Cuanto más rigidez tenga el mercado, más se desalienta el empleo

En el debate abierto sobre las medidas a tomar para promover o mantener el empleo se ha abierto una controversia que, a nuestro entender, tiene tres ejes.

El primero es si realmente estamos frente a una emergencia ocupacional. La respuesta es negativa, ya que nada difiere de lo que vino ocurriendo desde la última parte de 2011, pues no se crea empleo en el sector privado desde entonces ni se satisface la aspiración de los jóvenes por el primer empleo (o el de los sectores más vulnerables). Mientras tanto, el empleo público fue creciendo fuertemente (más de 30% hasta noviembre) y su generación poco tuvo que ver con la necesidad real de mayor dotación.

Sin embargo, tales distorsiones en modo alguno justifican pensar en una emergencia en el sector formal de la economía, aunque -vale la pena aclararlo- la persistencia del nivel de informalidad muestra claramente la falta de incentivos para la regularización laboral y fiscal de empresas y empleos.

La segunda cuestión tiene que ver con las políticas aplicadas por los países industrializados desde la crisis de 2008, cuando las empresas no tuvieron otra alternativa que reducir producción y, consecuentemente, su dotación de personal. El problema alcanza dimensiones muy serias por cuanto la tasa de desocupación, especialmente entre los jóvenes, llegó a duplicar o triplicar la media nacional en los principales países del mundo.

El Pacto Mundial para el Empleo aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo de 2009 brinda instrumentos a los que pueden apelar los gobiernos para promover la creación de empleo, estimular la formación profesional y la empleabilidad de los trabajadores y proteger -mediante seguros de desempleo y otras prestaciones- al trabajador desocupado y a su familia. En ningún caso se indicaron caminos como la prohibición de despidos o el encarecimiento de indemnizaciones.

También el tema ha ocupado un lugar central en la agenda del G-20, y allí se han incluido una serie de medidas para la creación de empresas y empleo -en la línea del proyecto de Empleo Joven que el Gobierno propicia-, así como la promoción del aprendizaje y la formación y la protección de los desempleados.

Tampoco aquí se insinúa siquiera la posibilidad de las medidas de nulidad o prohibición de despidos o duplicación indemnizatoria contenidas en los proyectos legislativos hoy en discusión en el Congreso.

La tercera cuestión es si prohibir despidos, estableciendo procedimientos que impliquen la nulidad de los mismos y que tendrán serios cuestionamientos judiciales, o agravar los costos indemnizatorios puede ser eficaz. La respuesta es definitivamente negativa.

Múltiples experiencias internacionales han demostrado que cuanto más obstáculos y rigidez procedimental se establece para impedir las desvinculaciones, sobre todo cuando no tienen que ver con cuestiones discriminatorias o disciplinarias, sino con problemas que emergen de la situación del mercado, de la falta de producción o de insumos, se generan conductas preventivas de reducción de personal o desalientan la contratación cuando las circunstancias adversas se han modificado.

La imposición de este tipo de regulaciones termina siendo tan inoperante como las múltiples prohibiciones al trabajo informal que, lamentablemente, se agotan en ello sin generar las condiciones para la formalización.

Hay quienes argumentan que en la crisis de 2001 se había apelado al recurso de la doble indemnización. Sin perjuicio de destacar que estábamos frente a una crisis institucional de magnitud, además de la económica y social, cuando se instrumentó la medida tanto el desempleo como la informalidad y la pobreza estaban por encima de cualquier registro histórico y no mejoraron por la normativa, sino por la ulterior recuperación económica.

Tan claro es que todos saben que no sirve o es inaplicable frente a la realidad productiva y laboral, que se esfuerzan para excluir a las Pymes y, con ello, al 70% del empleo. La pretensión parecería acotar la legislación al resto del mercado de trabajo, con el espíritu de hacer una "ley a medida", aunque con ello se den claras señales a la inversión de que no hay reglas de juego razonables y estables y se genere, además, la litigiosidad que se abrirá por su eventual retroactividad, la aplicación a unos y no a otros o el avance sobre derechos adquiridos.

Estamos convencidos de que este no es el camino y sólo el diálogo social entre Gobierno, trabajadores y empresarios puede construir la lógica de un modelo de concertación que estimule la creación de empresas y empleo, proteja al desempleado y lo reconvierta en empleable, contribuyendo a una visión compartida de desarrollo con progreso económico e inclusión social.

El autor es vicepresidente de la UIA y presidente de Copal

Por Daniel Funes de Rioja

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