Cuatro historias de vida que cambiaron con el gobierno de Mauricio Macri
Cómo impactaron distintas medidas del Gobierno en la vida cotidiana de una fabricante de máquinas agrícolas, un ex empleado del Estado, un jubilado que cobró su haberes atrasados y un club barrial golpeado por las tarifas
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Muchas medidas tomó Mauricio Macri como presidente. Para bien o para mal, eso depende desde dónde se miren o a quien hayan impactado. A modo de balance del primer año de Cambiemos en el poder, LA NACION tomó, de forma arbitraria, cuatro de las decisiones de la Casa Rosada que más repercusión tuvieron en el año (la quita de los cupos para exportar y el fin del cepo cambiario; los despidos en distintas administraciones y dependencias gubernamentales; el programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados; y los aumentos en las tarifas de luz y gas) y buscó a personas que las hayan vivido en carne propia.
A continuación, cuatro historias de vida que cambiaron en los últimos doce meses: una fabricante de máquinas agrícolas, un ex empleado del Estado, un jubilado que cobró su haberes atrasados y un club barrial golpeado por las tarifas
Rosana Negrini: “Estamos esperando que nos visite Macri”
Rosana Negrini recuerda muy bien las últimas semanas de 2015. Apenas Mauricio Macri ganó el ballottage contra Daniel Scioli, en su fábrica de maquinarias agrícolas llovieron los pedidos de sembradoras. Sólo en diciembre vendió un tercio de las máquinas que facturó en todo el año.
“A nuestros clientes les cambió el ánimo el día siguiente a las elecciones”, dice Negrini a LA NACION. Habla desde Monte Maíz, sede central de Agrometal, empresa que nació 66 años atrás.
Agrometal es un botón de muestra del estado actual del campo, uno de los sectores más beneficiados en el primer año de Macri frente a la Casa Rosada. En 2016 duplicó las sembradoras entregadas el año anterior –de 230 pasó a cerca de 400– y sumó a casi 90 empleados a su plantilla –ahora cuenta con 350 trabajadores–. El aumento de pedidos obligó a la fábrica a comenzar a producir de noche y ahora sus empleados hacen horas extras, cuando el año pasado cobraban el sueldo en cuotas.
“Antes de que bajaran las retenciones, los productores ya sabían que iba a poder trabajar tranquilos, que no les iban a poner palos en la rueda”, apunta Negrini sobre el humor del sector.
A poco de asumir, en diciembre mismo, el Presidente anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, girasol, carne y productos de economías regionales (las de soja bajaron de 35 a 30 por ciento). Se quitaron los cupos para exportar y hasta el fin del cepo cambiario benefició al sector.
Todo el paquete de medidas prendió los motores del agro: se estima que 2016 cerrará con casi un millón de hectáreas más sembradas de trigo y otras 800.000 de maíz en todo el país. Los productores invertirán 58.000 millones de dólares en toda la campaña, algo así como US$ 158 millones diarios.
Otro dato duro del contexto: según publicó el Indec, en el tercer trimestre de este año se comercializaron 4941 máquinas. Casi dos mil más que en la misma etapa del año pasado.
“Veníamos de unos cuantos años de crisis. Cada vez vendíamos menos y el año pasado fue malísimo, no sé si el peor de los últimos diez o veinte años o de toda la historia”, apunta Negrini. “Ahora todo el pueblo se dinamizó. El cambio fue inmediato”.
En Monte Maíz, pueblo situado a 300 kilómetros de la ciudad de Córdoba, viven 9000 personas. Al menos 600 familias dependen directamente de la actividad agrícola.
Negrini, cuyo padre fue contador de Agrometal en sus comienzos, dice que el 2016 les "explotó en las manos" y califica el año como de "estrés total”. Aventura que el 2017 también será vertiginoso: “Estamos viendo de no parar en el verano para poder producir desde enero. Vamos a tener que poner máquinas hasta en el patio”. Y para cerrar, asegura que la frutilla del postre sería la visita de Macri a Monte Maíz: “Lo estamos esperando. Ya lo invitamos”.
Pablo Fracchia: “Me echaron por supuestamente ser ñoqui”
Pablo Fracchia se enteró por celular que lo habían despedido del Estado. No lo llamó un compañero ni le envió un mensaje su jefe: un viernes a la noche le apareció en la pantalla una alerta para que comprobara la contraseña de su mail del Ministerio de Seguridad. Cuando ingresó la clave de su usuario, le rebotó. Entonces entendió todo.
