Cuestionamientos al plan de radarización

Diego Granda
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27 de abril de 2013  • 18:20

El 20 de julio último la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la implementación del plan Escudo Norte, un nuevo programa de radarización y control del tránsito aéreo. A meses de su presentación, funcionarios de la Justicia y expertos en materia de narcotráfico cuestionan su efectividad.

El plan, según informó el vocero de la Fuerza Aérea, Mariano Mohaupt, consiste en una ampliación y un mejoramiento de la radarización para lograr un sistema que "funcione en forma permanente y brinde una mayor cobertura en el sector norte del país, con el fin de controlar tránsitos irregulares".

Las instituciones responsables del control operacional de Escudo Norte son el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Seguridad. Si bien el objetivo del proyecto, según Mohaupt, es "desarrollar una mayor radarización en todo el territorio nacional", hasta ahora los avances consisten en la instalación de unos pocos radares terrestres. Se está lejos aún de alcanzar los 20 que contempla el plan, aunque Mohaupt señala como un logro la instalación de cuatro radares 3D fabricados por la empresa Invap: en Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Chaco.

Sin embargo, estos avances resultan limitados para algunos expertos. Una fuente de la justicia federal afirmó a LA NACIÓN que "algunos de los radares que se implementaron presentan dos problemas: tienen un alcance limitado y están prendidos sólo por períodos de seis horas".

Mohaupt explicó que los radares "deben funcionar constantemente" y que si no lo hacen es por "fallas circunstanciales en su funcionamiento".

Políticas públicas

El juez federal de Jujuy Carlos Olivera Pastor señaló: "No alcanza con que salga la Presidenta anunciando un plan de radarización de las fronteras y con publicar una foto en donde reflejan que se está trabajando mucho, cuando en realidad no existen políticas públicas suficientes que demuestren que se esté luchando contra el narcotráfico".

El juez también criticó la efectividad de los nuevos radares: "Cuando se armó el plan de radarización se proyectó que abarcara toda la frontera, pero se dieron cuenta de que habían decidido instalar radares en zonas inhóspitas donde no hay electricidad, lo cual hizo inviable la instalación".

El titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), Claudio Izaguirre, dijo que se necesita una ley de derribo como la que tiene Brasil . "Aquí, si no hay orden judicial de parar un avión, no se lo puede parar". Para el director de AARA, los procedimientos para poder interceptar una aeronave en situación irregular en la Argentina son muy poco efectivos.

Alejandra Cataldi, secretaria penal del Juzgado N°1 de Jujuy, coincide con Izaguirre en la necesidad de una Ley de Derribo en el país. " El único país sudamericano que lo tiene es Brasil, donde la fuerza aérea tiene la facultad de derribar, con aviso previo, a un avión que este volando sin la debida reglamentación".

Mohaupt explicó el procedimiento de rutina luego de la detección de una aeronave no autorizada: "Toda la información es recogida en un centro de operaciones con base en Merlo. Allí, se verifica si la aeronave tiene un plan de vuelo autorizado y luego se solicita una aeronave de las fuerzas para que se aproxime y le haga un seguimiento a la aeronave en situación irregular. Luego toman intervención las fuerzas de seguridad, con previa autorización judicial".

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