Coronavirus: constitucionalistas cuestionan el cierre de fronteras provinciales

La expansión del coronavirus desató una serie de medidas inéditas por parte del Estado para intentar contener la pandemia en la Argentina. Siete provincias tomaron en las últimas horas decisiones como el cierre parcial o total de límites provinciales y fronteras nacionales, así como las cuarentenas obligatorias, entre otras disposiciones.

Andrés Rolser, doctor en Derecho de la Universidad de Oxford, interpretó que alguna de las provincias más complicadas por el coronavirus han tomado medidas que exceden sus facultades, una situación solo entendible ante el estado de emergencia. "La suspensión de derechos y garantías implica la declaración de un Estado de sitio. Lo que ocurre hoy en algunas de las provincias es un estado de sitio implícito", remarcó.

Antes de llegar a esa situación, el constitucionalista planteó tres escenarios. En primer lugar, el control preventivo que toman muchas localidades para evitar que ingresen contagiados o casos sospechosos, que es –aclara– "absolutamente constitucional". Rosler ubicó en un segundo lugar a las cuarentenas obligatorias dictadas por algunas provincias, que "están casi en el borde de la frontera constitucional" porque limitan derechos, explicó el abogado.

Rosler hizo referencia puntual a lo que ocurre en Chaco, una de las provincias más afectadas por el coronavirus, con 11 casos confirmados. En ese contexto, el gobernador Jorge Capitanich decretó el martes el cierre de nueve pasos con otras provincias, entre otras medidas para frenar el contagio.

"La libre circulación en las rutas de la Argentina está garantizada por la Constitución, porque el sentido es generar una unión, que las provincias no funcionen como países en sí mismos. [Un gobernador] no tienen potestad para cortar el paso", aseguró Rosler.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez se expresó en la misma línea: "Lo resuelto por el gobernador del Chaco desconoce los artículos 8 y 9 de la Constitución argentina, dinamita el sistema federal y es desproporcionado porque existen otros medios más idóneos para lograr el mismo fin".

Según explicó Gil Domínguez a LA NACION, el "poder de policía" que tienen las provincias las habilita a cerrar shoppings, bingos, clubes, escuelas, pero no a cerrar fronteras o establecer aislamientos obligatorios sociales. "Eso requiere una ley de Congreso, un decreto de necesidad y urgencia del Presidente o estado de sitio. Si no se transforma un Estado federal en una confederación con derecho de secesión parcial. Establecer fronteras es secesionista", remarcó.

Gil Domínguez, además, advirtió que las provincias tampoco pueden disponer que la gente no salga a la calle. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, dispuso esta semana el cierre del paso fronterizo de la Argentina con Chile que funcionaba en esa provincia y también decretó la obligatoriedad de mantener cuarentena obligatoria de dos semanas para cualquier persona que transite el suelo mendocino.

El constitucionalista Rosler, en cambio, sostuvo que la cuarentena obligatoria entra en una especie de zona gris: "Con el aislamiento [obligatorio] ocurre algo parecido porque nos quita el derecho a transitar. En Europa se declaró un estado de emergencia, pero acá todavía no se declaró algo semejante". Y agregó que sí son totalmente válidas las prevenciones que han tomado otras localidades, como Pinamar y Mar del Plata, que hacen controles sanitarios a los visitantes para evitar la difusión del coronavirus.

El Estado de sitio

Pero más allá de las decisiones de las provincias, ¿qué pasará si la situación se agrava y el Estado Nacional debe tomar nuevas medidas? "Si el Gobierno quisiera avanzar con medidas drásticas, tiene dos caminos: la primera, ampliar la emergencia y disponer nuevas normas cuya violación importarían un delito porque sería violar una ‘orden de auto competente’ para contener una epidemia. La segunda, más fuerte, promover la declaración del Estado de sitio, que le da mayores potestades al presidente", explicó Gil Domínguez.

Cuando hay Eestado de sitio, el Presidente puede, entre otras atribuciones, trasladar a personas de un punto a otro del país y quedan suspendidas las garantías constitucionales. La última vez que se dictó el estado de sitio en la Argentina fue en diciembre de 2001, antes de que Fernando de la Rúa dejara la Presidencia de la Nación por la crisis económica.

El Estado de sitio debe declararlo el Congreso de la Nación y el Presidente solo puede hacerlo si el Congreso está en receso. "Hoy, no está en receso. Para que lo esté, tiene que declararse oficialmente en receso. Lo otro, lo que pasa hoy, es un funcionamiento acorde a la pandemia", aclaró Gil Domínguez.