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Alberto simula una transición hacia la nueva normalidad
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LA NACIONJorge Liotti
El cambio de estrategia esta semana fue evidente. Alberto Fernández buscó demostrar, a su modo, que la mayor parte de la Argentina ingresó en una incipiente etapa de poscuarentena, una nueva normalidad que aún genera desconfianzas. Con números de la Jefatura de Gabinete que señalan que hay amplias zonas del país en las que las actividades se retomaron entre un 80 y un 90 por ciento, y con 18 provincias sin nuevos casos de contagio en los últimos días, el Presidente busca enfrentar las críticas por la extensión del aislamiento a pura gestualidad.
Se apartó un poco de las arboledas de la quinta de Olivos y volvió a trabajar a una semidesértica Casa Rosada para retomar su vieja rutina; en sus recorridas por el conurbano alternó hospitales con fábricas operativas para demostrar reactivación, y reforzó los viajes al interior para exponer que hay otro país fuera del AMBA. Aunque eso requiera elogiar las virtudes políticas de Gildo Insfrán. Equilibrista al fin, Fernández siempre incluye en sus salidas una provincia gobernada por un kirchnerista y otra por un no partisano. La semana pasada fueron Santiago y Tucumán; en esta Formosa y Misiones.
Esta nueva dinámica que busca imponer el Presidente carece todavía de un plan orgánico de transición, que nunca existirá, según reconocen en el propio Gobierno. En pocos días más se develará el misterio de la deuda, el punto de partida que siempre imaginó para su programa económico. Empezará así su segundo semestre de gestión, que todos esperan que sea mejor que los de Macri, aunque los indicadores económicos auguren una catástrofe histórica. La carencia de una hoja de ruta fue planteada por la CGT en su reunión con los ministros Claudio Moroni y Matías Kulfas. Los gremialistas, inquietos por el frágil andamiaje que sostiene los puestos de trabajo, empujan junto con los empresarios la creación de una comisión de emergencia económica. El Gobierno los distrae con piruetas y baratijas.
La reunión del gabinete económico de anteayer exhibió esa tensión entre los deseos y la realidad. Por un lado se resolvió empezar a segmentar la ayuda de los ATP en función de la situación de cada provincia, y también limitar su alcance, en un intento por avanzar hacia otra etapa (en el Congreso dicen que Cristina estalló de furia cuando se enteró de que los ATP también beneficiaron a importantes empresarios y por eso mandó a frenar un rato en el Congreso el proyecto de economía del conocimiento que impulsaba Kulfas).
Pero al mismo tiempo se acordó continuar por otro mes con todo el paquete de ayudas. El Estado se ha convertido en el único dinamizador real de la economía, en un momento de estrepitosa caída de la actividad privada. Según un estudio del Ministerio de Desarrollo Productivo, "el 89% de la población argentina vive en un hogar en donde al menos una persona percibe un ingreso proveniente del Estado". El IFE llega a 8,3 millones de personas y los aportes salariales del ATP a 2,2 millones más, que se suman a los 2,4 millones de beneficierios de la AUH, a los 5,7 millones que cobran jubilaciones y pensiones, y a las 11 millones que reciben la asistencia alimentaria de Desarrollo Social. Según Nadin Argañaraz, de Iaraf, el déficit primario de abril fue de $229.000 millones, lo que superó largamente el de todo el primer trimestre junto, que fue de $156.000 millones. "Si se piensa en un escenario para todo el año, puede afirmarse que el déficit primario será de al menos un 5% del PIB, es decir que registrará un mínimo de $1.500.000 millones", pronostica el economista. Muchos países del mundo están saliendo de la cuarentena con enormes paquetes de auxilio fiscal, pero la Argentina arrastra carencias estructurales que hacen que todo el peso de ese déficit recaiga en la emisión de $300.000 millones mensuales.
El país está ingresando en una etapa definitivamente desconocida en materia económica y por eso Fernández, en un tono inusual para él, se despegó del proyecto de Fernanda Vallejos sobre intervención estatal en las empresas. El problema es que lo hizo con diez días de demora, después de alterar al sector privado y de dejar colgado a dos ministros que, sin señales claras en el radar, balbucearon un respaldo a la propuesta. Hasta Carlos Heller que prefería no tener competencia para su iniciativa sobre el impuesto a las grandes riquezas, por las dudas firmó un texto de apoyo. El tarotismo para adivinar los pensamientos de Cristina se ha vuelto una práctica ingrata.
Martín Guzmán también sintonizó otra frecuencia esta semana. Confiado en cerrar con éxito la renegociación de la deuda, por primera vez comenzó a pensar en un futuro más allá de los bonistas y se aventuró al mundo exterior. Muchos le venían aconsejando que debía adoptar otro rol si quería tener una voz en la reconstrucción pospandemia. Le pidió a un par de intermediarios que le armaran una reunión virtual con algunos de los empresarios más poderosos del país, a los que nunca había tratado. Admitió en la intimidad que no tenía en claro quiénes eran varios de los actores centrales de la economía local. También acompañó a Santiago Cafiero a una recorrida por una pyme de Villa Lugano. En su entorno reconocen que "Martín está tratando de ocupar más el lugar del ministro de Economía y dejar de ser un mero secretario de Finanzas al que solo le preocupa la deuda". Sin embargo, no está dispuesto a resignar su detallismo técnico en el altar de la política. Así se entiende el esfuerzo que hizo por moderar expectativas cuando el jueves Fernández habló, relajado y silvestre, de una reforma impositiva.