“Evidentemente agarraron un listado y con un fibrón marcaron este sí, este no. Y así nos rajaron a la mierda, sin tener la idea de lo que hacíamos; o sí, teniendo”, dice Fracchia a LA NACION al cierre del año en que perdió su trabajo en el Estado luego de que asumiera Mauricio Macri. “El lunes siguiente pude entrar al ministerio. Tardaron unos días en darse cuenta. Pero nunca me llegó el telegrama”, agrega.
El caso de Fracchia fue uno de los 10.622 cesanteos que hubo en enero pasado. Sin embargo, como publicó este diario el reciente 28 de noviembre, la plantilla en el Estado creció durante todo el año y alcanzó el nivel que había dejado el kirchnerismo: en junio, el total de puestos de trabajo registrados en el sector público ascendió a 3.458.448 (el 21% correspondió al ámbito nacional: 739.097 ).
“Me echaron por ser supuestamente ñoqui”, denuncia Fracchia, pero asegura que tenía que marcar tarjeta todos los días y que incluso llegó a viajar al interior del país por su tarea.
¿Cuál era su tarea? Integraba desde hacía menos de un año la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la cartera que hasta diciembre condujo Cecilia Rodríguez y que asumió Patricia Bullrich en tiempos macristas. Fracchia afirma que ninguno de los nuevos funcionarios se acercó a conocerlos. “Nos empezamos a poner nerviosos y entonces preparamos un informe de gestión anual”, recuerda. El equipo contaba con 30 personas, la gran mayoría había llegado en la gestión de Nilda Garré.
“No éramos militantes de La Cámpora. Trabajamos cuestiones de lesa humanidad vinculada a la fuerza de seguridad, los ADN compulsivos, las búsquedas de NN que la policía no podía encontrar, monitoreábamos casos de violencia de género dentro de las fuerzas e intentábamos sensibilizar en cuestiones de diversidad sexual”, relata Fracchia.
Uno de los mayores hitos de la dirección fue haber participado en el hallazgo, el 17 octubre de 2014, de Luciano Arruga, cinco años y ocho meses después de su desaparición.
¿Qué hizo Fracchia luego de ser despedido? Se sumó al reclamo de ATE por la reincorporación. Dice que los primeros meses fueron “desesperantes en medio del tarifazo”. “Mi pareja me bancaba, pero a él también lo rajaron de su trabajo”, apunta.
El Ministerio de Seguridad quiso reincorporarlo a mediados de año, pero Fracchia, que es trabajador social y para llegar al Estado había abandonado su trabajo en una organización internacional que trabajaba en el monitoreo de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, ya tenía una oferta laboral de los Cascos Blancos.
“Me llevaron a trabajar al Líbano para el mismo gobierno que me había echado. En ese momento el ministerio afloja y dice de reincoporarme”, recuerda. “Para mí el llamado de ellos fue reivindicatorio, escucharlos reconocer que se habían equivocado. Y me di el gusto de decirles que de ninguna manera trabajaría de nuevo para ellos”.
Hoy Fracchia tiene 33 años y trabaja en un área de acceso a la Justicia, por fuera del Ejecutivo. Pasa sus días recorriendo la Isla Maciel y Dock Sud para que los vecinos de allí no tengan que ir hasta Tribunales.
Demetrio Rubio: “Esperaba cobrar algunos pesos antes de irme”
El jueves 26 de mayo a la tarde, Demetrio Rubio estaba ingresando a un consultorio médico cuando sonó su celular. Lo llamaban desde la Anses para invitarlo a un acto del presidente Mauricio Macri para el día siguiente. Sorprendido, y para no demorar más la visita a su clínico, Rubio pidió que lo llamen más tarde.
“Me dijeron que mi demanda contra la Anses tenía sentencia firme y que querían que saludara y le dijera algunas palabras al Presidente. Me anunciaron que iban a enviarme un vehículo a las 8 del viernes y que podían acompañarme dos personas. Después me llevarían de vuelta a mi casa. Todo se cumplió tal como fue prometido”.
Así le cuenta Rubio a LA NACION cómo se enteró que el Estado iba a pagarle un demorado juicio que había ganado por haberes jubilatorios mal calculados. Su caso fue uno de los casos testigos que Macri presentó el viernes 27 de mayo en el Espacio Cultural Julián Centeya, en Boedo, cuando anunció el denominado Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. El Gobierno finalmente logró poner en marcha el programa tras la sanción en el Congreso –con el apoyo de la oposición– de una ley ómnibus que incluía la apertura del blanqueo de capitales y el compromiso de devolver el 15% de la coparticipación que se retenía a las provincias para financiar la Anses.
