetivo es demostrar que esos bienes están vinculados a las presuntas maniobras usurarias que los imputados realizaban con préstamos que daba la mutual. Además, se encontró un plazo fijo de US$700.000 a nombre de Mauricio Saillén.

Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que da cuenta de las irregularidades fue clave en el desarrollo de la causa; la denuncia en el organismo -y también ante la Justicia- la realizó la concejal Laura Sesma del bloque Convocar; está convencida de que en el accionar de los gremialistas hay "complicidad política y empresarial" y señala que el caso es la punta del icerberg que puede llevar a detectar otras irregularidades.

Sesma recordó ante LA NACION que varias veces pidió, a través de proyectos, que la Municipalidad separara del directorio de Cormecor (sociedad del Estado para manejar la disposición final de la basura) a Catranbone, quien lo integra en representación del gremio. "Nunca me escucharon", apuntó.

El juez federal Bustos Fierro se declaró incompetente

El juez federal Ricardo Bustos Fierro se consideró incompetente para entender en la investigación y derivó a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba la decisión sobre qué juzgado debe intervenir. Para Bustos Fierro debe ser su par Hugo Vaca Narvaja, porque cuando se iniciaron las averiguaciones en agosto de 2009 era quien estaba de turno.

En la Justicia Federal hay tres denuncias contra el gremio, por irregularidades en la gestión del dinero y por "obligar" a los empleados a comprar dólares para vendérselos después a los dirigentes.

Por su lado, la defensa de Saillén y Catrambone adelantó que pedirá la nulidad del proceso por la difusión de fotografías de lo secuestrado durante los allanamientos a sus propiedades. El abogado Jorge Sánchez del Bianco sostuvo que esperan que "todo el personal policial y de Gendarmería quede en situación pasiva, lo mismo que el juez que ha iniciado las acciones penales correspondientes. De no ser así, el juez está siendo parte de esto y va a haber un pedido de la defensa no sólo sobre la remoción del personal policial, sino también una denuncia penal para con él".

También hay una investigación abierta desde hace meses ante la denuncia de un exempleado de la empresa municipal de recolección de residuos Crese, Pablo Carrasco, quien fue baleado en la puerta de su casa. El hecho se produjo después de que denunciara a Catrambone por haber creado empresas junto con su hijo y con su esposa, supuestamente, para realizar millonarios negocios con Crese.

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