La pandemia en el conurbano
Sin embargo, mientras el Gobierno simula una nueva dinámica, la pandemia empezó a demostrar toda su virulencia en el conurbano. Un torneo de fútbol en la canchita del barrio al que concurrieron 500 vecinos hizo un desastre sanitario en la villa Azul. Ya se habían encendido las alertas unos días antes con un corte de la colectora del acceso sudeste en reclamo de atención. Cuando el domingo aterrizaron los primeros funcionarios, el escenario era muy complejo. No solo por la cuestión sanitaria, sino además porque a diferencia de lo que ocurre en otros asentamientos, allí y en la vecina Itatí no hay un entramado de contención que en general lo proveen los movimientos sociales, la iglesia o los comedores. Solo pobreza y un esquema narco muy arraigado que se exaltó con la presencia de tantos gendarmes. Ordenar la situación fue muy complejo, porque había una gran desconfianza en la gente, y los agentes que llegaron tampoco tenían un protocolo claro.
En el Gobierno admiten que, tal como pasó en la Ciudad, "se llegó 15 o 20 días tarde con los testeos y con la presencia del Estado". Encontraron allí un gran temor al contagio, pero una sensación más fuerte de desamparo. "Nos pedían más que los cuidemos de los narcos y que evitemos que le quiten sus casas. Se sentían en tierra de nadie", recordó uno de los asistentes. Así germinó la polémica idea de cercar la villa, surgida de un intercambio entre Axel Kicillof, Sergio Berni y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, con el aval del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Los que conocen el terreno aseguran que no había otra alternativa, pero a Alberto Fernández no le gustó la solución y lo transmitió en la intimidad. La situación en la villa hoy es insostenible. Hay 300 efectivos de seguridad por turno controlando los accesos y una legión de asistentes que se encargan desde los hisopados hasta de comprar productos de almacén para los habitantes porque no pueden salir. "Es una situación excepcional, no se puede aplicar al resto", se sinceran en el Gobierno.
Después vinieron los excesos. Berni habló de una "explosión nuclear" a pesar de que todavía no está clara la curva de contagios. Hay algunos infectólogos que están sorprendidos porque la ola todavía no es tan agresiva en el conurbano y se ilusionan con un debilitamiento del virus. Después Kicillof, corrido por izquierda, salió a decir que podrían cercar edificios y countries y desató una ola de furia, que debieron atajar los intendentes. La oposición aprovechó la circunstancia y aceleró su ofensiva anticuarentena, al agitar las redes y hacer convocatorias para protestar. Al Gobierno le empezó a preocupar esta postura porque teme que un proceso de desobediencia social inocule las medidas de aislamiento cuando en el AMBA haya que volver a las restricciones duras.
Por eso reaccionó más allá de las palabras. Una fuente del kirchnerismo neto reconoce que esa fue la razón por la que se activó la ofensiva antimacrista de esta semana en el Congreso. Mientras una comisión bicameral examinaba la deuda del gobierno anterior, otra analizaba el DNU de las escuchas, al mismo tiempo que la AFI presentaba una denuncia por pinchaduras ilegales. Una de las principales críticas que Cristina le hace al Presidente es su indulgencia con la gestión anterior, a la que ella culpa por sus desgracias judiciales. Ese fue uno de los tópicos sobre los que más conversaron en la secreta reunión de tres horas en Olivos.
El temita de la Justicia obsesiona a la vicepresidenta. Lectores finos de los tribunales identifican una aceleración de sus reacciones después del fallo de la Corte Suprema que rechazó su pedido de certeza para sesionar en el Senado. "Sacó el termómetro y midió que no había temperatura", graficó la fuente. Desde entonces activó medidas directas en las causas en las que es investigada y revigorizó la creación de un consejo consultivo que evalúe a la Corte, una forma de monitoreo del tribunal donde terminarán sus expedientes. También intervino en el principal proyecto de Fernández en la materia: la reforma judicial, que no termina de presentarse por las diferencias internas. El boceto que se filtró esta semana ya tiene su sello. El perfil técnico que había imaginado Gustavo Beliz de federalizar los juzgados nacionales adquirió un carácter más político al habilitar al Gobierno a completar 23 nuevas vacantes. "Mientras en el Gobierno hablaban de unificar juzgados, en el Instituto Patria decían: ´Si llegamos hasta este lugar del poder, ponemos los jueces'", recuerda un operador judicial.
Marcela Losardo, la ministra de Justicia, maniobra desde una posición de extrema debilidad, la misma con la que vio renunciar a Emiliano Blanco, su candidato para el servicio penitenciario, vetado por La Cámpora. Hay quienes en Olivos escucharon admitir al Presidente que también él esperaba otro desempeño de quien fue su socia en la actividad privada.
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