Demetrio tiene 89 años y aún firma sus correos electrónicos como “Productor Asesor de Seguros”. Fue el primero de los tres jubilados que subió al escenario con Macri. “Estaba muy emocionado. Tanto, que no había preparado nada –recuerda Rubio–. Espontáneamente le dije que lo felicitaba por su gestión y le comenté que este último fue el tercer juicio que le hacía y le ganaba a la Anses, y ya habían pasado nueve años. Le dije que esperaba poder cobrar algunos pesos antes de «irme»”.
El primer juicio que ganó, Demetrio lo cobró luego de cuatro años y hasta le pagaron una parte en bonos. El segundo demoró cinco años. El último lo había iniciado en diciembre de 2007.
tras la sanción de la ley, el Gobierno comenzó a pagar los haberes jubilatorios reajustados desde septiembre pasado. Se estima que hay 50.000 sentencias firmes contra el Estado. Y según anticipó la propia Anses, en 2017 se destinarán $ 15.000 millones la liquidación regular de sentencias, y otros $ 16.816,5 millones para saldar retroactivos en el plan oficial de reparación histórica.
Demetrio ya cobró el juicio a su favor y cuando se le pregunta si pudo destinar el dinero a algo que quería, responde: “Hacer algunos regalos a nuestras familias y planeando algún viaje”.
Graciela Lazzarof: “No queremos volver al 2001”
Graciela Lazzarof hace cálculos y suelta el número: 60.000 pesos. Eso es lo que el club barrial que ella integra tiene que pagar por mes en servicios públicos. Hasta los aumentos decididos por el gobierno de Mauricio Macri, la cifra era diez veces menor: $ 6000.
El Club Atlético Tres de Febrero, en el partido de San Martín, tiene 850 socios de los cuales el ochenta por ciento son chicos. La cuota es de $ 210. Lazzarof asegura que las cuentas no cierran: “El club se encuentra en peligro. Pasamos la crisis del 2001 y realmente no queremos volver a eso”.
El tarifazo del Gobierno golpeó de lleno a este club donde se puede hacer gimnasia, básquet, fútbol, patín y natación. El Tres de Febrero sufrió en carne propia una de las medidas más polémicas de Macri, quien tuvo que dar marcha atrás y hacer un tardío llamado a audiencias públicas tras una serie de fallos judiciales en contra.
Para contrarrestar el golpe en el bolsillo, la Casa Rosada impuso una tarifa social en los sectores populares y otorgó descuentos del 40% en las facturas para clubes de barrio. Pero esos beneficios no parecen haber llegado al Tres de Febrero.
“No estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que pedimos lo que corresponde. La tarifa social es un reclamo justo porque nuestro consumo no es para hacer lucro”, se queja.
Las subas cambiaron costumbres cotidianas de toda la sociedad. Como publicó LA NACION el sábado pasado, este año se frenó el consumo de electricidad y de gas en los hogares, una rareza en materia de servicios públicos. En lo personal, Lazzarof tuvo que hacer equilibro entre su trabajo particular y el club: “Yo tengo un taller metalúrgico, al que dedico 8 o 9 horas por día; en el medio estoy conectada todo el tiempo con el club para hacer esto o lo otro. Durante el año tuvimos que estar metidos en estas cosas administrativas y hacer mil y un trámites porque estas facturas no se pueden pagar”.
El derrotero del reclamo del Tres de Febrero comenzó el 21 de mayo con una reunión, junto a otros 80 clubes, con el intendente Gabriel Katopodis. Seis días después presentaron un amparo y pidieron una medida cautelar. El 7 de junio, la Justicia Federal dictó la primera medida cautelar a favor de seis clubes de San Martín. Y en julio, tras presentar otro amparo, la Justicia Federal frenó el tarifazo de luz para todos los habitantes de San Martín.
“Nos pusimos contentos porque alguien nos entendió, pero resultó que a nosotros no nos refacturaron -recuerda Lazzarof-. Llevamos cuatro meses y todavía no recibimos la devolución”.
Más que en rojo, el Tres de Febrero parece terminar el año con sus cuentas en bordó. Lazzarof misma lo detalla: “De la luz ahora tenemos una deuda de 115.000 pesos, de los cuales pagamos 30.000 mil a cuenta. Del gas tampoco nos llegó la nueva factura, pero hasta la última factura de julio nos reclamaban 30.000 pesos; ahora creo que deberíamos estar cerca de los 100.000. Y del agua pagamos 2000 pesos y la última factura fue de 14.000”.
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