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Causa Andis: los directivos de las empresas beneficiadas por el presunto direccionamiento se negaron a declarar
Son Andrés Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Fuentes Acosta, ejecutivos de Génesis, New Farma y Droguería Floresta; dos presentarán escritos, dijeron sus abogados
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LA NACIONFederico González del Solar
Los directivos de tres de las principales droguerías beneficiadas en el presunto direccionamiento de compras al interior de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se negaron a declarar hoy durante su indagatoria en Comodoro Py, en la causa que sobrevino a los audios atribuidos al exdirector del organismo, el libertario Diego Spagnuolo.
Se trata de Andrés Horacio Arnaudo, ejecutivo de Génesis, y de Silvana Vanina Escudero y Alejandro Fuentes Acosta, directores de New Farma y Droguería Floresta, respectivamente, quienes dieron a conocer a través de sus abogados que entregarán un descargo por escrito, una vez que analicen la imputación que les fue leída hoy.
Las sociedades que presiden resultaron favorecidas en el proceso de compras “reducidas” que revisa la Justicia en la causa, en el que participaba solo un puñado de empresas.
A New Farma y Floresta, en particular, el fiscal Franco Picardi las señala como las principales adjudicatarias de insumos auditivos dentro de la agencia, como audífonos o implantes. Entre septiembre de 2024 y agosto de este año, en ese rubro, las empresas ganaron más del 50% de las licitaciones y recibieron un total de $9.514.743.020.
Además, el fiscal las acusa de haber sido una suerte de oferentes testimoniales, al presentar precios no competitivos en determinadas licitaciones para simular una falsa competencia con otras empresas que ya habrían tenido garantizado el contrato de antemano.
A la droguería Génesis, por su parte, el fiscal Picardi la acusa de haber concentrado, junto a la droguería Profarma, el 93% de las 21 órdenes de compra instrumentadas bajo mecanismo investigado, entre julio de 2024 y agosto de 2025.
Por la empresa Profarma ya había sido indagada Ruth Noemí Lozano, que, como la mayoría de los indagados eligió no declarar. Lozano es, a su vez, accionista de la firma Indecomm S.R.L, cuyo titular Miguel Ángel Calvete, es uno de los principales apuntados en el presunto esquema de direccionamiento.
Audios
La causa nació con la divulgación de los audios atribuidos a Spagnuolo, donde se describe un sistema de coimas al interior de Andis. Con el tema instalado en la agenda pública, Spagnuolo, máxima autoridad del organismo, fue desplazado por el Gobierno junto al entonces director Daniel Garbellini.
La defensa de la familia Kovalivker -dueña de Suizo Argentino- pidió anular la investigación, argumentando que esas grabaciones furtivas podrían haber violado derechos fundamentales y ser ilegales. Luego, Spagnuolo hizo un planteo similar a través de su defensa, esgrimiendo que ese material, cuyo origen dice desconocer, no podía incriminarlo.
Ayer, la Cámara Federal, por mayoría, le ordenó al juez Sebastián Casanello que investigue la procedencia y la veracidad de aquellos audios y que identifique los elementos que sustentan la causa por fuera de esos registros.
“Existen solo dos caminos posibles no excluyentes [en relación con los audios]: procurar establecer su origen y veracidad y exponer, entre tanto, que otros elementos abonaron la actividad jurisdiccional desarrollada si, como alegó la fiscalía, se ha omitido su utilización”, dice el fallo de la Sala II.
La puja en torno a los audios es acerca de si estos sirvieron de puntapié inicial para la investigación o constituyen la piedra angular del caso.
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